El Gobierno se ha hecho el harakiri al desclasificar los papeles sobre la crisis de Ceuta.
A partir de la información revelada, se deduce incuestionablemente que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí detectó fielmente los movimientos humanos que se estaban produciendo en el país vecino los días previos a la invasión, al alertar de convocatorias masivas y coordinadas para cruzar la frontera.
La confirmación de que existían grupos organizados en redes sociales con más de 180.000 seguidores bastaba por sí sola para pronosticar un episodio de gran envergadura en la frontera sur.
Al igual que hizo con el demoledor informe policial del CENIF, el Gobierno ha salido al paso de esta desclasificación tratando de negar que los textos digan lo que dicen.
Según la versión de Moncloa, los documentos no demuestran ninguna negligencia operativa.
Su argumento es que las autoridades competentes fueron simplemente informadas de que circulaba una campaña para cruzar la valla marítima y terrestre. Pero que se habría tratado de un acontecimiento ordinario que no causó una alarma especial entre los mandos.
En eso se basa el Ejecutivo para defender que resultaba imposible prever la magnitud del asalto que finalmente ocurrió.
Pero sostener que no se podía anticipar la dimensión de la crisis es equivalente a decir que Carlos Mazón tenía razón al invocar que no podía saber la envergadura del temporal que caería en Valencia para exonerarse de su responsabilidad en la emergencia.
En el caso de la DANA, en cambio, el mismo Gobierno que ahora se muestra indulgente con su propia gestión le reprochó con razón al presidente autonómico por no extremar la prudencia ante un riesgo inminente.
El argumento de la imprevisibilidad es, además, tramposo.
La realidad documentada es que el Gobierno apenas reforzó la valla tras recibir los avisos de la inteligencia española.
En el momento en el que comenzó la invasión, había únicamente tres guardias civiles desplegados en el perímetro fronterizo. No hubo el menor conato de ofrecer resistencia ante la multitud que se aproximaba a los espigones.
El problema no fue la magnitud imprevista de la invasión.
Aunque el asalto hubiera tenido una dimensión menor, como la del que se produjo en mayo de 2021, el Gobierno tampoco hubiera sido capaz de frenarlo.
No se organizó ningún dispositivo disuasorio ni se movilizaron efectivos militares de forma preventiva. En resumen, no es que el plan de contingencia fuera insuficiente, es que fue completamente inexistente.
El segundo argumento falaz con el que el Gobierno ha tratado de seguir eludiendo su responsabilidad es el canal de comunicación utilizado.
Se escuda en que el CNI no notificó el aviso adecuadamente ni por las vías burocráticas correspondientes.
Y así puede endosarle a los servicios de Inteligencia la culpa de no haber generado el suficiente sentido de alarma, al limitarse a enviar un mensaje a través de WhatsApp.
Estableciendo de nuevo el paralelismo con la gestión de Mazón, esta postura resulta inconsistente si recordamos cómo el Ejecutivo crucificó al expresident por no haber mandado la alerta masiva ES-ALERT a tiempo a los teléfonos móviles de los ciudadanos.
¿Acaso es indispensable, en cualquier caso, enviar una alerta perfectamente formal, a través de estrictos canales habilitados, para comprender y transmitir una evidente situación de peligro?
Lo que se infiere de esta cadena de excusas es que el Gobierno se está parapetando en formalismos técnicos para quitarse de encima su evidente responsabilidad al omitir la adopción de las medidas básicas dictadas por la prudencia.
Con esta maniobra, parece que el Gobierno trata de descargar su responsabilidad culpando al CNI de la inconcreción de sus mensajes y de no haberlos elevado más allá de la Delegación del Gobierno.
La estrategia de Moncloa es matar al peón para salvar al rey (o al mensajero, si se quiere), utilizando tanto a la inteligencia española como a la administración periférica como chivos expiatorios.
Aun con todo este despliegue narrativo para el control de daños, el Ejecutivo no ha logrado impedir que, después de esta desclasificación, su imagen ante la opinión pública haya salido aún peor parada.
Cabe preguntarse entonces por qué el Gobierno ha desclasificado estos documentos si sabía desde el principio que iban a ser letales para sus propios intereses políticos.
Todo se antoja un atrezo para tapar que Marruecos ha conseguido lo que quería: exponer la debilidad y vulnerabilidad de España.
La desidia gubernamental en Ceuta va camino por tanto de convertirse en el Ventorro de los 30 días de Pedro Sánchez.
Esta inacción no puede desligarse del nuevo marco político que Sánchez ha trasladado este mismo miércoles en su entrevista en TVE.
El presidente vino a decir que Ceuta debe asumir una «realidad estructural» derivada de la desigualdad económica fronteriza, deslizando que los miles de inmigrantes que cruzaron la valla se quedarán allí indefinidamente.
El trasfondo que no hay que perder de vista es que Sánchez ya ha declarado, de facto, que pretende convertir Ceuta en una suerte de campamento de refugiados permanente.
De ahí que cada vez cobre más fuerza una única hipótesis capaz de explicar que, cuarenta días después, el Gobierno siga enrocado en que la cooperación de Marruecos ha sido ejemplar.
Moncloa defiende a Rabat a sabiendas de la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, un extremo que ha quedado de manifiesto tanto en los documentos del CNI como en el informe de la Policía de Extranjería.
La explicación a esta extrema permisividad ante una «violación de la integridad territorial» (sic) anunciada no parece otra que alguna clase de arreglo opaco con Rabat para dejar que la situación en Ceuta se siga pudriendo de forma controlada.
Y, así, poder dotarse de una justificación para, en el futuro, negociar algún tipo de fórmula de cosoberanía de Ceuta y Melilla con Marruecos bajo el pretexto de garantizar la pacificación.