Dos autos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo reflejan las dudas de sus magistrados sobre la legalidad de los acuerdos de la Junta Electoral Central que estaban incorporando al censo electoral a los extranjeros nacionalizados en los últimos meses. La norma aplicada estaba siendo una instrucción dictada por Sofía Puente, en su etapa de directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, con la que ampliaba, sin competencia ni mandato, los extranjeros que podían recibir la nacionalidad española según la Ley de Memoria Democrática. Son dudas muy fundadas, que apelan al derecho de los españoles a participar en procesos electorales caracterizados por «la veracidad, objetividad y transparencia», virtudes de la esencia misma de la democracia parlamentaria y de la voluntad popular que elige a sus representantes. Además de invocar principios constitucionales, la Sala destaca el impacto real de las nacionalizaciones exprés en los censos de algunas circunscripciones electorales. En el de Madrid se ha producido un aumento de 115.572 electores desde las elecciones de 2023. En el de Barcelona, 43.439. Un incremento «excepcional», según los magistrados, en ambos casos. A ello se une que el flujo de inscripciones en los censos es diario, lo que no hace sino agrandar «un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral».

La intuición que tenían muchos sectores jurídicos y sociales de que el Gobierno estaba urdiendo una trampa legal para inflar un censo con sesgo favorable, siempre antes de las elecciones de 2027, toma cuerpo con razonamientos jurídicos y preceptos legales engarzados por el más alto tribunal de la legalidad ordinaria. Sus consideraciones no son definitivas, porque ahora debe tramitarse el proceso principal que acabe en sentencia, que será firme desde que se dicte por el Supremo. El sanchismo siempre ha pretendido crear una seudolegislación constitucional y ordinaria para dar apariencia de legalidad a sus desmanes. El colmo ha sido la modificación de una ley por medio de una simple instrucción, cuya ilegalidad es imposible que no se cometiera a sabiendas.

No hay que perder la vista de la gravedad del diagnóstico que hace la Sala Tercera del Supremo. El problema al que se enfrentan es un conflicto jurídico que puede calificarse como existencial para el Estado democrático. No es una determinada cifra de votantes nuevos lo que más les preocupa, sino la arbitrariedad que anima esas nacionalizaciones para desvirtuar de forma burda el devenir del censo e inflarlo con propósitos antidemocráticos. Quien se acostumbró a hacer trampas en las primarias escondiendo la urna fraudulenta, se ha creído que podía hacer lo mismo con la voluntad soberana de los españoles. En Ferraz cualquier ilegalidad se ve que es posible, hasta el uso de urnas sucias. Las trampas contra el Estado son más difíciles de ocultar y su sistema inmunológico las detecta, neutraliza y, casi siempre, las destruye. El sanchismo se ha creído que este país es su huerto y podía hacer con él lo que quisiera. Cada vez que descubre que no es así, reacciona con violencia verbal creciente para anular cualquier atisbo de oposición o rendición de cuentas que delate en lo que el Gobierno se ha convertido: un peligro permanente para la democracia española.