Iñaki Ezkerra-El Correo

  • El último ejemplo es la reacción del Gobierno ante el alto que le ha echado el Supremo a la Ley de Nietos

Es un rasgo común de quienes perpetran una trampa a la legalidad o una mala gestión política: mantener una actitud discreta que viene dictada por la conciencia de la culpa y el temor a ser descubiertos. Sin embargo, desde hace un tiempo asistimos en nuestro país a un fenómeno insólito: son los que despiertan indignación precisamente los que se indignan si se les pone algún freno. El último ejemplo de esta desconcertante manera de actuar lo tenemos en la reacción del Gobierno ante el alto que el Supremo le ha echado a la conocida como Ley de Nietos, cuyos supuestos fueron ampliados por obra y gracia de Sofía Puente, hermana del ministro (aquí todo queda en casa). Prueba de la necesidad urgente que había de detener esa fraudulenta operación que tenía como objetivo la alteración del censo electoral es la respuesta virulenta, rabiosa y unánime del Ejecutivo contra los jueces. Digamos que los ministros del sanchismo (Félix Bolaños, Óscar Puente, Óscar López…) han reaccionado como panteras, al igual que el extemporáneo Conde-Pumpido, razón por la que no resulta impensable una ‘providencial’ intervención del Constitucional que levante la suspensión cautelar que pesa sobre ese bodrio jurídico.

La argucia es tan obvia y grosera que anda entre la viñeta de cómic y la comedia de enredo, entre la astracanada y los dibujos animados. Y en todo este vodevil gubernamental destaca una figura de gran carga potencial a la que habría que dar una cancha mediática y un papel estelar que no se le está dando. Hablo de Paco Salazar, el hombre que salió de Ferraz y de La Moncloa escopeteado, dejando entre las mujeres del partido un rastro abrumador de acosos sexuales, palabras obscenas y repugnantes gestos. Paco Salazar anda cumpliendo una misión de consultor electoral en Argentina, que es curiosamente el país que acumula mayor cantidad de solicitudes y trámites (el 40% de estos a escala mundial) para obtener la nacionalidad española a través de esa ley que el Supremo ha paralizado y que le permitía a un descendiente de cuarta generación recibir el soplo de que hay una localidad llamada Tres Cantos de donde supuestamente proviene su familia aunque no existiera en tiempos de su bisabuelito. ¿No merecería con todo derecho Paco Salazar, por su encomiable labor en Buenos Aires, un programa televisivo de esos de ‘Españoles en el mundo’ o, mejor aún, un tebeo monográfico de los de mi niñez sobre vidas ejemplares y de santos?

¿De dónde les viene esa indignante y santa indignación a los que antes o después tendrán que explicarlo todo; a toda esa peña pretecnológica que parece ignorar que cualquier paso en Internet o en la telefonía móvil deja huellas rastreables a poco que alguien con la debida autorización se ponga a seguir ese rastro?