Olatz Barriuso-El Correo

  • Pradales espera que la soledad de Sánchez en el Congreso fuerce un acuerdo de calado sobre transferencias antes del fin de la legislatura pero evita implicarse en las negociaciones de los partidos, convertidas ya en una batalla por el relato

Cualquiera que siguiera el Pleno de Política General este jueves se percataría de que sus señorías consumieron buena parte de su tiempo hablando del nuevo estatus para, en realidad, no decir nada nuevo. El debate lleva décadas girando en bucle sobre sí mismo y, si hacemos caso a los partidos que están cocinando en secreto el guiso, habría entrado ya «en su última etapa». En otras palabras, el acuerdo para proceder a la reforma del Estatuto de Gernika casi medio siglo después estaría casi listo para servirse a la espera de algunos retoques que redondeen el plato.

El problema, en absoluto menor, es que, sea cual sea la receta en la que hayan podido converger tres fuerzas políticas tan distintas como PNV, EH Bildu y PSE-EE, el restaurante que debe dar el visto bueno definitivo para meterla en carta está a punto de cerrar para reabrir, muy probablemente, con nueva gerencia poco proclive a innovar en el menú. El ‘restaurante’, claro está, son las Cortes Generales, que enfilan ya la recta final de la legislatura con las quinielas sobre la fecha de las elecciones abiertas desde hace tiempo. Las apuestas se inclinan por febrero o marzo pero, aunque Pedro Sánchez optara por estirar su mandato hasta su final natural y celebrarlas en julio, no habría tiempo material para dar el visto bueno a una ley orgánica que debe aprobarse antes en el Parlamento vasco y someterse después a referéndum. «Haya o no un acuerdo cerrado, llega tarde. Si esto llega a pasar hace un año sería muy importante, pero si no se hizo entonces es porque a nadie le interesó. A estas alturas, con cuatro u ocho años por delante de PP y Vox salvo milagro, este debate no tiene mucho sentido», analiza, con desapasionado realismo, un miembro relevante del PNV.

La pregunta entonces es por qué las conversaciones secretas a tres bandas han vuelto al primer plano. Hasta tal punto parecían condenadas al fracaso que el presidente del EBB llegó a ponerles fecha de caducidad y a sugerir, la última vez en marzo, que lo mejor era meterlas en el congelador hasta que la coyuntura fuera más favorable. Todo hacía indicar que Sabin Etxea iba a dar el intento por amortizado –de momento– para evitar el desgaste político de seguir mareando la perdiz. También el lehendakari Pradales había comprometido una fecha –junio– para evaluar el avance del diálogo pero esa ronda nunca se produjo.

Sin embargo, a la vuelta del verano el caldero del nuevo estatus ha alcanzado, casi por sorpresa, punto de ebullición. Primero fue Otegi el que reavivó la llama al abogar por una formulación jurídica que contemplase el ejercicio «gradual» del derecho a decidir, una manera de sugerir que Bildu estaba dispuesta a rebajar su propuesta de máximos con tal de alcanzar un acuerdo que reafirme la singularidad vasca frente a los vientos recentralizadores de PP y Vox. En resumidas cuentas, el llamamiento a «poner la patria antes que el partido» que hizo Pello Otxandiano en el Parlamento. Después, Aitor Esteban salió a la palestra, en una entrevista en EL CORREO, para «poner los puntos sobre las íes» al líder de la coalición soberanista. «No sé qué busca Arnaldo, porque la carpeta del derecho a decidir ya está cerrada y acordada».

Distintas fuentes interpretan que el movimiento del líder jeltzale buscaba frustrar el intento de Bildu de llevar la iniciativa en un asunto que le favorece electoralmente e intentar liderarlo desde el PNV. De ahí que, días más tarde, para no desairar a sus socios socialistas –que insisten en que el acuerdo estará ajustado al ordenamiento vigente «o no será»–, apuntara que se ha buscado que, ante el previsible recurso de fuerzas como Vox, el texto articulado se garantice «pasar el filtro del Constitucional». El propio Otxandiano reconoció en la tribuna que está dispuesto a aparcar su aspiración a la «máxima soberanía» pese a las escenificaciones independentistas con Esquerra, su emplazamiento a tomar ejemplo del acuerdo de Cardiff firmado entre soberanistas galeses, escoceses y norirlandeses y los efluvios de Lizarra que se desprenden de las proclamas soberanistas compartidas con el PNV en Gipuzkoa.

Umbrales mínimos

Entonces, si todos están cediendo y el consenso está trabado, ¿por qué se apela de nuevo al secretismo? ¿Por qué el lehendakari puso deberes a las fuerzas políticas al fijar los umbrales mínimos del pacto pero evitó comprometerse personalmente a impulsarlo? A esta última pregunta la respuesta está clara: para no comprometer su crédito político en una aventura de final incierto, sobre todo si la famosa ventana de oportunidad sanchista se cierra abruptamente. De hecho, Pradales prefirió en su discurso del jueves incidir «en positivo» en un posible «apretón de manos» con el presidente para cerrar la legislatura en lugar de afearle sus incumplimientos porque cree que la soledad de Sánchez en el Congreso puede propiciar un acuerdo de calado en la Comisión Bilateral, no sobre la Seguridad Social pero sí quizás sobre otras materias relevantes como los puertos, para proyectar la imagen de un presidente aún capaz de tejer alianzas.

Sin embargo, el lehendakari es consciente de que el acuerdo sobre el nuevo estatus no tiene recorrido a corto plazo. Y de ahí se desprende la respuesta a la primera pregunta. Los partidos extienden un manto de silencio sobre la negociación recelosos sobre la posibilidad de que el rival rentabilice en las urnas el acuerdo final. En definitiva, sin visos de aprobarse esta legislatura, el nuevo estatus es, hoy por hoy, un indudable señuelo electoral que las dos fuerzas nacionalistas se disputan de manera sibilina. ¿Y el PSE? La gran duda es qué ganan con un acuerdo que choca con su discurso de la «prioridad social» frente a la «prioridad nacional». «Me sorprende que digan que el derecho a decidir está acordado y resuelto y que, al mismo tiempo, PNV y Bildu estén en un discurso tan acentuadamente abertzale y el PSE tan alejado. Una cosa es que el derecho a decidir pueda redactarse de forma que no sea inconstitucional y otra que el PSE crea que puede asumir eso políticamente», apunta un veterano conocedor de la evolución histórica de las negociaciones.

De hecho, en el voto particular que en 2019 redactó Alberto López Basaguren a las formulaciones del jeltzale Mikel Legarda y la experta propuesta por Podemos Arantxa Elizondo –ambos apostaban por el ejercicio «pactado con el Estado» del derecho a decidir como vía para la «plena realización de los derechos históricos»–, el jurista designado por el PSE reconocía que la formulación podía tener encaje constitucional pero alegaba que no era políticamente integradora y podía ser fuente «sumamente peligrosa» de conflictos incontrolables en el futuro al abrir la espita de un proceso difícil de articular. ¿Han cambiado las tornas desde entonces? Los socialistas guardan silencio pero el debate promete alcanzarles en campaña y seguir enredándose sobre sí mismo.