El Pleno del órgano abordará este martes el primero de los recursos de amparo de los condenados a los que el Tribunal Supremo no aplicó la amnistía al entender que la malversación que cometieron está excluida de la propia ley. Se da por hecho que el TC volverá a enmendar la plana al Supremo y corregirá su interpretación incurriendo, probablemente, advierten fuentes jurídicas, en una nueva extralimitación, como sucedió con los ERE o con la política de nombramientos de la Fiscalía. Y no se podrá hacer nada.

En las altas esferas judiciales se asume que Europa «ha matado el tema» al comprar el relato de la amnistía como instrumento de «reconciliación nacional». El mensaje enviado entre líneas por el TJUE a España es claro: este es un problema interno en el que no se van a inmiscuir. Aunque el pronunciamiento de Luxemburgo lo fue sobre el uso de fondos comunitarios -y no sobre la interpretación de la malversación por parte del Supremo-, esa puerta ya está cerrada, por lo que no se prevé ningún movimiento por parte de una Sala Segunda resignada de la que ya solo se espera que ponga el epitafio de una actuación que empezó en 2017 y que en círculos judiciales se califica de «pura y simplemente heroica». ‘Game over’.

Pero por si había alguna duda de la predeterminación del TC antes incluso de deliberar, el propio Conde-Pumpido se encargó de disiparla en una entrevista en RNE. Fue al mencionar el recurso de Turull con el que se dará el pistoletazo de salida a la resolución de los amparos. «Una vez que nosotros hayamos establecido esa interpretación entendemos que el propio Supremo puede, si lo tiene a bien, aplicarla, o si no, pues tendremos que ser nosotros los que vayamos dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos».

Fuentes del propio TC y del Supremo consideran que esta anticipación pública del resultado es un prejuicio incompatible con la imparcialidad judicial y una falta de respeto a los otros once magistrados que conforman el tribunal. Bien es verdad que tampoco ha causado sorpresa. «Desgraciadamente ya estamos acostumbrados a esto. Cándido llegó al tribunal con un cometido y aquí está su hoja de servicios», apostillan.

Pero pese a estar la batalla perdida todavía se pueden negociar los términos de la rendición al Estado que para muchos supone borrar de un plumazo el golpe secesionista de 2017. Y ahí juega un papel importante la ponencia que José María Macías llevará al Pleno del martes. Como informó ABC el pasado fin de semana, el magistrado propone desestimar el recurso de Turull al considerar que el Supremo no vulneró ninguno de sus derechos y que la interpretación que hizo de la malversación (disponer de los fondos de la Generalitat también supone un enriquecimiento personal) no fue «ilógica ni arbitraria».

La mayoría ‘progresista’ rechazará el borrador del magistrado y se decantará por una nueva sentencia favorable a los intereses de Turull. Sin embargo, en la jurisdicción constitucional esto no implica que Macías tenga que dejar la ponencia en manos de otro magistrado: pese a su disconformidad, podría asumir la postura de la mayoría en un nuevo texto redactado de su puño y letra y a la vez formular, si así lo desea, un voto particular discrepante.

Mientras tanto, en el Palacio de la Salesas, donde hace siete años se juzgó a los líderes del ‘procés’, se asume el desenlace y la única incógnita ahora es saber si una vez notificada la sentencia de Turull, lo que previsiblemente sucederá durante el mes de octubre, Llarena levantará la orden de detención de Puigdemont o si esperará a su recurso (las vulneraciones de derechos de los fugados se abordarán al final). Y es que la posibilidad de que el expresident se plante en España una vez resuelto el amparo de Turull -vistiendo de valentía un retorno que en realidad ya no tiene ningún coste penal para él- es algo que, según fuentes jurídicas, el Supremo no se puede permitir. Allí sienten que han hecho todo lo posible por la defensa del Estado de derecho y que no son ellos quienes tendrán que explicar su actuación en el futuro.