La Junta de Castilla-La Mancha, que votó en contra en el Consejo de Política Fiscal, ha respondido este lunes con otra obligación, «primigenia» según su portavoz, Esther Padilla. La de garantizar la igualdad entre ciudadanos.

Ambos hablan de dinero. El Gobierno sostiene que la región recibirá más; la Junta, que su posición relativa no mejora y podría empeorar.

Las dos afirmaciones pueden ser ciertas a la vez.

Pero, entre la obligación y la igualdad, los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha emergen como la encarnación de una pregunta a la que la disciplina de voto no puede responder: ¿cuál es el verdadero, ineludible significado de su representación como diputados nacionales?

Las Cortes «representan al pueblo español» y sus miembros «no estarán ligados por mandato imperativo» (artículos 66.1 y 67.2 de la Constitución). Ni el de Ferraz ni el de la Junta.

Un diputado por Cuenca no representa jurídicamente a Cuenca ni a Castilla-La Mancha, función que sobre el papel corresponde al Senado, ni al partido que lo incluyó en una lista cerrada. Representa a todos los españoles.

El reglamento del Grupo socialista prevé multas por romper la disciplina de voto, pero reconoce también la libertad de voto por razones de conciencia.

Es muy pertinente recordar, una década después, cómo Pedro Sánchez pidió pública y expresamente a la Comisión Gestora del PSOE que no expulsara a los diputados díscolos el 29 de octubre de 2016 apenas unas horas antes de que se celebrara la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy.

Sánchez anunció la renuncia a su escaño como diputado para evitar abstenerse (lo cual chocaba con sus convicciones del «no es no») y para no romper la disciplina de voto dictaminada por el Comité Federal del partido. Argumentó que elegir el camino de la expulsión para los quince diputados que planeaban votar en contra de Rajoy sería un grave error, porque «en el PSOE no sobra nadie«.

Qué tiempos. Qué Sánchez.

Si de Emiliano García-Page y los diputados socialistas castellanomanchegos hablamos, conviene recordar asimismo que ya hubo un ensayo. Page se opuso a la amnistía, que su Gobierno regional llegó a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, los ocho diputados nacionales votaron a favor, con la disciplina del grupo.

Ahora, fuentes no identificadas del entorno de los diputados y del partido regional han asegurado a este diario que esta vez no se limitarán a discrepar. Ninguno lo ha dicho en público, y un precedente no es un destino, pero la diferencia que se invoca es tangible: una ley de principios frente a un reparto de recursos que sostiene sanidad y educación.

Falta saber si esa diferencia cambia la respuesta o sólo encarece la pregunta.

Porque los votos de los ocho no son ni de lejos votos intercambiables. Son ocho trayectorias políticas construidas fundamentalmente en Castilla-La Mancha, con diferentes grados de responsabilidad orgánica, implantación territorial y proximidad al poder autonómico.

Luis Carlos Sahuquillo, dirige el PSOE de Cuenca y es diputado nacional desde 2008. En 2016, como presidente del comité de disciplina del Grupo Socialista, abrió expediente a los quince diputados que votaron «no» a Rajoy.

Alberto Rojo conoce desde dentro el Gobierno autonómico, fue delegado provincial de la Junta y alcalde de Guadalajara.

Emilio Sáez ha sido alcalde de Albacete y mantiene una profunda implantación municipal.

Gonzalo Redondo procede del socialismo de Alcázar de San Juan.

Cristina López Zamora combina experiencia parlamentaria y estructura provincial.

Isabel Iniesta y Jesús Mayoral representan una generación más joven, pero también proceden directamente del municipalismo: alcaldesa de Alpera la primera, antiguo alcalde de Casarrubios del Monte el segundo.

Y luego está Sergio Gutiérrez, que reúne el escaño por Toledo, la Secretaría de Organización del PSOE regional y la confianza política de Page. Su posición pública no deja mucho margen a la ambigüedad. Si el modelo de financiación propuesto no cambia, ha dicho, no debería salir adelante.

Declaro de entrada mi cercanía y afecto. Trabajamos juntos, mucho y bien, en el Parlamento Europeo, y lo tengo por un hombre honesto e íntegro. Pero esa estima no me exime de formular la pregunta, sino que me obliga a formularla con más rigor.

¿Qué pesa más para un diputado socialista cuando su presidente autonómico y su secretario de organización le dicen que votar con Sánchez perjudica a su tierra, mientras el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE le dice que si vota contra Sánchez incumple una obligación de partido?

La dirección federal les dice: disciplina de partido.

Su organización regional les dice: defensa de Castilla-La Mancha.

Y su propia circunscripción les plantea una pregunta distinta: qué modelo de financiación consideran adecuado para la comunidad a la que representan.

La disciplina de voto resuelve quién manda en un partido, pero no ante quién responde un diputado.

¿Ante quienes lo eligieron en 2023 con unas siglas y un líder, o ante quienes hoy responden a un sondeo?

¿Ante la organización que lo puso en la lista, o ante el territorio cuyos servicios financiará este reparto?

El problema de estos ocho diputados no es elegir entre Page y Sánchez, que es la versión de la historia que conviene a los dos.

El problema es decidir qué significa representar a los españoles cuando las lealtades que suelen caber en un mismo voto dejan de caber en él.