Las reacciones suscitadas en torno al desahucio de Maricarmen han puesto de manifiesto dos actitudes opuestas.
Por un lado, la de aquellos actores que, aunque con retraso, han articulado iniciativas concretas para resolver un problema humano complejo.
Por otro, la de quienes han optado por instrumentalizar políticamente el drama de una anciana.
Tras el notable impacto social generado por la ejecución del lanzamiento judicial este miércoles, la empresa propietaria se ofreció a las pocas horas a facilitar el regreso de la inquilina a su vivienda.
Pero, este viernes, el Ayuntamiento de Madrid rechazó la propuesta de Urbagestión, alegando que la afectada no cumple con los requisitos legales fijados en el programa municipal Reviva al que la propietaria había propuesto incorporar el inmueble.
En su lugar, el Consistorio ha puesto sobre la mesa otra alternativa: canalizar el caso a través de su Servicio de Intermediación del Alquiler y convocar una reunión formal de negociación para el próximo lunes.
Esta fórmula opera en la práctica como una agencia negociadora del alquiler pública, ejerciendo el Ayuntamiento el papel de árbitro para que ambas partes alcancen un punto de equilibrio garantista.
Para el propietario, el sistema aporta certeza en el cobro y coberturas frente a eventuales impagos.
Para la inquilina, la mediación asegura que la nueva renta se adecúe a sus ingresos reales, estableciendo un límite de esfuerzo económico que no superará el 40% de su pensión.
No cabe sino elogiar la disposición tanto de la empresa como del Ayuntamiento, al mostrar sensibilidad y asumir costes para buscar un encaje satisfactorio a un conflicto socialmente doloroso.
Lo cual no es óbice para reprocharle a ambas partes que este esfuerzo de intermediación no se haya desplegado antes.
Resultaba plenamente previsible la marejada mediática que desencadenaría el desalojo forzoso de una mujer octogenaria. Sentarse a negociar un contrato ajustado a la capacidad de la arrendataria es el trabajo de diálogo que debió haberse realizado anteayer.
En todo caso, más vale tarde que nunca. Algo que no comparten aquellos para quienes ni siquiera este ejercicio empático resulte suficiente.
Ministras como Sira Rego o Mónica García se han obcecado en castigar al arrendador bajo la etiqueta de «fondo buitre» (pese a tratarse de una pyme madrileña de siete empleados), llegando a plantear abiertamente la expropiación del inmueble.
El manoseo demagógico del drama de Maricarmen demuestra que la prioridad del Gobierno y sus socios no es la suerte de esta inquilina.
Se han apresurado a resucitar el decreto ley de alquileres para congelar contratos, imponer prórrogas de arrendamientos y restringir los alquileres de temporada, insistiendo en la receta intervencionista que ya fracasó en su tramitación previa.
Cada una de las facciones parlamentarias busca arrogarse el papel de salvadores de Maricarmen para sus respectivos cálculos partidistas.
Junts intenta apuntarse ante su electorado la paralización de los desahucios.
La izquierda radical, una bandera con la que rentabilizar la protesta en la calle ante un horizonte preelectoral, forzando al PSOE a asumir postulados aún más estatalistas.
Y el PSOE, recomponer su mayoría Frankenstein con Maricarmen como pegamento.
A nadie se le escapa que su maniobra intenta además forzar al Partido Popular a votar en contra de la norma para acusarle de insensibilidad social, al tiempo que intenta neutralizar el desgaste político provocado por el hecho de que incluso la propia afectada señalara a Pedro Sánchez como responsable de su desalojo.
Allá Junts y PNV si se inclinan por ceder en sus principios económicos para dar un triunfo al Ejecutivo. Pero la eficacia de las políticas de intervención de precios y rigidez legal ha quedado sobradamente contrastada por los hechos en los lugares donde se han aplicado.
Sin ir más lejos, en Cataluña, la comunidad calificada de «zona tensionada» por antonomasia, y donde el número de desahucios supera ampliamente al de Madrid.
Allí tuvo lugar recientemente el desahucio de una mujer en L’Hospitalet que se suicidó tras no recibir el auxilio de las administraciones, sin que apenas mereciera la atención de quienes hoy abanderan la causa del alquiler en la capital.
Este periódico viene insistiendo en que los supuestos de vulnerabilidad extrema exigen un mayor esfuerzo de mediación por parte de las administraciones públicas, y una mayor flexibilidad por parte de los propietarios.
Pero sería un completo disparate transformar una excepción en norma general endureciendo aún más las condiciones a los arrendadores.
Los datos del mercado de la vivienda durante la gestión de Sánchez son taxativos en este sentido. Desde 2018, la compra de vivienda se ha encarecido un 74% y el alquiler, un 40%, mientras que los salarios reales se han estancado debido a la inflación.
La solución arbitrada por el Ayuntamiento de Madrid fija el camino correcto: mediación e intermediación pública para proteger a los casos realmente vulnerables, y aplicación estricta de la ley con pleno respeto a la seguridad jurídica para el resto de los inquilinos.
El crónico problema residencial en España no se resolverá con más intervencionismo ni con consignas populistas, sino con más viviendas disponibles.
Y aumentar la oferta requiere una acción en el sentido justamente contrario al que orienta el decreto del Gobierno: liberar suelo, estimular a los propietarios para que saquen sus pisos al mercado y dar certidumbre a quienes alquilen sus viviendas.