Agustín Valladolid-Vozpópuli

  • El caso de Maricarmen lo explotan los mismos que han agudizado el problema de la vivienda mientras otros lo utilizan para desviar la atención del drama ceutí

Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada el miércoles 23 de septiembre de una vivienda de renta antigua, situada cerca del Parque del Retiro, que alquiló su padre en 1956. Un drama. Amira y Manuel son un matrimonio con dos hijos que hace años compró un piso en el barrio del Príncipe Alfonso, en Ceuta. En los últimos tres meses el valor de la vivienda en la ciudad autónoma se ha derrumbado. Una caída del 25%. Son muchas las familias españolas cuyo único patrimonio es su casa, pagada con sudor y lágrimas, o todavía sin pagar. Decenas, centenares, miles de dramas que en Ceuta están rozando la tragedia.

Maricarmen es ya un problema nacional. Vale. Y Manuel y Amira, y Fátima y Antonio, y Aron y Francisco, parejas con el empleo en el aire que de seguir la situación así igual en un futuro no muy lejano no tienen para pagar la hipoteca o el alquiler, ¿qué son?, ¿un daño colateral? Nadie con un mínimo de compasión puede mirar para otro lado cuando se saca por la fuerza de la casa que habitaba a una anciana de casi 90 años. Pero quienes menos deben hacerlo son los gobiernos, que en lugar de confeccionar un mecanismo fiable de respuesta digna a este tipo de situaciones a lo que se han dedicado es a culpabilizar sistemáticamente a los propietarios.

En lugar de construir una red de seguridad eficaz para los más desfavorecidos, los mismos inútiles que han diseñado una caótica y, por lo hasta ahora experimentado, nefasta política de vivienda, a lo que se han entregado con entusiasmo es a convertir a Maricarmen en bandera con la que tapar sus contradicciones, su pobreza programática y la ausencia de un liderazgo ilusionante. A eso, unos: los que ahora suspiran por repetir un 15-M. ¿Y los otros?; ¿qué pretende Pedro Sánchez lamentándose en Naciones Unidas de su propio fracaso? Parece evidente: convertir el desahucio de una anciana de clase media en un señuelo para que dejemos de mirar hacia otros lados. Para que empecemos a olvidarnos, por ejemplo, de Ceuta.

Que pague Marruecos

Elevando el caso de Maricarmen al forzado rango de mojón infranqueable, lo que están buscando es que, en el peor de los casos y si nos empeñamos en seguir mirando, acabemos normalizando la aberración de una ciudad en la que se ha instalado, a lo que parece por tiempo indefinido, una multitud necesitada de techo, comida, medios de higiene y sanidad que equivale a la cuarta parte de su población normal. El impacto económico está siendo brutal: la facturación del comercio ha caído un 53% y el turismo se ha desplomado un 90%. La Cámara de Comercio de Ceuta calculaba que en el primer mes las pérdidas acumuladas superaban los 33 millones de euros. El contador sigue corriendo, y lo peor es que no se ve el final.

Obviamente, ni al ministro de Economía ni al de Exteriores se les ha ocurrido siquiera plantear que la factura la debería asumir, con intereses, el Reino de Marruecos. Ni se les ocurrirá, a pesar de los abundantes indicios de que sus autoridades, además de consentir, tutelaron la invasión. Si yo me colara en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados le preguntaría a Margarita Robles por las informaciones cada vez menos restringidas que apuntan a un grupo dentro del Majzén que actuó como centro de mando desde el que se coordinó la operación del 30 y 31 de julio.

¿Que qué es el Majzén? Una red de poder que responde exclusivamente ante Palacio y a la que pertenecen personas de la máxima confianza del monarca y altos funcionarios y mandos del Ejército y las Fuerzas de Seguridad. Acudamos a la aclaración que sobre esta malla de poder paralelo ofrece el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente del Ministerio que dirige Félix Bolaños: “Aunque Marruecos cuenta teóricamente con instituciones democráticas formales, un Parlamento y un gobierno electo, el Majzén concentra las decisiones estratégicas reales del país”.

De hecho, aunque existe un pacto no escrito según el cual el poder real se reparte entre el Gobierno y la Corona, Mohamed VI, como su padre, se ocupa de seleccionar personalmente a los titulares de los ministerios más sensibles, Interior, Defensa y Exteriores. El rey también se reserva otras decisiones de gran trascendencia, como la disolución del Parlamento o la suspensión de las garantías constitucionales.

Sin miedo a Tardón

Pues bien, informes oficiosos señalan que un sector del Majhzen “disponía de capacidad real de hacer llegar órdenes hasta el nivel operativo de gendarmes y fuerzas auxiliares de frontera, y ejerció esa capacidad para regular el flujo de la entrada masiva registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026”. Más aún (y más grave): según tales informes, desde la segunda quincena de junio de 2026 circulaban por las redes “contenidos sobre rutas de aproximación, experiencias de cruce y referencias a la ciudad autónoma como destino alcanzable. El volumen y la persistencia de estos contenidos indican que el fenómeno no surgió de forma improvisada en las jornadas previas a la entrada masiva”.

Esta información, que contradice la tesis de la espontaneidad de la invasión, habría sido confirmada por el Regimiento de Guerra Electrónica 32 (REW32) del Ejército de Tierra, así como por agentes sobre el terreno, los HUMINT, sigla utilizada por los servicios de inteligencia para referirse a fuentes humanas. ¿Aclarará estos extremos la ministra de Defensa en la comisión de secretos? ¿Qué razones de peso, de mucho peso, puede haber para seguir ocultando la verdad?

No parece que sea el temor a futuras responsabilidades judiciales el factor que explicaría la contumacia gubernamental en defender la actuación de Marruecos y mantener información relevante en la más absoluta opacidad. El Ejecutivo ya tiene una primera valoración jurídica, confirmada por algún dictamen independiente, que le exime de cualquier responsabilidad penal ante un acto de guerra híbrida, por carecer esta -al no existir pruebas irrefutables sobre la autoría ni acusación formal por parte del país agredido- de consideración legal específica en el campo del derecho internacional.

En Moncloa están convencidos de que la investigación de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, acabará en nada. ¿Entonces? ¿Cuál es la razón última de una decisión que augura un negro futuro a los ceutís? ¿Por qué cada día es más nítida la sensación de que Mohamed manda y Sánchez obedece? A estas alturas, por desgracia, no creo que haga falta echar exclusivamente mano de la imaginación para responder a estas y otras preguntas.

La cita del sábado: La mala hora de ZP

“El teniente se está hundiendo en el pueblo. Y cada día se hunde más, porque ha descubierto un placer del cual no se regresa: poco a poco, sin hacer mucho ruido, se está volviendo rico”.

(Gabriel García Márquez. La mala hora)