La trayectoria reciente del IGC es reveladora. El año 2024 se cerró con solo dos meses en positivo —julio y diciembre— y una caída máxima del -0,45 % en septiembre. El deterioro se acentuó a lo largo de 2025: -0,72 % en marzo, -0,73 % en abril, el nivel más bajo en casi cuatro años. La tendencia siguió a la baja hasta tocar fondo en enero de 2026, con un -1,47 % que no se veía desde 2021, tras trece meses en negativo. Solo desde entonces se aprecia una moderación paulatina, hasta el -0,33 % de julio.

El IGC no es un termómetro de la inflación española, sino el margen que le queda al país para subir precios y salarios sin ensanchar la brecha de competitividad desde 1999: se obtiene tomando la inflación armonizada de la eurozona como referencia y descontándole una parte del retraso acumulado. Cuando el índice es negativo, las revisiones vinculadas a él se consideran del 0%. Pero eso no resuelve el problema de fondo: mes tras mes, la inflación armonizada española sigue por encima de la eurozona —3,9 % frente a 2,9% en julio de 2026—, un diferencial que se repite desde finales de 2025. Ese deterioro coincide, en su tendencia, con un superávit comercial de bienes cada vez más estrecho frente a la Unión Europea: de 30.285 millones en 2024 a 19.762 en 2025, y solo 12.764 en el primer semestre de 2026, menos de la mitad que hace año y medio.

Frente al resto del mundo, sin embargo, el indicador de precios relativos que le corresponde es el Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (ITCE) que elabora el Banco de España, y que compara precios y costes laborales españoles con los de nuestros principales socios comerciales.

Ahí la concordancia vuelve a aparecer: el ITCE pasó de 105,7 puntos en 2023 a 105,9 en 2024 y a 106,86 en 2025 —su peor registro desde 2021—, mientras el déficit comercial de bienes se disparaba un 41,7 % en 2025, hasta 57.055 millones de euros. La tendencia no remite: el primer semestre de 2026 cerró con un déficit de 32.781 millones, un 30,5 % más que en el mismo periodo de 2025.

No es que la moderación no sirva, es que no se está dando en la práctica. IGC e ITCE apuntan en la misma dirección que el deterioro del comercio exterior, y ese diferencial sostenido erosiona nuestra cuota de mercado exterior. Las causas de fondo son las de siempre: una productividad laboral baja, una inversión en I+D que apenas alcanza el 1,4 % del PIB frente al objetivo europeo del 3 %, un mercado de trabajo rígido y una dependencia exterior, energética y manufacturera, que ningún ajuste de precios puede compensar por sí solo.

El IGC seguirá cumpliendo su función de disciplina nominal frente a la eurozona, y el IMD proseguirá certificando que España permanece —mientras no cambie su modelo productivo— a medio camino entre las grandes economías del mundo y el liderazgo tecnológico que se le resiste. La competitividad no se decreta por ley: se construye con empresas más eficientes, trabajadores mejor formados y capacidad real de crear valor añadido. Ese es el verdadero objeto del deseo: una España que progrese produciendo mejor, no simplemente abaratándose.