La necesidad de seguridad ante la creciente amenaza rusa y las imposiciones arancelarias de Estados Unidos ya ha puesto a prueba la fragilidad de los Veintisiete, cuya cohesión cooperativa se ve de nuevo cuestionada. La unidad de acción ha cedido ante los intereses de cada país por garantizarse el suministro y favorecer el ahorro de energía sin que eso desacelere la economía. A falta de conocer en la práctica la eficacia de las medidas, la escasez compromete los objetivos europeos de garantizar un abastecimiento seguro, sostenible con el medio ambiente y asequible para el bolsillo. La inestabilidad de las redes internacionales de logística, el mantenimiento de fuentes fósiles de combustión y la volatilidad de los precios agravan las consecuencias de la crisis. La UE se desenchufa.

Aunque la Comisión Europea llama a la austeridad, en un mensaje que incluye gas y electricidad, la práctica sitúa a la Unión en una encrucijada: entre aliviar el bolsillo ciudadano a través de subvenciones, ayudas e impuestos, con el riesgo de disparar el déficit y meter presión a la deuda pública; y racionar directamente el combustible, con el peligro de que suponga un frenazo económico. El panorama resultante es muy diverso: Alemania aprueba su propio escudo, los países del norte apuestan por la restricción -con el Reino Unido a la cabeza de las medidas más extremas al plantearse reducir la velocidad a 80 km/h- y el sur busca fórmulas de alivio inmediato, mientras España ultima nuevas medidas para contener los precios. Este es el impacto de la crisis de Oriente Medio en Europa, que de alguna manera prepara a la población para tiempos de escasez sin que el invierno haya llegado aún.