Con los dos reales decretos-ley de vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros, el Gobierno ha ignorado un principio elemental de la ciencia política que el propio Ejecutivo sí ha invocado en otras ocasiones: la recomendación de no legislar «en caliente».
La prueba de hasta qué punto se ha actuado bajo el impulso de la coyuntura es que la iniciativa se ha bautizado informalmente con el nombre propio de Maricarmen. Un caso de desahucio que, aun no siendo realmente representativo del problema de la vivienda en España, ha motivado de forma irracional la recuperación exprés de una regulación en la que ni siquiera el PSOE creía hace apenas unos meses.
Entre las medidas a las que los socialistas se habían resistido figura la prórroga obligatoria de contratos que se ha terminado aislando en el decreto menor, redactado para contentar a Sumar y cuya futura convalidación parlamentaria es muy dudosa.
En el decreto mayor, por el contrario, el Gobierno ha intentado dar cabida a las exigencias fiscales de Junts y el PNV.
Tras el «cacao» de la negociación in extremis admitido en rueda de prensa por la propia ministra de Vivienda (incapaz de precisar la redacción final del texto), Pedro Sánchez acudirá al Congreso sin tener garantizado el respaldo a ninguno de los dos textos.
Pero con este cuarteamiento el presidente ha logrado salvar la papeleta con un malabarismo marca de la casa: realizar concesiones cruzadas a socios con reivindicaciones antitéticas para intentar engañar a todos al mismo tiempo.
El ejemplo más sangrante de este equilibrismo es que, mientras se castiga a los propietarios con las nuevas restricciones draconianas a los propietarios exigidas por Sumar, se les intenta recompensar por otro lado con las bonificaciones fiscales reclamadas por Junts para aquellos pequeños tenedores que apliquen rebajas voluntarias del precio del alquiler en zonas tensionadas.
Con esta estrategia salomónica, el Ejecutivo podrá salvar momentáneamente el trámite político, pero no el problema de la vivienda. Las medidas aprobadas sólo conseguirán reducir la oferta disponible sin lograr una bajada efectiva de las rentas.
Los decretos articulan un paquete de intervención que incluye la extensión de la moratoria de desahucios hasta 2028 para hogares vulnerables, la prórroga forzosa de dos años en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que venzan en los próximos ejercicios, el cerco regulatorio al alquiler de temporada y por habitaciones, y la aplicación del IVA a las viviendas de uso turístico.
Resulta especialmente ilustrativo que la limitación de las actualizaciones anuales de la renta al 2% se haya aprobado el mismo día en que se ha conocido que la inflación general se sitúa en el 4,9%.
Cabe preguntarse qué propietario estará dispuesto a poner su piso en alquiler si se le impide repercutir en la renta el incremento del coste de la vida. O quién asumirá el riesgo de arrendar cuando el marco normativo reconoce al inquilino la potestad de encadenar prórrogas e indemnizaciones hasta permanecer incluso 10 años en el inmueble, aun en contra de la voluntad del arrendador.
A esta lesión de la seguridad jurídica de la propiedad privada se suma el efecto disuasorio de perseguir a los denominados «fondos buitre», a los que el Gobierno pretende identificar mediante una categoría legal equívoca basada en la adquisición de activos o préstamos con descuento sobre el valor de mercado.
Esta rúbrica imprecisa criminaliza a los vehículos de inversión que aportan capital y constituyen la parte más activa del mercado de la vivienda.
La inconcreción del término permite extenderlo además a casi cualquier tenedor, como demostró la propia ministra de Vivienda al calificar a Urbagestión como una «pyme buitre, muy carroñera», incurriendo en un señalamiento inaceptable desde la mesa del Consejo de Ministros.
Supone una notable impostura dinamitar la rentabilidad del arrendamiento para luego lamentar la «especulación» cuando los propietarios buscan refugio en opciones más lucrativas y seguras.
He ahí la ironía del discurso demagógico del Gobierno y sus socios: al hiperregular la protección de los vulnerables (legitimando de facto la «inquiokupación»), la consecuencia directa es que ningún arrendador querrá alquilar su vivienda a esos colectivos vulnerables, por lo que se termina desprotegiendo a quienes se pretende defender.
Todo esto se explica porque el origen de estos decretos no obedece a una planificación rigurosa, sino a una claudicación del PSOE ante la presión de la calle y de sus socios de coalición.
La legislación en materia de vivienda reincidirá así en una orientación intervencionista y punitivista que se ha demostrado inútil en el mejor de los casos, y contraproducente en el peor, allí donde se ha ensayado.
La política de vivienda es una de las áreas menos idóneas para legislar a salto de mata.
Por definición, requiere un diseño planificado a años vista y sustentado en amplios consensos. Un enfoque incompatible con la improvisación de un decreto en cuarenta y ocho horas con la sola motivación de la lucha partidista, y al margen de las comunidades autónomas y ayuntamientos que ostentan la inmensa mayoría de las competencias territoriales.
España necesita abordar con urgencia un verdadero Pacto de Estado por la Vivienda. Un acuerdo que recoja las únicas medidas cuya eficacia para abaratar los precios está contrastada: liberar suelo, agilizar licencias, incentivar la construcción de vivienda protegida y ofrecer plenas garantías jurídicas a los arrendadores para que saquen sus inmuebles al mercado.