La democracia es un noble desafío para todos los ciudadanos, pero muchos dimiten de su condición por mil razones distintas. Algunos no quieren que haya democracia: libertad de pensamiento y de expresión, elecciones libres y limpias para elegir a los representantes políticos. Es capital la adaptación del sistema electoral a la realidad que cubre, no es aceptable que los integrantes de algunos distritos electorales tengan mucho mayor peso específico que otros; por ejemplo, el voto barcelonés vale menos que el leridano, que el gerundense o que el tarraconense. Redondeando: un escaño barcelonés requiere 48.500 votos; uno leridano, 21.000; uno gerundense, 30.000; uno tarraconense, 31.300 votos. Los números hablan por sí solos. No todos somos iguales, y esto les va bien a quienes nos mandan y no quieren variación.
Cuando se trata de votar y de recontar hay que esmerarse en la transparencia y en la lealtad. Hay que prevenir los fraudes e impedirlos. Hay aficionados empedernidos a las trampas y a las manipulaciones que llevan no sólo a cambiar las reglas del juego, sino incluso a hacer votar a los muertos o a intentarlo desde la Argentina, como acaba de averiguarse. ¿Por qué huele tanto a podrido?
Juan José Linz, célebre sociólogo español que pasó media vida en Estados Unidos, escribió hace cuarenta años La quiebra de las democracias, libro donde planteaba la necesidad de poner límites a las fuerzas desleales con el sistema político. Éstas se presentan como la solución, afirman tener capacidad para resolver cualquier problema -sea o no estructural- y boicotearán cualquier medida cuyo mérito no puedan atribuirse. Acusarán a las autoridades de antidemocráticas y de traicionar sus propios principios. Y reitera Linz: «siempre denunciarán, algunas veces con razón, ser víctimas de discriminación, de persecución e incluso de actos ilegales por parte de las autoridades».
El día de Reyes de 2021, el derrotado Trump promovió una sublevación popular que llevó a ocupar el Capitolio de Washington. Aquel asalto se justificó como protesta por un ‘amaño electoral’. Hay políticos que se atrincheran y no aceptan perder, porque es imposible y porque no pueden consentir que los malos lleguen a mandar. ¿No nos suena próximo? Son los frutos podridos de la extrema polarización.
Con este entorno insoportable y hostil no puede sostenerse bien la democracia. Hace dos años, Trump volvió a ganar y decretó una amnistía a centenares de implicados en aquellos gravísimos disturbios en los que hubo muertos. Meses antes de su segunda victoria, el propio Trump había sido condenado por delitos mayores y tenía pendiente tres causas judiciales, dos de ellas por su intento de alterar los resultados electorales. Estados Unidos no había llevado nunca antes a juicio a un expresidente. Sí, en cambio, otras democracias como Japón, Corea del Sur, Israel, Francia, Brasil e Italia. Más allá de la posibilidad teórica, es justo y necesario enjuiciar a un mandatario por sus delitos.
Hay muchas cosas de todo orden que mejorar, pero se precisa visión y voluntad de hacerlo. Levitsky y Ziblatt, profesores de Ciencias Políticas en Harvard, han recalcado que Estados Unidos no tiene un sistema nacional de carnets de identidad, y que en 2012 hubo más de un 10 por ciento de ciudadanos en edad de votar que no disponían del exigido carnet con fotografía emitido por el Gobierno, algo que naturalmente afectaba en mucha mayor medida a los más humildes y pobres. Aquel año, por cierto, la participación electoral negra superó a la blanca por primera vez. En su día, los anglosajones blancos y protestantes impusieron su marca WASP como la propia de la identidad de Estados Unidos. De este modo, muchos de ellos se encharcan hoy cultivando el resentimiento y se sienten agraviados por los derechos ciudadanos de los estadounidenses que no consideran ‘auténticos’. La insistencia en el supremacismo junto a la incapacidad de asumir identidades solapadas genera nuevos conflictos y nos aleja de la atención de ‘los verdaderos’ problemas sociales.
La Constitución de los Estados Unidos entró en vigor en 1789, cuatro meses antes del asalto a la Bastilla. Cuando en 1790 se escogieron nuevos representantes del Congreso, estaba en vigor una cláusula por la que cinco esclavos equivalían a tres personas libres; esclavos con el voto controlado por sus amos. Esta cláusula supuso el incremento de un 25 por ciento de representantes para los estados sudistas. En aquel entonces, al tener Virginia 300.000 esclavos, le fueron adjudicados cinco representantes más que a Massachusetts, un estado que había abolido la esclavitud.
Democratizar es el arte de modificar y corregir medidas para alcanzar el mayor grado posible de libertad e igualdad de todos los ciudadanos, una tarea que exige fraternidad y firmeza.