Los decretos aprobados por el Consejo de Ministros se diferencian en que uno, llamémoslo Carmen, es imposible de aprobar en el Congreso. Establece la prórroga automática de los contratos de arrendamiento y no gusta a Junts, que está a favor del pequeño propietario y del sadomaso legislativo. El otro decreto, el decreto Mari, incluye entre otras medidas la ampliación de la protección frente a desahucios, la persecución de la compra especulativa, la carga fiscal a los pisos turísticos o los incentivos para que los propietarios opten por el alquiler asequible. Son medidas plausibles que al parecer se han vuelto necesarias en las últimas horas. Igual hasta se aprueban, aunque Podemos no admite la partición. Tampoco los jóvenes de Sol, que están contra el dualismo y califican de «vergüenza» todo lo que no sea un único decreto Maricarmen.

Mientras tanto en Sumar -negociadores de leyenda- presumen del decreto inaprobable y advierten: la ira del pueblo caerá contra quien vote en contra. Dijeron lo mismo en marzo, cuando el PSOE les segregó las medidas de vivienda en otro decreto destinado al fracaso que efectivamente fracasó. Y no pasó nada. Cierto que entonces el poder popular no se había constituido en camping en el centro de Madrid. La acampada en Sol parece que continúa y el viernes el Congreso votará los decretos Maricarmen o Maricármenes en una sesión convocada de urgencia para que no decaiga la tensión. Asistir a este espectáculo da ganas de lanzarse por la ventana. Otro privilegio de la propiedad. Ester Muñoz acusó ayer al Gobierno de haber destruido el mercado de la vivienda. Bien dicho. Tras los siete años de Rajoy el problema de la vivienda consistía en elegir entre una oferta descomunal de pisos, a cada cual más bonito y barato. Se emancipaban a los dieciocho los jóvenes españoles, cada uno en su apartamentito, tras la mayoría absoluta de Rajoy.

La representación política es un cometido delicado que exige la máxima atención. Hubo un tiempo en que nos llegaban noticias ejemplarizantes de los países avanzados, generalmente nórdicos. El cargo público que dimitía apesadumbrado en las lejanas Copenhague o Reikiavik tras equivocarse en la gasolinera y pagar unos chicles con la tarjeta oficial. «Ese es el objetivo», nos decíamos. «Hay que estar muy atento en las gasolineras». Otro lugar donde el cargo público debe estar alerta es en los burdeles. En la puerta, concretamente, para darse la vuelta y salir de allí a toda velocidad. Ahora nos enteramos por unas grabaciones de que, en 2011, cargos del Ayuntamiento de Laredo que estaban de viaje en China por la cosa de las inversiones acabaron en un prostíbulo de Shanghái por la cosa de la cultura empresarial de aquel país, que no parece tan distinta de la nuestra en los años del ladrillo. «Me encantó la fiesta», festeja en la grabación un concejal, el único todavía en activo de una delegación de la que formó parte el exalcalde Vega. Este concejal cambió el PP por un nuevo partido llamado Ola Cantabria y es en la actualidad teniente de alcalde de Laredo. La oposición pide su dimisión. Y el teniente de alcalde asegura que lo que se escucha en la cinta son solo bravuconadas. Al mismo tiempo, asegura que los gastos personales que realizó durante el viaje los pagó de su bolsillo. Es como si nuestra política hubiese encontrado el modo de aventajar moralmente el ejemplo nórdico y consistiese en no equivocarte de tarjeta en el puticlub.