Sánchez ha ido consumiendo su menguante margen de maniobra hasta llegar al portazo de ayer. Estaba cercado por los escándalos -con un exministro encarcelado y un exsecretario de Organización en libertad provisional por corrupción, su hermano condenado a penas de inhabilitación y su mujer a la espera de fecha para juicio-. Agotado por la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante iniciativas esenciales de su declarada agenda social. Superado por la crisis de Ceuta en los frentes diplomático, migratorio y de la seguridad. Y sin el Presupuesto prometido, una vez más, con el que renovar su agrietado bloque de investidura tras la fuga de Junts, mientras Silvia Orriols observa desde la ventana de Alianza Catalana la batalla en ‘Madrit’.

Parecían motivos más que justificados para anticipar unas elecciones que hasta hace escasos días se empeñaba en convocar «cuando tocan», el año que viene. Pero no ha sido hasta comprobar el alcance del estallido social desencadenado por la crisis habitacional cuando cobra fuerza la convocatoria en el entorno de Sánchez, que abre un período de reflexión de inminente desenlace. Ahora sí que la legislatura se ha desmoronado. Quizá no tanto por «el cacao» con el que la ministra de Vivienda describía la precipitada presentación de unos decretos sin capacidad de sumar respaldos transversales, sino por la posibilidad de rentabilizar electoralmente el «clamor que recorre» las acampadas como la de Sol y la concentración de protesta junto al Congreso.

La votación en la Cámara se convirtió ayer en el pistoletazo de salida de una carrera electoral que podría desembocar el domingo 29 de noviembre, con discursos desde el atril marcados por el cálculo electoral y los acentos partidistas. Sánchez forzó la votación a sabiendas de su derrota: a mano alzada, pensando en PP, Vox y Junts, para que «se retraten ante generaciones enteras». Su intervención por sorpresa desde la tribuna marcó el terreno de juego: «La historia les juzgará antes de lo que creen». Que todos los grupos apelaran a «la gente» revela que la campaña está lanzada.

Pero convendría no engañarse. La crisis de la vivienda se adentra en una fuerte división ideológica. La agitación no sirve para encauzar un problema colosal y garantizar la seguridad a inquilinos y a propietarios. El fiasco solo generará toneladas de frustración y descontento en una ciudadanía que llevaba años dando señales de alerta por la ineficaz gestión. La necesidad urgente de más viviendas para atender la demanda y de condiciones dignas de acceso responde a una realidad que convive bajo el mismo techo de nuestra sociedad: familias de rentas bajas obligadas a vivir en una habitación alquilada, cuchitriles sin cédula de habitabilidad ofrecidos a precio de oro y hogares asfixiados para llegar a fin de mes por pagar rentas sometidas a la especulación. Intentar gobernar entre los escombros parlamentarios no debería ser ya una opción. Sería agudizar el desmoronamiento de la confianza institucional, con el riesgo añadido de incentivar así el populismo y un extremismo siempre destructivos. Al final, la llave de la vivienda la tenía Puigdemont en Waterloo. Pero no será él -ni Ábalos, ni Leire, ni Aldama, ni Mohamed VI- la excusa para precipitar el fin de ciclo de la legislatura. Será por Maricarmen.