Cuando en 2018 Pedro Sánchez nombró su primer Gobierno, fruto de una moción de censura plenamente democrática pero tramposa, escribimos que se había dado una oportunidad. Lo dijimos por la elección de sus ministros, entre los que había figuras de prestigio de la política, como Josep Borrell, de la judicatura, como Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska, y del alto funcionariado de la Unión Europea, como Nadia Calviño. Parecía un Ejecutivo que quería gobernar desde la moderación y la competencia. Pero desde entonces todo ha ido a peor.

El punto de inflexión llegó en enero de 2020. Tras un mal resultado electoral, Sánchez se vio obligado a conformar con Podemos un Gobierno de coalición que se alejaba de la centralidad. Se abrió entonces una etapa cuya característica principal ha sido la confrontación social y la deslegitimación de las instituciones democráticas. La política dejó de ser el arte de sumar para convertirse en el empeño de levantar muros, dentro de la sociedad y frente a quienes pensaban distinto.

Desde entonces, Sánchez ha protagonizado una presidencia en la que el Estado parecía su cortijo. Ha neutralizado los contrapesos que tienen alguna responsabilidad en el control del Ejecutivo y ha vaciado de funciones al Parlamento. Ha desacatado la Constitución mediante su sistemático incumplimiento, al no presentar durante tres años los presupuestos, y ha solventado sensibles iniciativas legislativas mediante el abuso de los decretos, convertidos en método ordinario de gobierno. Un Ejecutivo que no consigue convalidar sus decretos, que no tiene presupuestos y que se pelea consigo mismo hasta para partir un texto en dos no es el de quien dirige un país, sino el de quien negocia su supervivencia.

La factura de esta forma de gobernar se paga en la vida cotidiana. En estos años, todo lo esencial de la gestión pública ha empeorado: la Educación, la Sanidad, las infraestructuras y la vivienda. Sobre esta última, el balance es desolador: una generación que no puede emanciparse, alquileres que expulsan a las familias de sus barrios y un Ejecutivo que respondió con prórrogas y topes sin mover la oferta. Cuando un problema se cronifica durante tanto tiempo con el mismo Gobierno, la explicación de que «la oposición lo bloquea» deja de ser creíble.

Pero lo más grave ha sido el deterioro institucional sin precedentes que ha sufrido España como consecuencia directa de una política personalista con tics autocráticos. A ello se suma la utilización de métodos pseudomafiosos para combatir a los críticos, ya sean jueces, periodistas o adversarios políticos. Un presidente que trata la discrepancia como una amenaza y la crítica como una agresión acaba dañando algo más que a sus rivales: daña la confianza de los ciudadanos en que el poder tiene límites. A esto se añade el cerco judicial que rodea al partido y al entorno del presidente.

La convocatoria electoral llega, además, tarde y a la fuerza. No responde a una convicción democrática ni a un cálculo generoso, sino al agotamiento de una legislatura que ya no daba más de sí. Y persiste la sospecha de que el adelanto busca ganar tiempo y recuperar la iniciativa antes de que los procesos judiciales avancen. Los votantes tendrán que decidir si les parece tranquilizador.

Será el tiempo el que lo diga con mayor nitidez, pero hoy ya se puede afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que Sánchez ha sido, sin ningún género de dudas, el peor presidente de la democracia, el más dañino. Por eso las elecciones deben ser algo más que un cambio de nombres. En una democracia sana, nadie es dueño del poder: el ciudadano lo concede y el ciudadano lo retira. Un partido rodeado de causas judiciales y sostenido por pactos cada vez más inestables, necesita pasar por la oposición para reflexionar y renovarse. Y el país necesita comprobar que la alternancia pacífica sigue funcionando y que ningún Gobierno es insustituible.

Expulsarlo del poder, democrática y contundentemente, se ha convertido en una imperiosa necesidad, en una obligación ciudadana. En los dos meses que faltan para las elecciones pueden ocurrir muchas cosas, incluidas nuevas trampas de este personaje sin principios. Pero nuestra obligación es poner fin a la que ha sido la etapa más aciaga de nuestro país en lo que va de siglo. Quien quiera una política de vivienda basada en construir y no solo en regular, unas instituciones que dejen de ser trinchera y un Gobierno que busque consensos en lugar de bloques tiene motivos de sobra para votar el cambio. La alternancia, esta vez, no es una opción más. Es un deber cívico.