La apariencia de interinidad oculta una capacidad de iniciativa considerable.

Ahí se sitúa ahora el nuevo centro de gravedad institucional.

El Gobierno se dispone a volver a aprobar los decretos-ley de vivienda que rechazó el Pleno del Congreso, llevándolos a una Diputación Permanente que les es favorable por la conformación de sus sesenta y nueve miembros.

Si los grupos mantuvieran su voto, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos sumarían treinta y cinco frente a los treinta y cuatro de PP, Vox y Junts.

¿Resulta legítimo emplear una institución concebida para garantizar la continuidad parlamentaria como vía para sortear una mayoría que acaba de pronunciarse en sentido contrario?

No parece que la respuesta importe demasiado a quien ha hecho de la instrumentalización de las instituciones un atributo distintivo.

La vivienda es un gravísimo problema real. Lo sufren cientos de miles de familias, y las movilizaciones, incluida la acampada de la Puerta del Sol, expresan un malestar auténtico que ningún partido debería tratar con condescendencia.

El derecho de manifestación es un pilar del orden democrático, y responder a una protesta pacífica como si fuera una amenaza sería un error.

Pero tampoco puede aceptarse que la calle sustituya al Parlamento, ni que la violencia, la intimidación o el bloqueo de derechos de terceros se confundan con protesta.

¿Qué ocurriría si, durante estas próximas semanas, se produjera una escalada real de movilizaciones, alteraciones graves del orden público, huelgas, bloqueos o episodios violentos?

¿Podría el Gobierno declarar el estado de alarma, excepción o sitio?

Sabemos que estos tres estados solo pueden declararse cuando concurran las circunstancias extraordinarias previstas legalmente, con medidas indispensables y proporcionales.

No basta con que al Gobierno le resulte políticamente conveniente neutralizar protestas molestas o alterar artificialmente el calendario judicial. Debe existir una situación que haga imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios.

Pero también sabemos que la línea que separa lo normal de lo anormal se ha desplazado de forma inimaginable en estos últimos años.

Lo cierto es que el Gobierno tiene la prerrogativa de declarar el estado de alarma durante un máximo inicial de 15 días en los supuestos previstos legalmente, con posterior intervención parlamentaria (aquí, de nuevo, la Diputación Permanente) para su prórroga.

El estado de alarma no permite suspender el derecho de manifestación ni convertir la calle en un espacio sometido a discreción gubernativa. Pero sí permite, en determinadas circunstancias, restringir extraordinariamente la circulación y adoptar medidas sobre servicios, actividades y bienes.

Pueden realizarse requisas temporales de bienes e imponerse prestaciones personales obligatorias. Pueden intervenirse u ocuparse temporalmente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales.

Y eso no sería una herramienta menor en campaña electoral.

Algo parecido ocurre con los tribunales.

Las elecciones no suspenden los procedimientos judiciales, que siguen su propio calendario, y declaraciones, resoluciones, juicios o nuevas revelaciones podrán coincidir con la campaña.

Pero, de momento, la convocatoria electoral ya ha convertido una medida judicial que originalmente afectaba al voto de los residentes en el extranjero (voto CERA) en una cuestión inmediata de legitimidad del proceso electoral.

El censo que regirá el 29-N será el cerrado el 1 de agosto, de acuerdo con la LOREG. Eso significa que la cautelar dictada por el Tribunal Supremo el 8 de septiembre sobre los efectos electorales de la llamada Ley de Nietos llegó cuando ese censo ya estaba cerrado.

Miles de personas que habían obtenido la nacionalidad y podían figurar ya en el CERA quedan así atrapadas entre dos decisiones de distinta naturaleza: la de la Administración electoral, que las incorporó al censo, y la posterior decisión cautelar del Supremo, que suspendió sus efectos electorales.

Ahora, el Alto Tribunal tendrá que precisar cómo se proyecta su cautelar sobre las elecciones: si mantiene la suspensión para esas inscripciones ya existentes, si la delimita, la amplía o la modifica.

En este escenario, el peor error del líder de la oposición sería limitarse a reaccionar a cada movimiento de Pedro Sánchez. A mi juicio, Alberto Núñez Feijóo debería hacer exactamente lo contrario: pasar de lo reactivo a lo propositivo.

Precisamente por eso, y por ser probablemente uno de los grandes determinantes electorales, la oposición no puede limitarse a criticar la instrumentalización política de la vivienda. Debe presentar una alternativa creíble.

Debe hablar de suelo, oferta y construcción, de alquiler y vivienda pública, de seguridad jurídica, fiscalidad y rehabilitación, de movilidad laboral y emancipación juvenil, y de una colaboración público-privada que funcione.

Si la oposición abandona el espacio de las soluciones porque Sánchez ha convertido la vivienda en su principal arma electoral, le estará regalando el terreno político.

Queda, por último, el actor más ignorado de toda elección: quien normalmente no vota.

¿Cuántos ciudadanos hartos, convencidos de que todos son iguales, pueden decidir el resultado simplemente acudiendo a las urnas? La abstención no tiene dueño.

Una campaña basada en el miedo o el rechazo difícilmente la moviliza. Pero una campaña propositiva, que hable a moderados, jóvenes desencantados, socialistas decepcionados y ciudadanos preocupados por las instituciones, pero cansados de la guerra partidista, sí puede hacerlo.

Prepararse no es alarmar, y anticipar escenarios no significa desearlos. La democracia tiene mecanismos para afrontar estos cincuenta y pico días, pero solo funcionan si los ciudadanos los conocen y los exigen.

El 29 de noviembre no debería ser un plebiscito sobre una persona, sino una decisión sobre el país que queremos ser.