«La ONU nunca ha declarado a un Estado responsable de genocidio», respondió recientemente el prestigioso jurista Philip Sands a la pregunta sobre qué le parecía el uso de la palabra «genocidio «en Gaza. A pesar de ello, tras los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023 se ha estigmatizado a Israel con ese crimen de todos los crímenes. Dos comisiones de investigación de la ONU incluyen tales acusaciones en informes sesgados sin datos fácticos fiables, pero ningún órgano jurisdiccional competente se ha pronunciado así.

En 2024, Alice Nderitu, asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, ya se negó a calificar como genocidio la respuesta israelí a la masacre de Hamás. Adujo, con imprescindible rigor jurídico, que tamaña inculpación requería evidencias factuales y una exhaustiva investigación que solo podía acometer un tribunal con jurisdicción para ello dada su complejidad legal. Nderitu fue amenazada y la ONU no renovó su cargo. El ‘Wall Street Journal’ vio su salida como parte de una campaña contra Israel y ensalzó su «valentía» al «oponerse a una mentira al servicio de una agenda política». Su respeto a la ley contrasta con la militancia de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos e icono por sus acusaciones de genocidio a Israel. Manuel Valls, ex primer ministro francés, ha criticado la «falta moral y política de extrema gravedad» de Pedro Sánchez al apoyar a Albanese, pues «el derecho internacional no se defiende parapetándose detrás de quienes lo deshonran».

En abril de 2024, la BBC entrevistó a Joan Donoghue, juez que presidió la Corte Internacional de Justicia al emitir su primer veredicto tras acusar Sudáfrica a Israel de genocidio. «No determinamos que la acusación de genocidio en Gaza fuera plausible», subrayó para desmentir la errónea interpretación que muchos medios, políticos y activistas hicieron del informe del tribunal, que se limitó a señalar el derecho a ser protegido de un delito que no determinó estuviera ocurriendo. Lo descrito obliga a cuestionar el uso del término genocidio que, no obstante, académicos israelíes como Omer Bartov atribuyen a Israel. Otros intelectuales como Steven Pinker, junto a destacadas figuras legales, exponen en un escrito conjunto los argumentos que desmontan el «libelo de sangre» que supone la acusación de genocidio.

La etiqueta genocida no requiere criterios jurídicos para quienes la esgrimen como arma política. Como muestra la censura a Ariana Harwicz, el «negacionismo» constituye un pretexto para señalar a quienes osan disentir del movimiento propalestino. Parafraseando a Eric Hoffer en ‘El verdadero creyente’, los «negacionistas» son víctimas de «la fe fanática» de autoritarios que promueven el boicot a todo lo relacionado con Israel. Es el «deber sagrado», Hoffer de nuevo, que se arrogan quienes dicen defender la libertad de Palestina con eslóganes y exclusiones mientras minimizan y niegan la barbarie de Hamás deshumanizando a los israelíes. La ausencia de compasión hacia ellos se apreció a las horas de la masacre de Hamás, como denunció la escritora israelí Eva Illouz al criticar a la «izquierda progresista», de la que se considera parte, por celebrar la matanza como «resistencia anticolonial». Las imputaciones de genocidio y el señalamiento al discrepante conforman una lógica perversa denunciada por Illouz: «La ausencia de compasión hacia los israelíes se presenta como una demostración de moralidad, no como su falta». Illouz, a la que el Gobierno israelí negó un importante premio por sus críticas a Netanyahu, desafía los arquetipos de Israel como villano vengativo y Hamás como víctima y antihéroe que usa medios reprensibles por una causa que se dice justa; como si ésta no quedara corrompida por el salvaje terrorismo palestino.

La magnitud de la respuesta al 7-O se utiliza como prueba de un supuesto genocidio del Estado que aquel día sufrió una violencia sin precedentes: más de 1.200 personas asesinadas, seres humanos mutilados, quemados vivos en sus casas, mujeres violadas, 250 secuestrados, el sentimiento más básico de seguridad despedazado ante una invasión complementada por los ataques de Hizbolá desde el Líbano provocando el desplazamiento de miles de israelíes. La trivialización del término genocidio niega las implicaciones del terror de Hamás y su intención genocida, descrito por la premio Nobel Herta Müller como «una desintegración total de la civilización»: «sigue el patrón de la aniquilación mediante pogromos, un patrón que los judíos conocen desde hace siglos. Por eso todo el país está traumatizado, porque la fundación del Estado de Israel pretendía proteger contra tales pogromos».

Se desacredita a Israel como genocida para convertirlo en un paria y borrar el dolor de una heterogénea sociedad israelí en la que se debate la moralidad de la cruel guerra. El estigma niega los valores democráticos de la mayoría de israelíes que reivindican su derecho a la legítima defensa sin ignorar las obligaciones al usar la fuerza, que se manifestaron multitudinariamente tras el 7-O para impugnar decisiones de su Gobierno sobre la devastadora intervención en Gaza. Lo hacían defendiendo la humanidad de las víctimas israelíes y palestinas, enfrentándose no solo al profundo duelo traumático tras el terror de Hamás. También al dilema de cómo defender su propia supervivencia ante esos «monstruos», como escribió Müller, que, junto a Irán, se reafirman en su deseo de aniquilar a Israel. Y cómo hacerlo respetando la legalidad internacional al utilizar Hamás a los gazatíes como escudos humanos considerándolos «daños tácticos».