El fallecimiento de Maricarmen Abascal este miércoles en Madrid, tras un traumático proceso de desahucio, encarna el profundo fracaso de los poderes públicos para dar una solución efectiva a la crisis habitacional en España.
La muerte de esta mujer de 87 años, desalojada de la vivienda del distrito de Retiro en la que residió durante más de siete décadas, constata la inoperancia de las administraciones a la hora de gestionar los casos de vulnerabilidad extrema.
Su fallecimiento se ha producido tras pasar quince días ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Su salud, ya muy frágil, se vio mermada de forma irreversible tras el convulso y mediático desalojo del pasado 23 de septiembre.
Trágicamente, a la anciana no le ha dado tiempo de formalizar el acuerdo que se había alcanzado la semana pasada. Una mediación de última hora del Ayuntamiento de Madrid con la empresa propietaria, Urbagestión, había logrado un pacto para que regresara a su casa con un contrato de ocho años y un alquiler limitado al 30% de su pensión.
El caso de Maricarmen constituye un drama humano sin matices, que interpela a todos los españoles sin excepción. Porque evidencia los graves vicios de un sistema habitacional incapaz de ofrecer alternativas viables y ágiles a quienes no pueden costearse un hogar.
Por eso, los actores políticos deben resistirse a la tentación de explotar su fallecimiento en uno u otro sentido.
En un contexto de inminente campaña electoral, la mesura y la responsabilidad institucional son más necesarias que nunca. Convertir una tragedia personal en un arma arrojadiza supone una inaceptable falta de respeto hacia la fallecida, amén de una peligrosa degradación del debate público.
Ya resultaba de por sí lamentable la instrumentalización política de su caso a lo largo de todas estas semanas. La anciana fue tomada como pretexto para impulsar una reacción emotivista con el objetivo de arrancar reformas legislativas y señalar culpables.
Pero legislar en caliente y atacar la seguridad jurídica son vías equivocadas que, lejos de solucionar el problema estructural, acabarán haciendo más frecuentes casos de exclusión como el suyo.
Es indiscutible que Maricarmen se ha convertido, por la fuerza de los hechos, en el símbolo de un problema que debe ser atajado con urgencia.
Pero, al mismo tiempo, fue empleada de manera irresponsable como ariete político por determinados sectores. Se priorizó la agitación en las calles y la sobreexposición mediática frente a la prevención y la búsqueda de soluciones discretas que hubieran protegido el estado de salud de la anciana.
Esta situación no puede volver a repetirse. De ahí que no quepa sino una firme repulsa ante las reacciones de los representantes públicos que han aprovechado el trágico desenlace para cargar contra la oposición con el cuerpo de la mujer aún caliente.
Comentarios como los de Gabriel Rufián, Irene Montero (quien ha calificado el suceso de «asesinato») o Emilio Delgado, poco menos que culpando de su muerte a la oposición y a los «fondos buitre», merecen la más rotunda condena.
La vivienda es un problema mayúsculo en nuestro país al que la política no ha sabido dar solución.
Lo que toca ahora no es manosear el drama de una anciana que debe descansar en paz para convertirla en una mártir de la agitación callejera, o arrojarse encima su cadáver unos a otros.
Es el momento de abandonar el frentismo y ponerse a trabajar de forma consensuada y rigurosa para lograr una política de vivienda eficaz que evite más casos como el suyo en el futuro.