Dos decretos rechazados por la mayoría del Congreso vuelven a convalidación de la Diputación Permanente, donde el PNV asegura al Gobierno la aprobación de uno de ellos, si bien debe quedar claro, como afirma Aitor Esteban, que seguir al Ejecutivo y apoyar todo lo que ha hecho bajo la inspiración de un izquierdismo radicalizadono significa que el PNV sea «secundario» de nadie. Debe de ser otra cosa, pero lo cierto es que si eso no es ser «secundarios» deberíamos encontrar otros sinónimos, todo ellos poco lucidos para los jeltzales.

La catedrática de Derecho Constitucional Ana Carmona, a la que nadie podrá tachar de derechista, ha calificado esta maniobra de «trilerismo parlamentario» porque el Gobierno podrá aducir precedentes de decretos-ley enviados a convalidación de la Diputación Permanente del Congreso, pero no encontrará precedente de que lo rechazado por el pleno de la Cámara se quiera colar -no hay otra palabra más exacta- en un órgano provisional de cincuenta miembros con una composición en la que el PNV inclina el voto hacia las pretensiones deLa Moncloa. Sánchez ha pasado de gobernar sin el Parlamento a gobernar contra el Parlamento

Se legisla a ciegas porque el Gobierno no ha puesto sobre la mesa una evaluación objetiva y veraz del efecto de sus políticas intervencionistas de la vivienda, de las que sabemos que no solo no están dando resultado sino que están agravando el problema, como ilustra la situación en Cataluña en cuanto a rentas, oferta y desahucios. Lo que tendría que ser un análisis del impacto previsible de una sucesión de medidas que vuelven del revés el mercado de la vivienda queda sustituido por unas exposiciones de motivos en las que se combinan el panfleto y el delirio sectario, inspiradas en la retórica ultra de socios como Sumar, que según todas las previsiones va camino de contar con más ministros que votantes a partir del 29 de noviembre.

Se necesitan viviendas, sí. Cientos de miles, como recuerda el Banco de España. Y ante un problema de escasez de oferta, la gran decisión es reducirla aún más, disuadiendo a los propietarios de ponerlas en alquiler, privándoles de protección jurídica eficaz, sometiendo a aquellos a un verdadero escarnio al convertirlos en figuras socialmente odiosas. No se ha resuelto el desparrame competencial entre diversas administraciones, ni se ha mejorado un marco jurídico para la vivienda que puede convertirse en un calvario regulatorio para quien quiera construirlas. Y si, por fin, alguien consigue construir pisos tiene que aventurarse en la misión casi imposible de engancharlos a una red eléctrica saturada en un 90%, que es el mismo porcentaje de viviendas cuyas peticiones de conexión tiene que ser rechazo por falta de capacidad.

Es verdad que han subido los costes, que falta mano de obra -en un país donde hay dos millones trescientas mil personas registrada en las oficinas de empleo- y que el crecimiento de la población en cuatro millones de residentes por efecto de la inmigración supone una considerable presión en un mercado de oferta menguante. Pero ninguno de estos factores ha aparecido por sorpresa. Vienen produciéndose desde hace el tiempo suficiente para que el Gobierno los identificara, reconociera y, después, definiera una política de reforma estructural que actuara sobre todos los componentes que inciden en la oferta de vivienda y que son de su estricta competencia. Y qué decir de la fiscalidad que la vivienda soporta, y del contraste entre la ‘economía-cohete’ y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, una realidad incompatible con las proclamas sociales del Ejecutivo.

Venir ahora con dos decretos-ley que solo van a agravar hasta límites críticos el problema no es más que el reconocimiento de la incompetencia indolente de un Gobierno que ha pasado los años más preocupado por asegurar su supervivencia que por afrontar de cara problemas que se han convertido en sistémicos bajo su mandato.

Vivimos en un país en el que la red eléctrica ha colapsado, en el que la red ferroviaria nos devuelve a niveles de país subdesarrollado, en el que la red viaria se deteriora a ojos vista por falta de inversión y mantenimiento. Y ahora, el Gobierno y su oscurecido pelotón de gregarios se despierta, lanza una cortina de humo -tóxico- sobre el problema y manipula la memoria de una anciana desahuciada por una reforma legal del PSOE y que en su momento se dirigió a Pedro Sánchez sin recibir respuesta. En suma, un Ejecutivo decidido a que su lamentable estilo le acompañe hasta el final.