La mayoría de los inquilinos sueñan con ser propietarios. Puedo dar fe de ello porque he sido inquilina durante los últimos 20 años y me he mudado cuatro veces; la última, a esta casa que compré en octubre pasado. Pero cuando unos meses antes el casero me avisó de que tenía que marcharme del piso, pasé unas cuantas noches en vela. Él y su familia también vivían de alquiler en un chalet, pero no le renovaban el contrato y no encontraba nada por el mismo precio, así que necesitaba que me marchara porque no tenían otro sitio donde ir.

Cuando negocié con él para retrasar la fecha de salida, vi en sus ojos el pánico a que me declarara vulnerable —ahora tengo una discapacidad del 65%—y los dejara en la calle: uno de los méritos del sanchismo es haber convertido las vidas de caseros e inquilinos en una película de terror. Pero, aunque podría haber explorado la vía del victimismo, para vivir a costa de otros hay que valer; de modo que me puse a buscar en Idealista. Pagaba entonces 1.034€ por 80 metros mondos y lirondos —ni garaje ni piscina ni ascensor— a 30 kilómetros de Madrid; mis hijos ya se habían independizado y, aunque en teoría podría irme a un sitio más pequeño, los precios se habían disparado de tal manera que no podía permitirme alquilar en el mismo pueblo en el que había vivido casi 30 años. Y mucho menos comprar.

Abrir las fronteras

Por suerte, gracias a la herencia paterna y a haber vivido dos décadas en una austeridad espartana de la que mis hijos hablarán cuando muera, no estaba con una mano delante y otra detrás. Vendí el local en el que había trabajado tantos años y, con un poco de ayuda materna, pude comprar un piso viejo en el mismo pueblo en el que viven mis vástagos, a 40 kilómetros de la capital. Por el camino, las distintas administraciones —comunidad, ayuntamiento y agencia tributaria— se han quedado unos 25.000€, más de lo que gano en un año trabajando. Pero de esa sangría no hablan los revolucionarios de Sol que hicieron vigilia por Maricarmen.

Tampoco se refieren a la ley del suelo ni se quejan de la interminable burocracia a la que someten a todo aquel que quiera construir. Por supuesto, no dicen una palabra sobre las regulaciones medioambientales que encarecen los pisos ni de los impuestos que gravan a promotores y constructores e incrementan el precio de la vivienda. Y evitan, deliberadamente, mencionar el problema matemático de abrir las fronteras a millones de futuros votantes de izquierda —que en algún sitio tendrán que vivir— mientras apenas se construyen 90.000 viviendas al año.

Quienes dicen querer solucionar el problema se niegan a analizar todas las causas que nos han traído hasta aquí y, en lugar de hablar sobre la inseguridad jurídica que sufren los propietarios, han puesto la diana sobre los caseros. Detrás de la acampada de Sol y sus reflejos especulares en otras ciudades de España, está la misma ultraizquierda anticapitalista y violenta que está pegando fuego a Francia. La noche en que murió Maricarmen, una de las manifestantes gritó por el megáfono que van a “quemar cada trozo de esta ciudad”. Y como entre los distintos grupúsculos zurdos está teniendo lugar una batalla por ver quién se lleva el gato al agua, andan compitiendo por ver quién dice la burrada más gorda. Irene Montero no tardó en asegurar que la muerte de Maricarmen ha sido un asesinato y Manuela Bergerot, de Sumar, ha amenazado a Ayuso —en realidad, a todos los madrileños— en la Asamblea con un tono de voz muy agresivo: “En las calles de Madrid no va a haber paz”.

La voz de la calle

Representan a muy poca gente, pero fingen no darse cuenta y exigen como si fueran mayoría políticas de vivienda que acabarían por arruinarnos a todos y dejarían sin techo a los más vulnerables. En una situación normal, bastaría con aplicar el refranero español y hacer oídos sordos a sus palabras necias. El problema es que tenemos al frente del gobierno a un admirador de Largo Caballero que, como el Lenin español hizo en los años 30, esgrime el miedo a la pretendida ultraderecha para radicalizarse, vampirizar a la ultraizquierda y azuzar a unos españoles contra otros. Y, a juzgar por lo que hablo con mis amigos de izquierda, la jugada le sale bien.

Pero quienes siempre hemos pensado que sólo busca eternizarse en el poder, sentimos un escalofrío cuando el otro día dijo sin ambages que el Congreso ha dado la espalda a los ciudadanos y se erigió como representante de la voz de la calle. María Jesús Montero, por su parte, ni siquiera se molesta en disimular y afirma sonriente que la huelga que han convocado UGT y CCOO es contra la oposición. Pero que no nos engañen sus juegos de palabras: no es una huelga contra la oposición. Es una huelga contra la democracia