La decisión del Supremo de mantener la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática ha sacudido la agitada precampaña. Difundida en una jornada de elevado simbolismo como la Hispanidad, supone un duro frenazo a las aspiraciones de Pedro Sánchez, que había calificado de «atropello» el veto cautelar sobre 163.000 nuevos electores el 29-N. La ‘ley de nietos’ genera una profunda división entre bloques. Mientras socialistas y populares se acusan de influir en el resultado -los primeros denuncian un cercenamiento «preventivo» de derechos; los segundos, «un pucherazo» del Gobierno-, el tribunal no logrará aplacar la controversia sobre si la ampliación del censo exterior respondió a una restitución histórica rigurosa o al uso de atajos en una ingeniería electoral. Más allá de la discrepancia de una magistrada, que cree que el sufragio debe prevalecer en los nacionalizados, los jueces ven riesgo de fraude y censuran la falta de diligencia del Estado al no acreditar la revisión de expedientes. Todo en medio de una fractura social sobre la legitimidad del proceso: la mayoría de los encuestados, incluidos los simpatizantes del PSOE, recela de conceder el voto a nacionalizados que no han residido en España.