El Gobierno ha decidido recurrir a los fondos de inversión para impulsar la construcción de vivienda asequible mediante España Crece, el instrumento financiero gestionado por el ICO. La iniciativa supone una rectificación política de primer orden. Después de demonizar a los «fondos buitre», descalificar a las «pymes carroñeras» y presentar a los propietarios como responsables de la crisis inmobiliaria, Pedro Sánchez reconoce ahora que necesita el capital privado para afrontar un problema que su Gobierno ha creado y es incapaz de resolver. La hipocresía sería menos escandalosa si no estuviera acompañada de un balance tan desolador. España padece un déficit estructural de viviendas, mientras la construcción protegida permanece hundida en términos históricos, incompatibles con las necesidades de una sociedad que no puede acceder a una casa. Tras ocho años en la Moncloa, Sánchez no puede seguir atribuyendo exclusivamente a terceros las consecuencias de su política. La inseguridad jurídica, la intervención del alquiler y la ausencia de una estrategia eficaz para movilizar suelo han contribuido a desalentar la inversión.

Que el Ejecutivo descubra ahora las virtudes de los fondos demuestra que la realidad termina imponiéndose sobre la propaganda. La colaboración público-privada resulta imprescindible para ampliar la oferta residencial. Lo censurable no es rectificar, sino haber convertido a los inversores en enemigos públicos para alimentar un discurso ideológico que ha perjudicado a los que pretendía proteger.

Esta incoherencia trasciende la vivienda. El fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba advertía que quienes no viven como piensan acaban pensando como viven. El socialismo de Sánchez ofrece demasiados ejemplos: dirigentes que combaten la concertada y escolarizan a sus hijos en la privada, sedicentes feministas denunciados como acosadores, abolicionistas de la prostitución que recurren a sus servicios… El problema no reside en escoger esas opciones, sino en censurarlas cuando las eligen los demás. El episodio de Maricarmen, convertido en arma electoral, ilustra esta doble moral. Mientras Óscar López denunciaba su desahucio, su ministerio rechazaba el recurso de otro inquilino de Muface, vecino de aquella mujer. No sorprende que incluso organizaciones de inquilinos hayan denunciado semejante incoherencia. Quizá Sánchez haya equivocado la bandera bajo la cual se amparó para adelantar las elecciones.

Un caso muy comprometedor es el de la portavoz socialista Montse Mínguez. Según las revelaciones de ‘Artículo 14’ y ‘El Español’, su pareja, Sergi Vélez, controla un entramado inmobiliario con al menos treinta viviendas destinadas al alquiler. Mínguez presidió en 2017 una junta municipal de Lérida que aprobó una modificación urbanística relacionada con una promoción de su pareja. Los hechos exigen explicaciones. Quienes pretenden impartir lecciones de moral inmobiliaria deben empezar por despejar las dudas sobre sus propias actuaciones. La credibilidad pública exige coherencia, transparencia y responsabilidad. Precisamente aquello que el Gobierno reclama a los demás y demasiadas veces es incapaz de exhibir.