Antonio Jiménez-El Debate
  • La pasividad de su comisario político en Madrid ante la degeneración que sufre la Puerta del Sol no es técnica; es una decisión política perfectamente calculada para evitar el desgaste de desalojar a quienes, en última instancia, nutren las bases de su propio espacio político

El kilómetro cero de España, corazón histórico, cultural y comercial de Madrid lleva semanas convertido en el escenario impune de un asentamiento ilegal permanente de grupos radicales de extrema izquierda y colectivos antisistema. Frente a este atropello diario, que lesiona la convivencia y estrangula la economía local, la respuesta del comisario político de Sánchez y delegado gubernamental, Francisco Martín, ha sido la de amparar a los okupas, ignorar la firmeza de la ley y una pasividad intolerable que va más allá de la negligencia política para adentrarse en el terreno de la responsabilidad jurídica por prevaricación y dejación de funciones.

Este conmilitón sectario y servil del sanchismo es teóricamente el encargado de garantizar el orden público, la seguridad y el cumplimiento de la ley en la Comunidad de Madrid pero su ejecutoria no se distingue por ello sino por hacer de correa de transmisión de los intereses de su jefe y del PSOE contra Ayuso. Este tipo es el mismo miserable que dijo que los filoetarras de Bildu , herederos políticos de una banda terrorista, han hecho más por España que los patrioteros de pulsera y el mismo sujeto despreciable que ante los requerimientos de Ayuso y Almeida, se niega a desalojar la Puerta del Sol porque antepone el derecho de reunión de los «okupas» a los del resto de ciudadanos que no pueden moverse libremente por un espacio público secuestrado, mientras sufren los improperios, amenazas e intimidaciones, en paralelo a los periodistas que hacen su trabajo, de los ocupantes.

Asistimos desde hace semanas a un desafío constante y flagrante al Estado de derecho que Martín, en una clara dejación de sus funciones, se niega a afrontar permitiendo que una minoría de radicales violente el día a día de la capital con coacciones a comerciantes, vecinos y turistas. Además, ya no puede justificar su pasividad en la reivindicación social que los primeros ocupantes esgrimieron en favor de la vivienda para levantar el poblado chabolista, porque el Sindicato de Inquilinas lo dejó hace semanas. Es evidente que su inacción sólo se explica porque los colectivos de la extrema izquierda que sustituyeron al citado sindicato colaboran con su protesta contra Ayuso y Almeida con esa estrategia de la tensión en la calle demandada por Sánchez ante la cita electoral del 29 de noviembre.

Desde la Comunidad de Madrid se viene denunciando inútilmente la desidia y omisión de Martín para acabar con el lodazal de insalubridad y conflicto en que se ha convertido la Puerta del Sol, donde los campistas utilizan la fuente pública como su piscina particular, los respiraderos del metro para aliviarse y la impunidad que les otorga el delegado gubernamental para amenazar e insultar a Ayuso, sin que la Fiscalía ponga interés en valorar esos ataques como delitos de odio, ni investigue si la resistencia de Francisco Martín a ordenar el desalojo presenta indicios claros de una presunta prevaricación por omisión.

Dictar la resolución injusta de «no hacer nada», a sabiendas de que se está permitiendo la perpetración de una ilegalidad en pleno centro de Madrid, es un comportamiento que la Fiscalía, si no dependiera de Sánchez, debería haber examinado ya.

Y mientras tanto los comerciantes que pagan religiosamente unos impuestos asfixiantes, asisten impotentes a la degradación de sus negocios. Los turistas contemplan con estupefacción cómo el epicentro de la capital de España se convierte en un reducto sin ley, blindado por pancartas y colectivos que desprecian el orden constitucional . Y los madrileños se preguntan por qué las leyes contra la ocupación de espacios públicos se aplican con implacable rigor contra el ciudadano de a pie, pero se disuelven de forma insultante e indignante cuando los infractores lucen la estética y los dogmas de la extrema izquierda. Una doble vara de medir que evidencia otra vez la politización de las instituciones del Estado por parte de Sánchez y sus colaboradores, devenidos en unos esbirros que amparan, por interés electoralista, las algaradas de sus socios ideológicos.

La pasividad de su comisario político en Madrid ante la degeneración que sufre la Puerta del Sol no es técnica; es una decisión política perfectamente calculada para evitar el desgaste de desalojar a quienes, en última instancia, nutren las bases de su propio espacio político. Es el partidismo más rancio y sectario frente a su deber sagrado de proteger a la mayoría y no a una minoría empeñada en mantener una actitud delictiva e ilegal ocupando la calle de todos y contraria a la convivencia en paz y libertad. Pero que sepa este secuaz del sanchismo que si la situación degenera en Sol hasta el extremo de producirse algún hecho fatal e irreparable, él será el primer culpable y responsable de lo que suceda por su negativa a devolver la normalidad a la plaza madrileña.