Cuando la portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña amenazó a Ayuso con dejar sin paz las calles de la capital lo hizo a sabiendas de que la violencia callejera en España es patrimonio de la extrema izquierda. Basta con pocos estímulos para activar a sus grupos organizados, escondidos tras la falsa etiqueta de ‘antifascistas’ de sus carteles y pancartas para legitimar su vandalismo contra personas y bienes públicos. Y como la acusación de ‘fascista’ la administra la extrema izquierda a su conveniencia, el adversario queda convertido en enemigo. Así es como la izquierda violenta se absuelve a sí misma de sus agresiones, tan típicas de la guerrilla urbana proetarra. Tampoco está de más recordar, a la vista del silencio cómplice del PSOE con los actos vandálicos de los últimos días, que la expectativa de movilizaciones callejeras tras el desahucio de Maricarmen fue un acicate para que Pedro Sánchez convocara elecciones anticipadas. No hay nada inocente en esta táctica poliédrica de las izquierdas para intimidar a la derecha y expropiar el espacio público a quien no piense como ellas.

Basta atender a las agresiones sufridas anteayer por Vox en La Coruña. La tolerancia con estos comportamientos, perfectamente previsibles, concuerda a menudo con el descuido de los delegados del Gobierno, que también se está volviendo predecible. No pudo haber otra razón que permitiera autorizar una concentración de extrema izquierda a la misma hora y en el mismo sitio en el que Santiago Abascal se iba a dirigir a sus seguidores. El saldo de tres detenidos y trece policías heridos pone el foco sobre la indecorosa actuación de Pedro Blanco, delegado gubernamental en Galicia. Esto nos lleva al patrón común en los actos de acoso y violencia contra dirigentes y partidos de la derecha protagonizados por la extrema izquierda: la actuación de los delegados del Gobierno está bajo sospecha. Esta figura se creó para sustituir a los antiguos gobernadores civiles del franquismo, pero su comportamiento recuerda los tiempos del comisariado político. El de Madrid, Francisco Martín, pasará a la historia por haber alabado el sentido de Estado de Bildu y comportarse como el dirigente en la sombra de la oposición a la presidenta Díaz Ayuso. La acampada de la Puerta del Sol, devenida campamento de ‘sintechos’ y marginales sin causa, es obra de su pasividad negligente, como mínimo, cuando una usurpación a la fuerza del centro de Madrid es para él un acto legítimo de protesta. Por no hablar del reciente acoso a la presidenta madrileña por sindicalistas de la enseñanza pública, fruto de otro acto de pasividad del delegado de Gobierno, al permitir una concentración ni comunicada ni autorizada, que se adereza con expedientes a los policías que actúan en el uso de la fuerza legítima. Son señalados por las propias autoridades que los dirigen y convertidos en su chivo expiatorio frente la táctica violenta de la izquierda antidemocrática. Falta más de un mes para el 29-N y la estrategia de las izquierdas es convertir el proceso electoral en un campo de enfrentamiento cívico, en el que la derecha debe contener cualquier reacción a las provocaciones que reciba. La sensatez en la respuesta del PP y de Vox aumentará la ansiedad de una izquierda que cada día improvisa decisiones para frenar el empuje de una mayoría de cambio que aparece en las encuestas con fuerza imparable.