Ignacio Camacho-ABC

  • Albares y Bolaños han preferido correr el riesgo de desacatar al Supremo con tal de evitar o entorpecer la auditoría judicial del censo

Las de noviembre van a ser las primeras elecciones –otra ‘primera vez’ de Pedro– planteadas sin una definición clara del censo. El censo es la base de la base de la democracia, porque establece quiénes tienen derecho a votar, y de la nación misma porque determina quiénes conforman el pueblo. Y si esa definición es confusa, porque se han añadido o restado ciudadanos al ‘demos’, el proceso electoral queda contaminado en su totalidad, por exceso o por defecto. Ahí reside el problema esencial, categórico, de la ‘ley de nietos’, el que ha forzado las medidas suspensivas adoptadas por el Tribunal Supremo: en la falta de claridad y de limpieza de una operación que exige un tratamiento transparente y aséptico al que se niega de forma contumaz el Gobierno.

Albares y Bolaños no sólo han incumplido la orden judicial de entregar los expedientes de los nuevos nacionalizados sino que están haciendo lo posible para dificultar su revisión alegando un exceso de carga de trabajo en los consulados sudamericanos. Ese desacato ha colmado la paciencia del tribunal al punto de emitir un ultimátum con el recordatorio de las responsabilidades penales que podrían afectar a ambos ministros y a los funcionarios diplomáticos. La Sala sospecha que el Ejecutivo trata de ganar tiempo sembrando el caos para abocar la cuestión a un conflicto de hechos consumados mientras Garzón busca el modo de servir al Constitucional una ‘percha’ sobre la que colgar la admisión urgente, por ahora rechazada, de un recurso de amparo.

El resultado del enredo apunta a una cascada de impugnaciones electorales. La hipótesis de una anulación completa del voto exterior, el famoso CERA, ya no es absoluto descartable si los datos solicitados llegan demasiado tarde. La polémica sería aún mayor que la del bloqueo cautelar, pero se trata de una posibilidad verosímil, y hasta razonable, en el contexto de unos comicios bajo sospecha de celebrarse con un registro adulterado de votantes. En cualquier caso existe un alto margen de probabilidades de que se presenten reclamaciones de una u otra parte: de los recurrentes de la ley, de los partidos contrarios a la suspensión o incluso de las juntas provinciales. Nadie debería sorprenderse si el escrutinio definitivo queda durante unos días en el aire.

El mandato sanchista sólo podía culminar –iba a escribir terminar pero las conjeturas son peligrosas– con una apoteosis de la anomalía. Un marco de irregularidad generalizada cuya resolución quedará, como siempre a lo largo de estos años, en manos de la Justicia. La ampliación subrepticia, mediante simple orden administrativa, de la nacionalización exprés se parece demasiado a una maniobra oportunista, una operación capaz de nublar la trazabilidad del sufragio y deteriorar la eficacia de los mecanismos de auditoría. Ya no estamos ante una campaña más o menos sucia, ni ante un vicio de poder, ni ante los tradicionales trucos ventajistas; esto va de algo mucho más grave, de unas elecciones envueltas en la sombra de manipulación política.