Frente a la magnitud del último accidente, entre Urda y Los Yébenes, la prioridad es la colaboración institucional para prestar atención médica y psicológica a los afectados, sumidos en un duelo inimaginable. Los testimonios de los supervivientes estremecen por su dramatismo y solidaridad entre los ocupantes de los vagones reventados. Son imágenes y gritos de pánico que costará borrar de la memoria, en una jornada de dolor y angustia. Especialmente para los familiares que viven con desesperación el proceso de las pruebas de ADN con el fin de facilitar las identificaciones.

Tras una ayuda imprescindible, se impone la apertura de una investigación rigurosa sobre las causas del siniestro. Su esclarecimiento es clave para conocer hasta qué punto obedeció a un «error humano», como se apresuró a plantear el Gobierno, y para despejar dudas sobre la fiabilidad de un transporte esencial para vertebrar España. A pesar de las primeras explicaciones del ministro Óscar Puente, la terrorífica secuencia de un AVE que impacta en línea recta y a gran velocidad contra otro tren detenido en plena vía principal en condiciones de máxima visibilidad exige mayores concreciones. No solo porque parece un desafío a la lógica de un sistema con elevados niveles tecnológicos y garantías de funcionamiento. Está en juego la cadena de seguridad y eso es algo que ha fallado estrepitosamente otra vez.

Los focos de atención se reparten entre el centro de control de Atocha, los dos convoyes implicados y, sobre todo, el sistema de señalización automática de trenes, desactivado temporalmente por un error informático antes de la colisión. A falta de conocer las razones, el resultado ha vuelto a ser letal en la misma línea de Atocha a Sevilla, en el mismo año del luto por Adamuz. La repetición de la tragedia incrementa la necesidad de transparencia y la obligación de rendir cuentas para poder retomar la normalidad en un trayecto que suma más de cien muertos en nueve meses, algo tan inasumible para la confianza como demoledor para la reputación de la red ferroviaria más avanzada de Europa.

No conviene especular ni precipitarse a la hora de reclamar responsabilidades, tanto políticas como de gestión, que sin duda las hay y que será conveniente depurarlas cuando proceda, empezando por el Ministerio de Transportes que encabeza Puente. Si el origen de la colisión es una «orden errónea» -dada, según el ministro, por un controlador de Atocha que autorizó de forma manual el paso del AVE-, no puede analizarse de forma aislada. La alta velocidad dispone de contrastadas medidas de protección en las que no caben improvisaciones. Afirmar hoy que la red es segura puede resultar frívolo e, incluso, temerario. Pero esa debe ser la máxima urgencia exigida en un momento tan doloroso.

Restablecer la seguridad operativa es la manera de devolver la confianza en un servicio público imprescindible, símbolo de la modernización del país y de su integración territorial. Sería mezquino utilizar un accidente para buscar réditos electorales en esta campaña ya convulsionada. Es el momento de que la clase política deje a un lado la contienda para volcarse en cooperar, investigar y, sobre todo, ejecutar las reformas preventivas necesarias, esté quién esté al frente del Gobierno y de la oposición tras el 29-N.