Pedro García Cuartango-ABC
- Invertir en el ferrocarril no sólo no da votos, sino que además exige esperar muchos años para ver los resultados, un imposible en el cortoplacismo de nuestra clase política
No es fácil escribir en caliente cuando se produce una tragedia como la de ayer y con muchas preguntas todavía por contestar. El Gobierno se precipitó a achacar a «un fallo humano» el terrible accidente de Toledo, una versión ratificada por Óscar Puente horas después. Según sus palabras, la responsabilidad recae sobre el personal del centro de control de Atocha, que ordenó proseguir la circulación cuando un tren estaba detenido. La explicación deja muchas lagunas. Entre ellas, si la línea entre Madrid y Sevilla cuenta con el sistema automático de señalización adecuado para garantizar la seguridad.
Nueve meses después del accidente de Adamuz, seguimos sin saber las conclusiones de la comisión investigadora pese a que el Gobierno también prometió transparencia. E igual sucede con el apagón eléctrico, tratado como un secreto de Estado.
Lo que resulta poco discutible es que los usuarios de la alta velocidad han padecido en los últimos años un importante deterioro del servicio con frecuentes problemas de puntualidad y con una creciente sensación de inseguridad. Hay diversas razones, pero la principal es el déficit de inversiones en el mantenimiento de la red. Sólo un dato: en 1993 circulaban seis trenes diarios entre Madrid y Sevilla y hoy, más de un centenar. Ese incremento no se ha traducido en un aumento proporcional de la inversión en la infraestructura.
No hay ninguna duda de que existe una responsabilidad política del ministro de Transportes por el mero hecho de ser el miembro del Gobierno que tiene por ley la exigencia de garantizar la seguridad ferroviaria. Su colega griego dimitió tras un grave accidente sin esperar las conclusiones de los técnicos.
Como descendiente de tres generaciones de ferroviarios, lamento también que jamás haya habido en este país un debate serio sobre la decisión de optar por dos anchos de vía, de cerrar líneas regionales deficitarias, de liberalizar el sector y de primar el transporte por carretera sobre el ferrocarril. Cuando Felipe González se decantó por el nuevo ancho de vía para el AVE a Sevilla, nadie se molestó en calcular el elevadísimo coste del mantenimiento y los inconvenientes de un sistema dual, algo carente de racionalidad alguna.
La terrible desgracia de Toledo no puede ser descontextualizada de esta política ferroviaria. Y que nadie me diga que estos sucesos son inevitables porque el Shinkansen, el tren bala japonés que entró en servicio en los años 60, jamás ha sufrido un accidente mortal. ¿No será porque su sistema de seguridad es mucho más eficiente?
No hace falta ser adivino para saber lo que va a pasar en los próximos días: un enconado debate político con un cruce de descalificaciones. Mucho ruido, pero pocas nueces. Lo que parece muy probable es que nadie será capaz de tomar las decisiones para solucionar el problema. Invertir en el ferrocarril no sólo no da votos, sino que además exige esperar muchos años para ver los resultados, un imposible en el cortoplacismo de nuestra clase política.