Mikel Buesa-La Razón
- Para desplegar sus acciones armadas, una organización terrorista necesita pocos recursos. Así que conviene estar atentos a esta circunstancia
La detención de dos miembros de Jardun –una agrupación de disidentes de la línea política principal de la izquierda abertzale, partidarios de reemprender la campaña armada de ETA– y su encarcelación bajo la acusación de terrorismo, suscita la cuestión de las necesidades de financiación que pudiera tener una organización emergente de esta naturaleza. En España hemos tenido dos experiencias bien distintas de grupos terroristas que nos pueden ayudar a encontrar la respuesta. La primera fue la del GRAPO, que estuvo activo entre 1975 y 2007 y que cometió 436 atentados con un resultado victimal de 95 muertos y 139 heridos. En sus cinco primeros años de actividad esta organización movilizó a un promedio anual de 94 militantes y obtuvo casi 1,4 millones de euros (a los precios actuales) mediante atracos y robos, principalmente. Quiere ello decir que desarrolló su actividad empleando 14.638 euros por militante activo; una cifra ésta equivalente al 83 por ciento del salario modal actual. En años sucesivos el GRAPO mejoró su posición financiera, de manera que, en el curso de sus 33 años de vida, acabó disponiendo de 19.325 euros por cada uno de sus activistas –110 por ciento del salario modal de 2006–. La segunda, referida a ETA –que, entre 1968 y 2010, perpetró 4.117 acciones terroristas, matando a 857 personas e hiriendo a otras 2.593–, fue diferente, pues esta banda, en su primer quinquenio de actividad, apenas dispuso de 2,8 millones de euros, aunque movilizó a 183 activistas de media al año. O sea que se financió con tan sólo 3.099 euros por militante; es decir con apenas el 17,6 por ciento del salario modal actual. Quiere ello decir que, en aquel momento inicial, los etarras se sostenían principalmente con su trabajo y las aportaciones de sus familiares. No obstante, en el curso total de su campaña, ETA amplió sus fuentes de financiación, de manera que en el promedio de los 42 años en que se mantuvo activa acabó contando con más de 6,8 millones anuales, equivalentes a 33.414 euros por militante activo. ¿Qué se deduce de estas experiencias? Pues sencillamente que, para desplegar sus acciones armadas, una organización terrorista necesita pocos recursos. Así que conviene estar atentos a esta circunstancia.