Once de marzo de 2004. España sufre el mayor atentado terrorista de su historia. 192 personas mueren vilmente asesinadas y varios cientos resultan gravemente heridas. Una operación con el tufo a servicios secretos europeos y mano de obra marroquí. En la jornada de reflexión previa a las generales del 14 de marzo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), junto con la izquierda comunista, se lanza a la yugular de un tan soberbio como desbordado José María Aznar cercando las sedes del PP y provocando graves algaradas callejeras. El líder y portavoz entonces del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, un tipo al que algunos han subido a los altares por pura y simple comparación con el detritus humano que ese partido ha expelido después, pronunció el 13M aquella frase según la cual “los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”. La politización de la tragedia cumplió plenamente su objetivo: llevar a la presidencia del Gobierno a un tonto de baba que no hubiera pasado de jefe de negociado en una oficina bancaria de provincias, un miserable que se creyó ungido y urgido por la misión de lanzar al arroyo el más luminoso gesto de concordia que ha conocido la historia de España, el abrazo que tras la Guerra Civil se dieron vencedores y vencidos concretado en la Constitución del 78, una siniestra tarea que muy probablemente era lo que perseguían los autores intelectuales de la masacre. Tras el PSOE de Felipe González, a la palestra española volvió en 2004 el peor PSOE de siempre, el de la revolución de Asturias del 34 y el del comunista Largo Caballero en el 36. El socialismo regresó al poder con 192 muertos, y 22 años después se despide del poder con 115. Los españoles se merecen un Gobierno que no les mate.

Ahora, el epígono de Largo Caballero que nos preside pide que no se politice la tragedia ferroviaria de Urda. Sea. Lo que resulta imposible de despolitizar son sus ocho años de desgobierno, su voluntad de dañar la convivencia construyendo un muro capaz de dividir a los españoles en buenos y malos, su radical desprecio por las más elementales normas de la democracia, su decidida apuesta por la destrucción del orden constitucional para llevarnos a esa Confederación de Repúblicas Socialistas Ibéricas con lo peor que ha producido este país, y, en fin, su sectarismo y su abismal incompetencia, una incompetencia que le ha llevado a hacer a los españoles más pobres y a convertir una de las redes ferroviarias mejores del mundo en un desastre al que los ciudadanos intentan dar la espalda ante el riesgo cierto que supone poner pie en un tren de alta velocidad. Un tipo que se compró la presidencia del Gobierno pagando los 7 votos de Junts con la amnistía a los golpistas catalanes, que ha envilecido las instituciones, y que se ha corrompido hasta el tuétano, porque hoy nadie puede albergar duda, más allá del ejército de estómagos agradecidos que medran en su derredor, que desde junio de 2018 hemos estado gobernados por una mafia, una organización criminal con vocación de permanencia en el poder dispuesta a hacerse inmensamente rica, una corrupción que hoy cerca al capo di tutti capi y con la que diariamente se mete en la cama.

Un tipo cuya norma moral está seguramente a la altura del derecho de admisión de las saunas gais con las que su suegro financió su carrera política. España se ha convertido en un Estado fallido. Nada funciona. Ni la sanidad, ni la educación, ni los transportes, ni las infraestructuras, ni la Guardia Civil (dirigida por paniaguados), ni el Ejército (descabezado y desmotivado). Un Gobierno de ineptos que diariamente luce con desparpajo su total incapacidad para gestionar la nevera de su casa. Su gran éxito, su siniestro éxito, ha consistido en poblar las instituciones de amigos y conmilitones, fieles gregarios dispuestos a seguir sus órdenes con fidelidad perruna. Todo lo ha ocupado con su ejército de fieles sirvientes: los organismos de regulación y control (CNMV, CNMC), el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, el Constitucional… nada ha quedado fuera de su control. Todo lo ha fundido mediante una política de nombramientos que ha privilegiado a personajes de una clamorosa mediocridad, eliminando a técnicos y expertos y expulsando cualquier muestra de talento. Al frente de Renfe está Álvaro Fernández Heredia, un hombre a una nariz pegado, la de Óscar Puente. El citado dirigía la empresa municipal de autobuses de Valladolid cuando Puente se desempeñaba como regidor en la capital castellana. Ya ministro, lo nombró secretario general de Movilidad Sostenible en 2024, y en enero de 2025 lo colocó en la presidencia de Renfe, sin la menor idea de un sector crítico como el ferroviario. Las consecuencias de esta irresponsable purga están a la vista, yacen estos días en los cementerios: 115 muertos en dos tragedias ferroviarias en un solo año. “Es la concepción del poder que permitió la contratación de prostitutas en empresas públicas sencillamente porque todo valía”, decía el editorial que este diario publicó el pasado jueves.

No había dinero para invertir en el mantenimiento de infraestructuras críticas pero sí lo había para disparar el gasto corriente con el que alimentar el voto cautivo. Jamás Gobierno alguno en la historia de la democracia ha dispuesto de tanto dinero, de tantos recursos para haber convertido España en el mejor y más seguro país de la Unión, digno émulo de ese Japón que en 62 años no ha registrado un solo accidente en su muy cualificada red de alta velocidad. “Yo quiero saber adónde han ido a parar los miles de millones que nos entregó la UE para arreglar la red ferroviaria”, escribía estos días Juan Manuel Jiménez en la red social X. “Y quiero saber a cuántas prostitutas, amigas de Ábalos, ha enchufado el PSOE en Renfe y Adif. Y quiero saber a cuántas Miss Asturias ha colocado. Y quiero saber qué consecuencias se han sacado del accidente de Adamuz. Y quiero saber por qué Puente dedica más tiempo a tuitear en redes sociales que a arreglar los trenes…” Adif ha recibido 2.909 millones de los fondos Next Generation y Adif Alta Velocidad otros 2.898: 5.807 millones en total. Con ese respaldo, el Ejecutivo invirtió en 2025 apenas 435 millones al mantenimiento de la red de alta velocidad más extensa de Europa. Ese mismo año, España destinó más de 4.550 millones a ayuda oficial al desarrollo, un 13 % más que en 2024. El corolario es trágico: Sánchez dedica diez veces más dinero a “ayuda al desarrollo” que a conservar las vías por las que circulan a diario cientos de miles de españoles.

Cada martes, los Consejos de Ministros regalan cientos de millones, a veces miles de millones, a una variopinta lista de ONGs del más variado pelaje, todas con “perspectiva de género”, ayudas cuya trazabilidad resulta materialmente imposible seguir, que despiden un tufo insoportable a evasión de capitales, a robo a mano armada. Los españoles mueren en Adamuz y Urda mientras ellos se hacen ricos. El panorama de nuestra red de AV es dantesco. El 1 de febrero de este año escribí aquí que : «En abril de 2007, el ingeniero Manuel Melis, catedrático de Geotecnia en la ETS Caminos de La Coruña y de Ferrocarriles en la ETS Caminos de Madrid, toda una autoridad en ingeniería de proyectos, escribió un largo artículo en la Revista de Obras Públicas en el que diseccionaba la línea de AV Madrid-Barcelona. “Para que los trenes puedan circular a su Alta Velocidad de 350 km/h (y superior en los próximos años) no puede utilizarse la vía en balasto por los problemas del vuelo del balasto o schotterflug y el asiento de la traviesa. Debe utilizarse vía en placa, como el propio Ministerio ha reconocido”. El trabajo aludía in extenso a “los descensos y movimientos de los terraplenes y rellenos que llevan a una vía de muy mala calidad, lo que ha dado como resultado que el movimiento de los trenes en esa vía es hoy, a los 3 años de puesta en servicio, mucho mayor que el de la vía de Sevilla con 15 años de funcionamiento”». De modo que no es que Núñez Feijóo tenga razón cuando pide una auditoría integral de la red de AV española, es que habría que cerrar la línea Madrid-Barcelona para cambiar a vía en placa la actual de balasto y reforzar terraplenes, entre otras cosas, porque los españoles que la utilizan, entre ellos mis dos hijas semanalmente, se están jugando literalmente la vida.

Este país no puede seguir soportando un día más la presencia en el Gobierno de esta mafia liberticida y ladrona. Los derechos individuales a la seguridad (la vida), la libertad y la propiedad, el corazón mismo del sistema del Rule of Law desde Locke a esta parte, están hoy más en peligro que nunca en España. El 29 de noviembre hay que enviarles al paro y sentarles después en el banquillo. Y mantener los ojos bien abiertos hasta la noche de ese 29N, porque este bandolero no ha dicho su última palabra. Envalentonado por el éxito de otro corrupto de similar porte como Lula da Silva en Brasil, el sujeto había puesto en marcha una campaña electoral frívola, musiquita, bailecitos en el estrado con la camisetita roja ajustadita, todo muy guay, muy banal, muy estilo Lula, para hacer olvidar en el último suspiro los crímenes por él cometidos contra la nación de ciudadanos libres e iguales. No es ocioso recordar que esto no está ganado, y que si este tirano vocacional llegara a poder formar Gobierno otra vez, podríamos ir despidiéndonos de nuestras libertades. Brasil se parece cada día más a la Venezuela chavista (alguien ha dicho que Venezuela no es lo que pasa cuando el socialismo fracasa, sino cuando triunfa), con la oposición en la cárcel o en el exilio. Francia camina hacia el enfrentamiento civil tras la alianza entre la izquierda comunista de Mélenchon y el islamismo, y España estaría condenada al mismo trágico destino en caso de que el malhechor lograra repetir Gobierno. El  29 de noviembre los ciudadanos tienen la oportunidad de manifestar en las urnas lo que piensan de tanta iniquidad. Porque no es que los españoles se merezcan un Gobierno que no les mienta, es que se merecen un Gobierno que no les mate.