El plan del sanchismo para las elecciones del 29 de noviembre consistía en evitar como fuera la obligación democrática de rendir cuentas sobre los resultados de su gestión. En eso estaban cuando una catástrofe ferroviaria, por segunda vez en nueve meses, puso en evidencia el abandono de infraestructuras y sistemas de seguridad de la Alta Velocidad, degradados al nivel del “tren burra” que circulaba por mi tierra hace cien años. Ahora los publicistas de Moncloa reorientan la campaña y, vestido de penitente, encierran en los puestos de mando a Sánchez, que se hace el distraído sobre el requisito democrático de la responsabilidad política que le atañe. De paso, como le ocurrió con Zapatero, tampoco puede distanciarse de Puente porque, como en una cuerda de presos, van todos encadenados y, si cae uno, caen todos.

La tragedia ferroviaria retrata un fracaso innegable. Somos una democracia, pero el sanchismo gobierna como si no lo fuera. Que no se produjera la dimisión del responsable de Transportes por el accidente de Adamuz en enero ha llevado al de Urda, con 69 muertes, en octubre. En la rueda de prensa del pasado viernes, en un alarde de cobardía y deshonor insoportables, Puente justificó no asumir su obvia responsabilidad política por valentía, dijo, para “dar la cara”. Técnicos de reconocido prestigio han calificado esa comparecencia pública como “basura”. Reconocer que se ha quebrado la confianza en la seguridad de la Alta Velocidad, incuestionable competencia suya, y no dimitir demuestra la catadura del personaje. Como explica Pierre Rosanvallon, en el ya clásico El buen gobierno, “la dimisión de un ministro en cuanto figura responsable devuelve sentido y nobleza a la función política, así como a la persona en cuestión”. Pero, para eso, se necesitaría cultura democrática y no es el caso.

Deshonesto y chapucero

Qué inmoralidad la de Puente que, para intentar salvar su carrera política, elude hacerse cargo de una responsabilidad ineludible e intenta liar a la opinión pública con la confusión premeditada entre imputación política, toda suya, e imputación judicial, que compete a la Justicia, en terminología de Rosanvallon. Como en Adamuz, desde el primer minuto, cuando se estaban buscando víctimas entre los vagones, el ministro del ramo se concentró en hacer filtraciones sesgadas, manipuladas, que pudieran exculparle. Entre tanta indecencia, no tiene nombre la maniobra concertada con el diario El País el mismo miércoles para endosar la culpa del accidente a un trabajador, un eslabón en un sistema de seguridad imputable al cien por cien al propio titular de Transportes. Deshonesto y chapucero. Cuando le conocí en el Comité Regional del PSOE, era identificado como el gamberro de la sala, lo que demuestra que, como después se comprobó, el virus se incubó en el propio partido, para desgracia del país.

El sanchismo pasará a la historia como un caso excepcional de destrucción sistemática de los fundamentos propios de una democracia liberal destinados a producir confianza, interna y externa. Solo en los últimos meses, el catálogo de desastres abruma, con la violación de la frontera en Ceuta, sin respuesta del Gobierno; con el aislamiento absoluto en Europa en materia de política migratoria; con el fraude de las nacionalizaciones con fines electorales; y ahora con una nueva catástrofe ferroviaria que muestra un país en caída libre. Se ha degradado tanto la democracia española que el ministro que calificó el accidente de Adamuz como “inexplicable” y el de Toledo como ”inverosímil” mantiene aún un ejército de seguidores acérrimos que, si se les pregunta, aún confiarían en él para dirigir la seguridad ferroviaria. Un valiente que da la cara, como repican en redes y platós.

Un rapto de dignidad en Bilbao

En cualquier caso, la artimaña del conglomerado sanchista para que todo el debate político se concentre en fascismo-antifascismo pierde fuelle, suena ya a broma. Un ejemplo. A la vez que la portavoz socialista del Gobierno Elma Saiz, la candidata del Frente Amplio Ada Colau, Irene Montero, o el independentista Gabriel Rufián “acusaban” a Vox -¡víctima visible de las agresiones, como en La Coruña!- de estar detrás de las concentraciones violentas iniciadas en Madrid, el alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto, del PNV, reaccionó ante los actos de reconocible corte terrorista en su ciudad con un “no son antifascistas, son fascistas”. Tarde, sí, pero están detectando que la población no va a soportar que les quemen los coches y les roben las tiendas por discursitos guerracivilistas de ocasión. Detectan que la política de polarización es solo un plan que busca réditos en las urnas.

Hay pocas dudas sobre la necesidad perentoria de un cambio en profundidad en la política española a partir de las elecciones del 29 de noviembre. No bastará una alternancia al uso y sería muy buena noticia que los españoles dieran a quienes van a gobernar durante los próximos años una mayoría que les permita reparar los daños institucionales de envergadura que dejan ocho años de destrozos. Para hacer definitivamente  inviable en el futuro el proceso de sustitución de la España constitucional por un engendro plurinacional, el que lleva en cartera el nuevo Frente Popular, serían muy útiles mayorías cualificadas de 210 diputados y 161 senadores. Para Alberto Núñez Feijóo, el mayor desafío será lograr desde la presidencia del Gobierno que la degradación de la democracia que ha representado el sanchismo sea solo un paréntesis, un mal sueño, en nuestra historia democrática