La revelación de ABC de que el presidente de Adif rechazó duplicar el presupuesto de mantenimiento antes de la tragedia de Adamuz confirma los peligros de la politización del gestor ferroviario. Raúl Míguez, un ingeniero con más de veinte años de experiencia, advirtió de los riesgos derivados de la insuficiencia de recursos.

Su recomendación fue desatendida y, después del accidente, terminó relegado a un puesto secundario. Su sustituto, vinculado al PSOE, había desarrollado buena parte de su carrera en cargos políticos. Este episodio ilustra una degradación institucional que trasciende la gestión ferroviaria. La colonización partidista de los organismos públicos desplaza el conocimiento profesional, premia la obediencia y subordina las decisiones técnicas a las conveniencias del Gobierno. Cuando está en juego la seguridad de los ciudadanos, sus consecuencias son trágicas.

Óscar Puente debe explicar por qué se desoyeron aquellas advertencias y se apartó a quien las formuló. La responsabilidad política no puede recaer sistemáticamente sobre los técnicos mientras sus superiores permanecen intocables.