Editorial-El Correo

  • La llamada al vandalismo desde grupos como Blocus obliga a la autoprotección en Euskadi y somete a su población a un estrés insostenible, con un alto coste real

La psicosis desencadenada este fin de semana en Euskadi, a cuenta de la llamada a la agitación y el pillaje en las calles de la plataforma Blocus -finalmente sin ninguna incidencia-, obliga a abrir un profundo debate sobre la seguridad, la desinformación y el impacto económico en una ciudadanía sometida a un estrés insostenible. Es cierto que la ola de saqueos y destrozos que sacudió Barcelona y, días después, Bilbao invitaban a mantener la alerta ante las nuevas convocatorias en la capital vizcaína y Vitoria. Desde el anonimato de las redes sociales, la sombra de los altercados obligó a los comercios a una autoprotección sin precedentes -contratación de vigilancia privada, cierres prematuros y tapiado de escaparates-, mientras que la Policía realizaba un despliegue extraordinario para responder al desafío. Aunque la alarma se quedó en una mascarada en coincidencia con Halloween, lo que realmente asusta es la factura pública y privada que acarrea esta nueva forma de terror y vandalismo con la coartada falsa del descontento social. Negocios y vecinos se han visto obligados a asumir en primera persona el coste económico por el desplome de ventas y psicológico de una amenaza, esta vez, fantasma.

La movilización de jóvenes encapuchados y sin rostro en internet nada tiene que ver con las protestas contra la precariedad o la falta de vivienda, demandas legítimas de la juventud y desarrolladas sin incidentes en la mayoría de las ocasiones. Fenómenos como Blocus suponen todo un reto en prevención para los responsables de la seguridad en el País Vasco y el resto de Europa, que deben afrontar un nuevo tipo de abordaje – ayer se manifestó en varias ciudades europeas con un ataque informático que destruyó los congeladores de grandes cadenas de supermercados-.

Sin cuadros dirigentes conocidos ni programa y nisiquiera una ideología más allá de su manifiesta voluntad de quebrantar el orden, estos movimientos agitados por las redes constituyen todo un desafío añadido para la Ertzaintza en la lucha iniciada contra la ciberdelincuencia. La clave es detectar el origen de la amenaza y calibrar su veracidad para organizar una respuesta policial proporcional al alcance de la convocatoria. Y hacerlo sabiendo que su éxito reside en su capacidad para sembrar el caos y alterar la vida cotidiana, aunque se quede en pura propaganda. En realidad, ese es el protocolo necesario para neutralizar las nuevas franquicias de agitadores digitales o las algaradas violentas con aroma a gasolina del pasado que rebrotan en Euskadi