Han faltado nada menos que los mandatarios de Brasil, México y Venezuela.

La izquierda que gobierna, en muy distintos escenarios, tres de los países más importantes de la región, se ha quedado en casa con excusas diversas, ninguna demasiado sólida.

Mientras Lula, Sheinbaum y Delcy Rodríguez plantaban al presidente Sánchez, Milei y Kast, dos presidentes en sus antípodas políticas, agigantaban la presencia de Argentina y Chile a su más alto nivel.

Tampoco vino Keiko Fujimori, que permaneció en Perú ante la emergencia de lluvias, ni Santiago Peña, que alegó, con razón, asuntos prioritarios de Estado en Paraguay.

No seré yo quien atribuya automáticamente todas las ausencias a un desaire al presidente español, pues algunas responden a circunstancias internas y otras a decisiones de agenda.

Pero una cumbre internacional no se mide sólo por los documentos que consigue aprobar, sino, y muy especialmente, por la capacidad de convocatoria, la autoridad de quien ejerce de anfitrión y la influencia que ese país conserva sobre la comunidad que pretende liderar.

Y en esa evaluación aparece inevitablemente José Manuel Albares.

El ministro debe responder por la preparación y el resultado político de la convocatoria.

No puede decidir qué presidentes viajan, pero sí explicar qué capacidad de interlocución ha desplegado España y por qué una cumbre que debía visualizar su papel de puente entre Europa e Iberoamérica ha reunido a tan pocos jefes de Estado y de Gobierno.

El verdadero problema, a mi juicio, es que este episodio no puede analizarse de manera aislada.

Forma parte de una trayectoria de pérdida de credibilidad, con una política exterior en la que el cálculo coyuntural y las afinidades políticas parecen haber desplazado la defensa coherente de los intereses nacionales y de los principios.

La declaración final ha salido adelante y sería injusto ignorarlo.

Además, Albares se ha apresurado a anunciar otros resultados concretos, como la Alianza de Inteligencia Artificial, las Cartas de movilidad académica y de cuidados y la Red de reducción del riesgo de desastres.

Pero el consenso tiene límites expresos.

Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay no han suscrito el rechazo a la coerción y a las medidas contrarias a la Carta de Naciones Unidas.

Argentina se ha desvinculado, además, de los acuerdos sobre inteligencia artificial, movilidad académica y cuidados, mientras Paraguay se ha apartado de la iniciativa de IA y ha formulado reservas sobre el lenguaje de igualdad de género.

Madrid ha evitado el bloqueo de Cuenca, pero no ha logrado una posición política plenamente compartida.

Y, desde luego, el acuerdo no corrige la debilidad de la fotografía.

Pero quien ha evidenciado claramente la insoportable distancia entre cooperación y principios ha sido María Corina Machado.

En su escrito conjunto con Edmundo González Urrutia referido a la Declaración de Madrid, ambos advierten de que los avances de la Cumbre carecen de sentido pleno si la libertad, la democracia y los derechos fundamentales no son condición previa de la cooperación.

Condenan a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, afirman que sus ciudadanos no están democráticamente representados en un foro donde esos gobiernos totalitarios sí tienen voz, y reclaman una transición democrática para Venezuela.

Es una interpelación directa a la comunidad iberoamericana, que incluye una propuesta inteligente y retadora: que Caracas sea la sede de la Cumbre de 2030, en una Venezuela libre, soberana y democrática.

Y es que Venezuela sigue siendo el espejo más incómodo de la política exterior española.

La interlocución con el chavismo, el papel de José Luis Rodríguez Zapatero y la respuesta ante la persecución de la oposición han alimentado dudas sobre su coherencia en la defensa de los derechos humanos.

Pero el giro sobre el Sáhara Occidental, sus consecuencias en la relación con Argelia y la apuesta por recomponer los vínculos con Marruecos muestran también el coste de decisiones estratégicas que rompieron consensos internos y alteraron equilibrios regionales.

La aproximación a China y el tratamiento de Cuba escuecen en Europa y forman parte de un debate más profundo sobre la consistencia de nuestras alianzas.

La diplomacia necesita flexibilidad, pero no puede confundirse con la ausencia de principios reconocibles.

Y el problema tampoco termina en Albares.

El presidente Sánchez ha sido y es el responsable último de la orientación de la política exterior y de la forma en que España se relaciona con sus aliados.

Su soledad en esta Cumbre no necesita demasiadas explicaciones: el aislamiento general muestra el coste de una capacidad de interlocución gravemente deteriorada.

España dispone de una carrera diplomática profesional que necesita autonomía, continuidad y recursos para servir a una política exterior de Estado, no a las urgencias de cada legislatura.

Albares debe responder por la gestión de esta Cumbre; Sánchez, por el rumbo que la ha precedido y por la dañada credibilidad que hoy proyecta el país.

La cuestión no es si Madrid ha conseguido una declaración iberoamericana, sino si España conserva la autoridad política y moral para hacer que esa declaración importe.

Los países no reconocen el liderazgo porque alguien se lo atribuya, sino cuando encuentran razones para confiar en quien pretende ejercerlo.