La isla de El Hierro recibió este sábado a seiscientas personas en seis cayucos. El domingo desembarcaron al menos otras cuatrocientas. El Cabildo ha decretado la emergencia social y su presidente, Alpidio Armas, ha advertido: «Entra más gente de la que podemos derivar«.
El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha advertido de que el centro de atención temporal está al ciento veinte por ciento de su capacidad.
Pero la oleada de llegadas de inmigrantes ilegales a El Hierro no es una abstracción estadística. Satura los servicios sanitarios y agota a quienes deben hacerse cargo de la primera acogida.
Obligar a una isla a elegir entre atender a los recién llegados y preservar sus servicios públicos es una irresponsabilidad política que castiga a quienes sostienen, con su trabajo y sus impuestos, esos servicios públicos y que se ven desplazados de ellos por la llegada de cientos de miles de inmigrantes ilegales cada año.
Pedro Sánchez no puede presentar como solidaridad lo que no es más que la consecuencia de la imprevisión, la pasividad y la incompetencia de su Gobierno. Tampoco debería descargar sobre los españoles las consecuencias de su imprevisión.
La actual crisis de El Hierro, como en el caso de la invasión de Ceuta, llegó con preaviso.
Desde el primero de octubre hasta el jueves pasado llegaron a Canarias 8.143 personas, más de la mitad de las registradas durante el año hasta ese corte. El Hierro ha concentrado más de tres cuartas partes de las llegadas de octubre.
La desesperación de los ilegales, las mafias y las condiciones del mar explican las salidas.
Pero Sánchez debe responder políticamente por la generación de incentivos para esas mafias y esa inmigración ilegal, y por la incapacidad de España para anticiparse. Su proyecto acumula tres señales peligrosas: el efecto llamada de su acuerdo con Mauritania en 2024, la regularización masiva y el caos de Ceuta.
Ese es el triple efecto llamada. Los cayucos llegarían a las costas españolas aunque Pedro Sánchez no estuviera en el poder. Pero lo harían en números mucho menores y, desde luego, no incentivados por el efecto llamada.
Y por eso cabe exigir cuentas por una política que promete integración, como si esta fuera automática y no tuviera un coste elevadísimo para los españoles, sin asegurar ni el control ni los recursos.
Sánchez visitó Mauritania dos veces en 2024, el 8 de febrero y el 27 de agosto. La primera visita, con Ursula von der Leyen, impulsó compromisos de financiación y cooperación. La segunda añadió un acuerdo de migración circular y colaboración en seguridad.
En agosto de 2024, las declaraciones del presidente sobre la acogida de trabajadores extranjeros generaron un comprensible debate político por el efecto llamada que generaban en toda África.
A mediados de julio de 2025, las llegadas irregulares a Canarias habían descendido un cuarenta y uno por ciento. El Gobierno atribuyó la reducción a los acuerdos bilaterales, especialmente con Mauritania.
Pero el refuerzo de los controles mauritanos ha desplazado salidas hacia Senegal y Gambia. Contener un punto de partida sin blindar el conjunto deja a las mafias la posibilidad de cambiar de puerto.
«Una regularización no sustituye a una política de fronteras»
Fernando Grande-Marlaska ha viajado este viernes a Dakar para reclamar más control y anunciar una nueva contribución de 500.000 euros, esta vez para material de navegación y vigilancia de la Marina Nacional. Es otra intervención de urgencia sobre una ruta reactivada.
El problema no es financiar esa cooperación. Es presentar cada acuerdo como solución definitiva, cuando apenas es un parche temporal, y volver al cheque de urgencia cuando reaparecen los cayucos. La contención exterior necesita continuidad, evaluación y medios. Necesita planificación, no escenificaciones y fotos de acuerdos cortoplacistas.
El segundo vector es la expectativa de papeles generada por la regularización masiva de ilegales. La regularización de cientos de miles de ilegales no sustituye a una política de fronteras racional y de sentido común.
El proceso extraordinario cerró el plazo en junio con 1.174.978 solicitudes, más del doble de los casi 500.000 beneficiarios previstos. Son solicitudes, no permisos concedidos. Y quienes llegan ahora no cumplen el requisito de estar en España antes del 1 de enero de 2026.
Los ilegales que llegan hoy a España lo hacen con la expectativa de que otra regularización acabe convirtiendo la permanencia irregular en residencia legal. Ese incentivo debe ser eliminado por completo. La ilegalidad no puede tener premio.
El tercer mensaje procede de Ceuta. Este sábado se han cumplido cien días de las entradas masivas del 30 y el 31 de julio. Juan Jesús Vivas ha cifrado en unas 15.000 las personas que permanecen allí y ha descrito la conversión de su ciudad en un macro-CETI.
La Policía ha comenzado este domingo a desalojar el campamento del puerto. Pero reordenar carpas y realojar a los ilegales no equivale a resolver la crisis. Esos inmigrantes son ilegales, invadieron Ceuta y deben ser retornados a Marruecos sin demora.
Ceuta y El Hierro no son episodios aislados. Son territorios españoles obligados a administrar una presión que Sánchez no ha sabido prevenir ni resolver con una estrategia coherente ni con un proyecto de país que vaya más allá de las proclamas vacías sobre una empatía que cada día le cuesta más cara a los españoles. Financieramente, y en la degradación acelerada de los servicios públicos y de sus condiciones de vida.