Una conversación cotidiana con cualquier ciudadano español bastaría para constatar el deterioro de nuestras infraestructuras, antaño una de las joyas de la corona de nuestro modelo.

No es privativo de la alta velocidad, los trenes de cercanías o el metro. Resulta aplicable a unos servicios públicos que proyectan síntomas de saturación y deterioro, falta de financiación y mantenimiento, abandono, dejación y una defensa más retórica que real.

Hay síntomas aún más graves de la descomposición de un país. Los relatos construidos para edulcorar puntualmente la realidad y devolverla al carril propagandístico.

Como si la concentración de poder, convertida mediante una dinámica bulímica en un fin en sí misma, estuviera por encima de cualquier otra consideración y de la compasión con el dolor de las víctimas o la asunción de responsabilidades políticas.

Sólo así, en los justos términos de una descomposición no sólo política y social, sino también moral, podemos entender que se pretenda responder a la desconfianza, el miedo y el hartazgo con un ejercicio de manipulación como el que hemos presenciado. Y todo ello tras dos accidentes tan graves como los de Adamuz y Urda, producidos en menos de diez meses.

Filtración interesada y sesgada de audios y una inquietante operación para deslizar la tesis del error humano o proyectar la responsabilidad sobre un determinado trabajador, en vez de analizar las causas estructurales del deterioro de nuestra infraestructura pública.

Resulta sangrante que uno de los más zafios voceros de la operación añada que sabe «el calvario que le espera». ¿Qué pensarán las familias de las víctimas ante semejante ejercicio de indignidad?

Siendo todo ello grave, no lo es menos que se trate de eludir una imperativa reflexión política para quienes gustan tanto de trincheras identitarias con las que cribar la sociedad en bandos supuestamente irreconciliables.

Si los valores políticos tuvieran algo que ver con la realidad de este Gobierno, no se entendería la mansedumbre con la que aceptó la liberalización ferroviaria. Una majadería de dimensiones colosales, orientada por la añeja pretensión neoliberal de que la competencia entre operadores mejoraría casi mágicamente el servicio.

Basta con repasar las reflexiones de Ábalos, el que fuera otro hombre fuerte del presidente, para constatar el anhelado edén desregulador. Contradicción sempiterna de un socialismo que reparte carnés de compromiso social e izquierdismo, pero actúa de forma abiertamente contradictoria con lo que predica.

Se advierte una doble paradoja en todos los que ensayan explicaciones de baratillo sobre lo ocurrido. La primera reside en el propio catecismo neoliberal, que asumen incluso aquellos que se presentan como técnicos asépticos, ajenos a cualquier sesgo ideológico.

Mientras se prescribe la contracción del gasto público, la austeridad presupuestaria y las rebajas fiscales, se promueve una liberalización de servicios que operan sobre un monopolio natural, cuya infraestructura sigue siendo responsabilidad del Estado. Con el efecto contrario a los objetivos ideológicos pregonados y sacralizados.

El incremento de rutas, frecuencias y pasajeros exige mayores inversiones en mantenimiento y conservación, que se deberán asumir necesariamente desde las arcas del Estado.

A ello se suma una carencia obvia de la liberalización. La sacralizada libre competencia tiende a concentrarse en los corredores de alta velocidad, mientras que las conexiones de media distancia, esenciales para la vertebración territorial, pero poco rentables, siguen dependiendo de la financiación pública.

La liberalización no garantiza, por tanto, ni la cohesión territorial ni la sostenibilidad de la red.

Por su parte, el PSOE y sus acólitos de la izquierda a la izquierda (sic) se tragaron el sapo y, con sumisa aquiescencia, implementaron la medida.

Aún les tenemos (y tendremos) que escuchar despotricar contra la derecha neoliberal y contra el fascismo que viene, o alertar sobre las andanadas letales contra los servicios públicos que dicen defender en régimen de monopolio.

Y ello cuando han hecho tanto por su maltrato y desmantelamiento como los otros, con el agravante ético de dar lecciones desde el púlpito, entre mentiras, imposturas y traiciones.

La segunda paradoja es precisamente esa: una sedicente izquierda que denuncia la escolástica neoliberal, pero acepta su aplicación con una mansedumbre difícilmente compatible con la vehemencia de sus proclamas.

«Se ha sobrecargado la infraestructura del AVE con un incremento exponencial de pasajeros, mientras se hacía una irresponsable dejación de funciones en inversión y mantenimiento»

Un supuesto progresismo que reivindica de boquilla el Estado, pero es capaz de consentir el abandono de las políticas públicas y el desplome de la inversión en mantenimiento y renovación de la infraestructura.

Advirtió precisamente Tony Judt sobre las consecuencias nefastas de la liberalización ferroviaria en Reino Unido. Cierto es que los gobiernos conservadores británicos privatizaron la infraestructura, entregándola a Railtrack, con efectos desastrosos y posterior rescate por el Estado.

Aquí hablamos de liberalización en la prestación de servicios, presentada como bálsamo de Fierabrás para que la competencia entre operadores mejorase el servicio al ciudadano.

Los trenes son un ejemplo paradigmático de monopolio natural: la competencia está necesariamente condicionada por una infraestructura imposible de duplicar, sus altos costes fijos y la ineficiencia de semejante duplicidad.

Este hecho parece ser sistemáticamente ignorado por los apóstoles de la libre competencia, que inspiraron esas directivas europeas que se invocan como texto sagrado para solventar cualquier discrepancia.

La necesaria crítica de la liberalización no puede servir de pretexto para eludir las responsabilidades del Gobierno, que las tiene. Ni para maquillar una realidad dolorosa que nos interpela a todos, especialmente a la sedicente izquierda: la crisis de credibilidad del Estado y sus profundas disfuncionalidades.

Quien denuncia las limitaciones de la liberalización debe asumir también la responsabilidad política por el deterioro de la infraestructura, la insuficiencia de las inversiones y la dejación de las obligaciones del Estado.

Lo acontecido no responde a un patrón extraordinario ni imprevisible. Se ha sobrecargado la infraestructura ferroviaria de alta velocidad con un incremento exponencial de pasajeros y rutas, mientras se llevaba a cabo una irresponsable dejación de funciones en materia de inversión y mantenimiento.

Negar lo evidente no responde ya a un patrón ideológico, sino a la religión identitaria que atenaza a demasiados ciudadanos, sometidos a una lealtad tóxica a unas u otras siglas de partido.

Un comportamiento tribal, ajeno a cualquier cribado racional, dispuesto a justificar cualquier desmán con la habitual fórmula de acudir al rescate de «los nuestros» por el odio visceral a «los otros».

No todos los ciudadanos están dispuestos a tragarse las ruedas de molino de las trincheras identitarias ni del patriotismo de las siglas. Hay quien conserva el espíritu crítico y está dispuesto a disentir de la grey, aunque fuera haga demasiado frío. Y quien está dispuesto a hacerlo hasta las últimas consecuencias.

Entre ellos, Antonio, el maquinista del AVE fallecido, un hombre bueno, prudente y ejemplar, al que tuve la suerte de conocer.

Fue tan generoso que quiso acompañarnos en una aventura política quijotesca, la de Izquierda Española, a cuyo programa de transporte contribuyó de manera decisiva, con sabiduría y verdad.

No lo hizo por afán de protagonismo ni por buscar los focos, a los que era completamente alérgico, sino por la ética de la convicción. Siempre estará en nuestra memoria.

A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

*** Guillermo del Valle es abogado y director de El Jacobino.