Todos los elementos que rodean a la convocatoria de la huelga general de hoy miércoles hacen imposible ocultar cuál es la verdadera motivación de estos paros.
No estamos ante un conflicto laboral ordinario, sino ante una operación de agitación política diseñada para interferir de forma directa en el proceso electoral.
Los propios líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han tenido que admitir que se trata de una convocatoria «atípica».
Las fechas elegidas no dejan margen a la interpretación: la convocatoria de la huelga se formalizó el mismo día en que Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, terminó de despejar cualquier duda al reconocer en público que no se trataba de un paro contra el Ejecutivo, sino de una huelga «contra la oposición», algo tan inaudito como inédito en la democracia española.
A nadie se le oculta el propósito estrictamente electoralista de la cita.
A lo largo de los últimos ocho años de mandato de Sánchez, los sindicatos mayoritarios han permanecido en un aletargado y complaciente silencio frente al principal responsable del agravamiento del problema de la vivienda y el aumento del coste de la vida.
Ahora, a las puertas de las urnas, se deciden a levantarse dejando que el Ejecutivo instrumentalice las protestas sin ningún disimulo. El propio presidente del Gobierno difundió en vísperas de los paros un vídeo en sus redes sociales alentando la movilización con el argumento de impedir que «nos arrebaten las conquistas colectivas».
Resulta desolador comprobar cómo CCOO y UGT se prestan a actuar como meras sucursales políticas del Gobierno, al participar activamente en la campaña del miedo desplegada por la izquierda para intentar bloquear por la puerta de atrás la alternancia democrática.
Protestar genéricamente por el dramático estado de la economía de los hogares exceptuando a quien ha gobernado y legislado durante casi una década es una auténtica tomadura de pelo. Si bien la subordinación resulta comprensible desde el punto de vista presupuestario.
Porque Sánchez ha disparado las subvenciones a los sindicatos un 260% desde 2018. El Estado ha triplicado los pagos por afiliado frente a los 3,8 euros de hace ocho años, pese a que la tasa de afiliación ha caído al 12,5% de los trabajadores.
Nunca los objetivos de una huelga habían resultado tan difusos: no existe un proyecto de ley o una reforma laboral específica que justifique el paro. Y la convocatoria, de hecho, raya en la ilegalidad.
La ministra de Trabajo proclamó que se trata de una «huelga política», una categoría proscrita por el ordenamiento constitucional, y el Gobierno se ha apropiado de ella descaradamente en la rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros.
Al recalcar el ministro Bustinduy que «voy a hacer todo lo posible para contribuir a que la huelga sea un éxito», el Gobierno confiesa que está ejerciendo irregularmente de convocante y organizador oficioso de la huelga.
Desde la noche del martes, UGT y CCOO han desplegado sus piquetes informativos para intentar condicionar a quienes no quieran prestarse a esta farsa, en sintonía con los «piquetes nocturnos» del reconvertido Sindicato de Inquilinas, cuyos portavoces han advertido de que irán comercio por comercio para forzar el cierre.
Los primeros episodios de hostigamiento a comercios ya se han materializado, y los ataques vandálicos a pequeños negocios y oficinas revelan el cariz coactivo de la jornada.
Este clima de tensión permanente es el que busca alentar el conglomerado de la izquierda política y activista, con miras a calentar la inminente campaña electoral y torpedear de antemano la acción de un hipotético nuevo gobierno surgido de las urnas.
La implicación de Moncloa en el movimiento es tal que el propio Gobierno hará huelga de facto, pues Moncloa ha vaciado por completo la agenda pública de los veintidós ministros.
Pero la tan cacareada inteligencia estratégica del PSOE brilla por su ausencia en este caso.
¿Qué rédito espera obtener La Moncloa de esta maniobra? Sea un éxito (como vaticinan sus convocantes) o un fracaso (como auguran los pronósticos), la huelga se volverá contra el Gobierno que la ha jaleado de manera imprudente.
Si la convocatoria sale bien y logra parar la actividad económica, la sensación ciudadana dominante será la de una reforzada necesidad de ley y orden.
En tal caso, el concierto tumultuario trasladará la imagen de un bloque ideológico que antes incluso de abandonar el poder ya intenta dinamitar la convivencia y dañar la economía (el coste estimado en el PIB de esta huelga será de 2.000 millones de euros).
Y ante esa impresión de descontrol, cobrará más atractivo la respuesta planteada por Alberto Núñez Feijóo en su programa electoral, presentado este martes, y que contempla reafirmar el principio de autoridad de las Fuerzas de Seguridad e imponer penas severas para el vandalismo.
El Gobierno corre además el riesgo de que el protagonismo recaiga en los grupúsculos extremistas que han anunciado su intención de «liarla parda» desde esta misma medianoche, amenazando con convertir las calles en un escenario de altercados y sabotajes.
Si, por el contrario, la huelga sale mal y se confirman las encuestas (que sitúan la intención de seguimiento en poco más del 20% de los ocupados), el resultado será igualmente perjudicial para La Moncloa.
Porque se demostrará que sus fuerzas de agitación no pasan de tigres de papel, incapaces de movilizar a los actores colectivos y a la mayoría social que se vanaglorian de tener de su lado.