Ignacio Camacho-ABC
- Bien mirada, esta huelga estrambótica es como un día de reflexión anticipado. La penúltima anomalía de un mandato de desvaríos democráticos
La verdad verdadera sólo la dicen los niños, los viejos, los borrachos y muy de vez en cuando María Jesús Montero. Por eso cuando la exvicepresidenta afirmó muy ufana que la huelga general se convocaba contra la oposición, sus compañeros de partido le aconsejaron que aunque estuviera en lo cierto se mostrase un poco más discreta con el argumento porque en campaña electoral es mejor no ser demasiado rigurosos con los hechos. La realidad es que se trata de un paro inédito, el primero que se organiza a título preventivo y sin un objetivo concreto más que el de apoyar a un Gobierno descalabrado en los sondeos. Apoyo extraño también, porque es difícil separar los ocho años de Sánchez del encarecimiento de la vivienda, la inflación o la precariedad del empleo.
Las huelgas políticas, como la ha definido Yolanda Díaz en un entusiasta arrebato de nostalgia antifranquista retroactiva, son ilegales en España, o sea, que están prohibidas y por tanto no debería defenderlas alguien que todavía sigue siendo ministra. De Trabajo, por cierto, otra anomalía. En cualquier caso tampoco se entiende muy bien cómo puede ayudar esta estrambótica protesta a cerrarle el paso victorioso a la alternativa; quizá se trate sólo de que las centrales sindicales quieren exhibir musculatura reivindicativa ante el panorama que se les viene encima. O de que estaban mustias y necesitan sacudirse la galbana mortecina que les ha invadido en esta etapa de acomodaticia y bien retribuida complicidad con el mandato sanchista.
Para interrumpir la actividad de un país sólo es menester bloquear los transportes, y eso no es difícil en sectores laborales muy sindicalizados. Con inmovilizar, piquetes mediante, los metros, los trenes y los autobuses urbanos ya tienes medio plan resuelto porque la mayoría de la población no puede llegar a sus puestos de trabajo. Con eso y un seguimiento significativo entre los funcionarios, donde el grado de afiliación también es relativamente alto, los convocantes podrán dar la misión por cumplida, las subvenciones por bien ganadas y el día por bien aprovechado. Otra cosa es que sirva para algo a los efectos de movilizar el sufragio. Pero se pueden conformar con oír los denuestos de la derecha y las quejas de los empresarios.
Queda la incógnita de qué hará el Ejecutivo. Si tan contentos están sus miembros con la iniciativa sería lógico que se sintieran concernidos y se aplicasen el llamamiento a sí mismos. Tampoco habría gran diferencia con una jornada normal dada su escasa afición al estajanovismo; un simple vistazo al balance de ‘gestión’ basta para hacerse cargo de su concepto colectivo del compromiso. Y muchos españoles agradeceríamos una tregua siquiera de veinticuatro horas en el habitual tostón propagandístico. Bien mirada, esta huelga absurda, impúdicamente partidista, es como un día de reflexión anticipado, el penúltimo estertor de una legislatura de desvaríos sin reglas ni sentido. Una pausa para recordar que vivimos bajo un régimen de permanentes servicios mínimos.