Las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la borrasca Charles, que ha obligado a suspender algunas de las manifestaciones programadas para este miércoles, no han hecho sino deslavazar aún más las ya de por sí discretas movilizaciones por la huelga general.

La imagen que se desprende de la jornada es la de un escaso músculo de los sindicatos en sus delegaciones empresariales. Con el resultado de que han cobrado más protagonismo los episodios de violencia (como las decenas de detenciones y las cargas policiales contra los piquetes que han bloqueado el tráfico en Madrid, o los saqueos y ataques de encapuchados a los Mossos en Barcelona) que el respaldo ciudadano a los paros propiamente dicho.

El seguimiento de la huelga apenas ha registrado el 5%, según la patronal. Y aunque UGT y CCOO pudieran escudarse en la habitual disparidad de cifras, han rehusado facilitar datos que respalden su afirmación de que los paros han sido un «éxito», aduciendo que «es aburrido» (sic).

Su admisión, por el contrario, de que el seguimiento ha sido «desigual» y «asimétrico» según territorios y sectores equivale a una confesión tácita de que el 11-N ha sido un fracaso sin paliativos.

El indicador más fidedigno habitualmente empleado, la demanda de energía eléctrica, corrobora el pinchazo: sólo ha descendido un 2,5% respecto al día anterior.

No cabía augurar otro escenario dada la naturaleza de esta convocatoria.

A diferencia de los líderes sindicales, la mayoría de los trabajadores españoles se ha abstenido de respaldar este simulacro de huelga general, cuyas difusas reivindicaciones nunca se han esclarecido más allá de una genérica protesta contra el «rentismo», la especulación y las políticas de la derecha.

El hecho de que UGT y CCOO hayan llamado a protestar por el alza de los precios por encima de los convenios colectivos, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, sin señalar al principal responsable del agravamiento de estos problemas, basta para disuadir de secundarles a todos aquellos trabajadores que se toman en serio la lucha sindical.

Ha quedado con ello demostrado que los actuales sindicatos mayoritarios carecen de toda representatividad entre la población española.

Esto, sumado al hecho de que Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) llevan una década dirigiendo sus organizaciones como un instrumento al servicio del PSOE hace legítimo preguntarse por qué habría de mantener el nuevo Gobierno que salga de las urnas cualquier clase de ayuda o subvención a los sindicatos.

La desproporción entre el número de altercados y actos vandálicos y el de trabajadores que han secundado estos paros (convocados a dos días del comienzo de la campaña electoral) resulta elocuente sobre su verdadera motivación, que no es otra que avivar la tensión callejera con vistas al 29-N.

El Sindicato de Inquilinas ha avanzado que el 11-N es el comienzo de «un nuevo ciclo de luchas».

El secretario general de UGT ha reconocido el carácter preventivo de esta huelga, orientada a «dejar claro a quien gobierne después del 29-N que tiene que abrir los oídos».

Y se ha conocido que la ministra de Trabajo espoleó a Sordo y Álvarez para que se adhirieran al llamamiento a la huelga del Sindicato de Inquilinas, tras la caída de los decretos Maricarmen de vivienda.

Todo ello delata lo que subyace a los elementos laborales incorporados como pretexto para esquivar los supuestos de ilegalidad de una huelga política: el propósito del Gobierno de arrancar de las calles lo que no ha podido lograr en el Parlamento.

Esta maniobra es coherente con la deriva antisistema a la que se ha abandonado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Pero el Gobierno parece olvidar que, al socavar la legitimidad de la democracia formal, está minando la misma fuente de la que emana el poder del que está investido.

Es de por sí escandaloso que el Gobierno de la nación se inhiba en la lucha contra los desórdenes públicos, según ha quedado probado repetidamente en los últimos episodios de revueltas. Pero resulta por completo descabellado que el Ejecutivo cuestione el orden jurídico sobre el que descansan sus atribuciones.

El compromiso de Moncloa para «contribuir en todo lo posible a que la huelga sea un éxito» es un síntoma de desesperación en un Gobierno que ha perdido completamente el oremus, al desencadenar procesos que redundan en la impugnación de su misma autoridad.

Y pocas manifestaciones más elocuentes de la aberración conceptual que supone este 11-N que el absurdo de que el Gobierno se haya visto obligado a reprimir a los piquetes de la huelga que él mismo convocó.

Con todo, son UGT y CCOO quienes se han descerrajado el mayor tiro en el pie.

Sordo y Álvarez deberían haber extraído una moraleja de la humillación sufrida por David Broncano este lunes en la entrevista al líder de Vox: Sánchez acaba incinerando invariablemente a los actores que se procura como herramientas.

Porque, en los dos casos, el sufragio millonario por parte del Gobierno no es gratuito. Comporta como contraprestación que el presidente se reserva la facultad de reducirlos a la humillación si sus necesidades electorales así lo requieren.

Sánchez ha usado y tirado a los sindicatos como antes usó y tiró a Broncano. Pero en el pecado llevan ambos la penitencia.