Pero además, y por razón de supervivencia y relevancia, España tiene que afrontar la transformación que necesita para no quedarse atrás.

El Partido Popular ofrece con su programa una propuesta elaborada y razonable para la primera tarea.

Pero está menos claro que haya comprendido la dimensión de la segunda.

Sus 82 páginas y 249 medidas configuran un documento extenso, ordenado en torno a cuatro grandes objetivos: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la Nación y recuperar la ambición y la autoestima.

La secuencia tiene sentido.

Parte del diagnóstico reconocible de un Estado que ha perdido capacidad, unas instituciones sometidas a una presión política inaceptable, una convivencia deteriorada y una sociedad que parece haber rebajado sus expectativas sobre sí misma.

Es un programa de centro liberal, europeísta, con una orientación más conservadora que la que representó Ciudadanos en su etapa de mayor influencia, pero asentado en principios reconocibles de responsabilidad fiscal, seguridad jurídica, independencia institucional y confianza en la iniciativa individual.

No propone una ruptura con el marco europeo ni una transformación radical del modelo económico y social, más bien al contrario.

España necesita recuperar reglas compartidas e instituciones que cumplan su función.

Y, muy notablemente, una Administración competente y un Gobierno que no interfiera y que rinda cuentas.

En ese sentido, muchas de sus propuestas responden a una demanda legítima de sentido común.

Pero el sentido común no puede convertirse en el límite de la ambición política.

La magnitud del deterioro general explica que buena parte del esfuerzo del Partido Popular se concentre en reparar, auditar, restablecer controles y recuperar capacidades. Y falta hace.

Pero emerge sin remedio una pregunta que el programa no termina de resolver: ¿qué queremos construir una vez reparado lo que se ha deteriorado?

Resulta difícil encontrar una visión suficientemente elaborada de los cambios profundos que permitirían a España afrontar las próximas décadas con garantías.

Apenas una promesa de recuperar la ambición.

Cómo convertir esa aspiración en una transformación efectiva parece un capítulo inacabado.

Y, a mi juicio, donde más corto se queda es precisamente donde más se juega el futuro de nuestro país.

El apartado educativo, que apenas ocupa dos páginas, se titula «España tendrá su mejor resultado en PISA en cuatro años«.

Y reúne objetivos como asegurar que todos los alumnos terminen Primaria leyendo y calculando correctamente, detectar dificultades a tiempo, reforzar la autoridad y el prestigio docente, recuperar la exigencia, impulsar la Formación Profesional y exigir responsabilidad a las universidades.

Son más deseos o declaraciones de intenciones que propuestas.

No constituyen ni de lejos una política de transformación educativa, probablemente la necesidad más perentoria de nuestro país para poder seguir siendo relevante en el mundo.

Un partido que aspira a gobernar España no puede limitarse a sustituir una ley por otra ni a fijar como horizonte principal el ascenso en una clasificación internacional, porque el desafío es mucho mayor.

Ya escribí en este diario hace un par de meses que necesitamos una reconversión educativa que revise el propósito de la escuela, el papel del profesor, la organización del aprendizaje y la relación entre centros, familias y sociedad.

Una educación que no se limite a transmitir conocimientos, sino que prepare para aprender durante toda la vida, pensar con autonomía, discernir en medio de la abundancia de información, convivir con la diferencia y asumir responsabilidades.

Un cambio sistémico, viable, evaluable y capaz de implicar a toda la comunidad educativa.

La cuestión no es secundaria.

La educación determina buena parte de nuestra productividad y casi toda nuestra competitividad en un mundo global, pero también la calidad de nuestra ciudadanía.

Una sociedad que no garantiza la autonomía y la capacidad de sus individuos, que no enseña a pensar, contrastar y comprender, difícilmente podrá sostener una conversación pública exigente o construir acuerdos duraderos.

Por eso creo que la educación, y por ende la confianza de la sociedad en su futuro, debería ocupar un lugar central en cualquier proyecto de reconstrucción nacional.

Volver al camino correcto sería un logro considerable, pero no confundamos el rumbo con el destino.

La reconstrucción no puede consistir únicamente en recuperar lo que fuimos, sino en crear las condiciones para llegar a ser aquello que todavía podemos ser.