Editorial-El Correo
Los dos terribles accidentes de Adamuz y Urda, que se han cobrado la vida de 115 personas en menos de un año, han hecho saltar todas las alarmas en las instituciones españolas y comunitarias. Después de conocer a través de la prensa las supuestas irregularidades de la línea, la Fiscalía Europea y la UCO irrumpieron en las sedes de Adif, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y del Tribunal de Cuentas para recabar documentación. El órgano de la UE alberga la sospecha de un presunto fraude en la utilización de los fondos comunitarios que habían de destinarse a renovar los sistemas de seguridad del AVE Madrid-Sevilla. A ello se suma que Anticorrupción investiga desde junio de 2025 una macrodenuncia del Tribunal de Cuentas sobre posibles irregularidades en 17 contratos de obras adjudicados entre 2019 y 2023 por parte del gestor de la infraestructura y por valor de 801 millones, que también contaban con financiación procedente de Bruselas. Es tarde para enmendar las trágicas consecuencias de los siniestros pero no hay excusa para no levantar todas las alfombras, corregir las irregularidades, exigir las responsabilidades a quien corresponda y poner punto final a estos dramáticos años de la historia ferroviaria.