Jesús Cuadrado-Vozpópuli
- Los sindicatos se han convertido en abanderados de la campaña sanchista del miedo sobre pensiones, derechos laborales o sanidad pública
Ya se ha escrito todo sobre el rotundo fracaso de la huelga, ahora vamos con las consecuencias para los asalariados. Importa preguntarse por la relación entre la convocatoria del pasado 11 de noviembre y las funciones que la Constitución asigna a los sindicatos en la “promoción de los intereses económicos y sociales” de los trabajadores. Lo que pudo comprobarse es cómo UGT y CCOO ejercieron labores propias de agentes electorales y pusieron sus organizaciones al servicio de la estrategia electoral de Sánchez, y de las kale borroka. Es decir, un fraude más visible que la catedral de León. Los propios dirigentes Unai Sordo y Pepe Álvarez no ocultaron los objetivos de la convocatoria al hablar de “huelga heterodoxa”, de una “movilización” para aprovechar el “pico emocional” desencadenado con Maricarmen, de una acción “asimétrica”. Lo dicho, un fraude.
Estas organizaciones sindicales confundieron sus atribuciones constitucionales con las asignadas a los partidos políticos. A ese fin impropio dedicaron todos los medios que la democracia española les proporcionó con generosidad desde la Transición, recursos materiales y financieros que pusieron al servicio de una parte de los contendientes electorales contra otra parte, como si fueran auxiliares de partidos, a la vieja usanza. Para entendernos: ¿a quiénes votan los trabajadores españoles? Según una encuesta reciente de Gesop, a los partidos de Núñez Feijóo y Santiago Abascal, el doble que a los de Sánchez y Colau, datos similares a los del Cis de julio de 2025. Un detalle: el 20% de los empleados con salarios más bajos votan a Vox. En consecuencia, en una huelga contra la oposición y a favor del Gobierno, el 11N convocaron a trabajadores contra trabajadores, para encontrarse con el rechazo de todos finalmente.
Fracaso absoluto
Con dirigentes tan sectarios, no puede sorprender el nivel escandaloso de rechazo social que han logrado los sindicatos en España. Una desgracia para los intereses de los trabajadores porque perjudica el rol institucional que se le exige a estas organizaciones en las sociedades desarrolladas del siglo XXI. UGT y CCOO lideran en niveles de desconfianza todos los rankings europeos publicados, incluido el de la última encuesta del instituto TRUEDEM para 24 países de la UE, o los del propio Cis. Es enorme la distancia entre los primeros, con niveles de confianza superiores al 70%, y los sindicatos españoles, en la cola, con diferencias de 40 puntos porcentuales. El rechazo está claramente relacionado con el fracaso sindical a la hora de lograr mejoras reales en las condiciones laborales de los empleados. Se entiende que los trabajadores ignoren sus convocatorias, sea en las manifestaciones del 1 de mayo o en una huelga general.
Para entenderlo solo hay que comparar, por ejemplo, con los sindicatos daneses, en las antípodas de las organizaciones de Sordo y Álvarez. En primer lugar, nunca se les habría ocurrido poner sus sindicatos al servicio de partidos en unas elecciones. Los nórdicos se dedican a lo suyo, a proteger una política laboral basada en el exitoso sistema de “flexiseguridad”, un medio garantizado de diálogo social que les ha permitido lograr pleno empleo, salarios medios elevados, recolocaciones rápidas gracias a ofertas formativas que responden a la realidad productiva y en las que los sindicatos juegan un papel esencial. Y sin casos de corrupción. Su eficiencia se mide por cuánto tiempo tarda un trabajador en paro en volver a la actividad y por los niveles salariales logrados en los nuevos empleos. La sociedad danesa está orgullosa de sus sindicatos y les valora por unos resultados que favorecen su bienestar.
Burocracias aliadas del Gobierno
Voten a quienes voten, incluidas las candidaturas de Gabriel Rufián e Irene Montero, todos los trabajadores se ven perjudicados por unas organizaciones que pretenden esconder sus fracasos sindicales detrás de la subordinación política. UGT y CCOO se han implicado totalmente en las próximas elecciones en detrimento de labores esenciales de negociación colectiva y defensa de derechos laborales en empresas y centros de trabajo, perjudicando de paso a los sindicalistas que hacen bien su trabajo. Estas burocracias sindicales se han asociado tanto con el Gobierno que justifican no haber convocado huelgas en ocho años por pura militancia política. Para explicarse, Unai Sordo afirmó “los sindicatos han sido copartícipes de sus políticas”. Y de sus resultados, debería haber añadido, en vivienda, en salario medio o en el poder adquisitivo de los trabajadores. A quienes suelen decir que no hay nada más tonto que un obrero que vota a la derecha, se les podría replicar, en consecuencia, que más bien no hay nada más tonto que un dirigente sindical que apoya a quienes destrozan el nivel de vida de los trabajadores, a aquellos que, por ejemplo, han puesto a España a la cabeza de Europa en pobreza infantil.
La próxima mayoría parlamentaria está obligada a legislar para que nunca más sea posible la burla de un uso fraudulento del derecho constitucional a la huelga general. Los españoles han visto la utilización de organizaciones sindicales como recursos de campaña de unos partidos frente a otros. Tanto que se han convertido en abanderados de la campaña sanchista del miedo, con todas las falsificaciones incluidas, sobre pensiones, derechos laborales o sanidad pública. Y, lo peor, su apoyo a la polarización. En contextos históricos distintos, pero con la misma intencionalidad de descalificación de las alternativas democráticas, cuando el ugetista Pepe Álvarez afirma “habrá más conflictividad laboral” si gana la derecha, remite al ugetista Largo Caballero, que en 1934 amenazó “si triunfan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil”. ¿Han enloquecido?