«Vamos a avanzar con determinación en esa agenda. Con o sin apoyo de la oposición. Con o sin el concurso de un Poder Legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo».
Esto dijo Pedro Sánchez el 7 de septiembre de 2024 ante el Comité Federal del PSOE. Fue el anuncio de que estaba dispuesto a gobernar sin las Cortes si el Congreso no se plegaba a su agenda de forma incondicional.
Y Sánchez cumplió su palabra. España ha atravesado la legislatura entera con los Presupuestos de 2023 prorrogados, y el Gobierno ha solventado con decretos todo lo que no podía sacar adelante en el Congreso.
Dos años después, Sánchez ha dado un paso más. Ya no le basta con gobernar sin el Legislativo. Ahora pretende hacerlo sin el PSOE.
Como publica hoy EL ESPAÑOL, el presidente ha incluido en el programa electoral del 29 de noviembre el modelo de financiación pactado con ERC sin someterlo al Comité Federal, el órgano al que los estatutos del partido reservan esa decisión.
El artículo 27 de los Estatutos Federales es claro. Entre las competencias del Comité Federal figura la de «elaborar y aprobar el programa electoral de ámbito estatal». Para las listas admite una delegación por urgencia. Para el programa, no.
El motivo del atajo no es difícil de adivinar. Si Sánchez hubiera sometido a debate ese punto en concreto en el Comité Federal, las federaciones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias y Extremadura habrían votado en contra.
Sánchez, así, no ha esquivado un trámite. Ha evitado el único foro en el que su pacto con los independentistas habría quedado en evidencia ante su propio partido.
El último Comité Federal, celebrado el 17 de octubre en Fuenlabrada, ya anticipó el método. Se ratificaron las listas sin turno de palabra, y Emiliano García-Page no acudió a lo que consideraba «un trámite sin posibilidad de intervención».
El programa, presentado este domingo en Alcorcón entre banderas de España, promete «impulsar» el sistema aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo hace sin mencionar la ordinalidad ni la Hacienda catalana.
«Sánchez ha convertido en programa de todo el PSOE una propuesta que rechazan dos de sus tres gobiernos autonómicos»
Pero el origen del modelo no admite dudas. Fue Oriol Junqueras quien lo anunció en enero en la Moncloa, tras reunirse con Sánchez, con una cifra bajo el brazo: unos 4.700 millones más al año para Cataluña.
En septiembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo aprobó con el rechazo de todas las comunidades salvo Cataluña y Canarias. Bastó con el voto del Gobierno, que dispone de la mitad de los votos del órgano.
Entre quienes votaron en contra estaban Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por socialistas. Page llegó a calificar el modelo de «atentado grave contra la igualdad».
Es decir, Sánchez ha convertido en programa de todo el PSOE una propuesta que rechazan dos de sus tres gobiernos autonómicos de régimen común. Y que choca con la igualdad de derechos que el partido proclamó en su Congreso de Sevilla.
Nada de esto es nuevo. En 2023, Sánchez pidió el aval de la militancia para un acuerdo de gobierno sin mencionar la amnistía. Y desde 2018 los estatutos le eximen de pasar por primarias como presidente en ejercicio, salvo que lo reclame un tercio de la militancia.
El patrón es el mismo en el Gobierno y en el partido. Cuando el Congreso no le vota, gobierna por decreto. Cuando sus barones discrepan, les cierra la puerta.
Más allá del puenteo a su propio partido, está la ley. El artículo 138 de la Constitución prohíbe que las diferencias entre comunidades impliquen «privilegios económicos o sociales».
El 139 establece, además, que todos los españoles tienen «los mismos derechos y obligaciones» en cualquier parte del territorio.
Según analizó este periódico cuando Hacienda presentó el modelo, la ordinalidad que exigía ERC quedaba garantizada sólo para Cataluña. Ninguna otra comunidad tiene asegurado recibir en proporción a lo que aporta.
Fedea, por su parte, ha calificado uno de sus mecanismos, el ligado al IVA de las pymes, de «jugosa prima de financiación» para Cataluña.
Los 21.000 millones adicionales que promete el programa no caen del cielo. Salen de los impuestos de todos los españoles, que pagarán así un modelo cuyas cifras anunció Junqueras.
Junqueras prometió que «nadie pierde y todo el mundo gana». Pero en un reparto en el que una comunidad tiene asegurado su puesto, las demás se disputan lo que queda.
La responsabilidad es de Sánchez y sólo de Sánchez. Ha decidido que el precio de la investidura de Salvador Illa se convierta en un compromiso para toda España, y lo ha hecho sin dejar votar a quienes debían aprobarlo.
Primero prescindió del Parlamento. Ahora prescinde de su partido. De los españoles decidió prescindir en 2018, cuando puso el pie por primera vez, como presidente, en la Moncloa.