Javier Santacruz-El Español
- El PIB real español crece más que la media europea, pero eso no se está trasladando a la renta disponible, el ahorro y las oportunidades de las familias.
El PIB real español crece más que la media europea, se crea empleo al tiempo que aumenta la población activa y el sector exterior mantiene una evolución positiva.
Son buenas noticias, pero no bastan para hablar de prosperidad y progreso real de las familias en España.
La cuestión no es negar el crecimiento macro, lo cual sería absurdo, sino por qué se traslada tan débilmente a la renta disponible, el ahorro y las oportunidades.
No hay una conversión automática del PIB en bienestar: el crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente. Y, sobre todo, es obligado examinar si las políticas económicas están corrigiendo esa desconexión o contribuyendo a perpetuarla.
Desde 2019, el PIB real acumula un crecimiento del 11,9%, frente al 6,5% del PIB real por habitante, la renta disponible bruta real per cápita avanza un 5,5% y apenas un 2,4% en el caso del PIB por hora trabajada.
La convergencia también está prácticamente detenida: entre 2019 y 2025, la renta familiar española en paridad de poder de compra pasó del 88,4% al 89,8% de la media de la UE-27 y del 84,0% al 86,4% de la Eurozona.
Continuamos por debajo del 90% de la primera, prácticamente el nivel con el que entramos en el euro.
Dicho de otro modo, el nivel de vida del español medio ha mejorado muy poco desde antes de la pandemia.
La inflación acumulada, en torno al 27%, y la escasa productividad explican buena parte de esa distancia entre la «macro» y la «micro».
Un estudio de Funcas publicado a finales de octubre señala que la carencia material y social severa afectaba al 8,1% de la población en 2025, frente al 7,4% de 2015; en los hogares con menores de 16 años alcanzaba el 10,7%.
Mientras tanto, la media de la Unión Europea bajó del 9,7% al 6,3%. España figura entre los cinco países de la Unión con mayor privación.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 25,7% de la población sigue en riesgo de pobreza o exclusión social.
Hay una ligera mejora reciente, pero las políticas deben evaluarse por sus resultados, no por el crecimiento presupuestario de sus programas.
En productividad, el principal engranaje que hace funcionar la economía a lo largo del tiempo, el balance es decepcionante.
Una parte sustancial de la expansión del PIB proviene de sumar población y ocupados, no de producir mucho más por hora efectiva trabajada.
La creación de empleo es valiosa, especialmente con nuestro paro estructural, pero no sustituye a las ganancias de eficiencia.
Si el producto por hora trabajada apenas ha aumentado un 2,4% desde 2019, las políticas de formación, innovación, inversión y mejora del tamaño empresarial puestas en marcha en los últimos años, en el mejor de los casos, aún no producen resultados suficientes y en un escenario más cercano a la realidad, están siendo un fracaso.
Esto exige algo más que declaraciones a favor de la productividad: simplificar la regulación, reducir la fragmentación del mercado interior, mejorar los incentivos para invertir y adecuar la formación a las necesidades de las empresas.
Sin mejoras sostenidas de productividad, las subidas de salarios reales y la acumulación de ahorro carecen de una base sólida.
Sin ahorro e inversión productiva, la convergencia europea seguirá estancada.
La fiscalidad constituye el segundo examen pendiente. Los salarios nominales pueden aumentar sin que lo haga proporcionalmente la renta neta.
La ausencia de una deflactación sistemática del IRPF y el incremento de las cotizaciones sociales absorben parte de las mejoras salariales; la tributación del ahorro también condiciona la formación de patrimonio.
Una política que presume de recaudación creciente debería explicar cuánto crecimiento deja en manos de quienes trabajan, ahorran e invierten.
La suma de impuestos directos y cotizaciones sociales pagados por los hogares equivalía aproximadamente al 34,8% de su renta disponible bruta en junio de 2018. En marzo de 2026 alcanza el 39,7%.
En menos de ocho años, el indicador ha aumentado 4,9 puntos porcentuales, un 14% en términos relativos.
«No basta con gastar más, sino que importa cuánto mejora la vida de cada beneficiario y durante cuánto tiempo»
El tercer examen corresponde a la protección social.
Los indicadores de privación no permiten atribuir a una medida concreta el resultado agregado, pero sí obligan a revisar la eficacia del conjunto.
Si la vulnerabilidad persiste, especialmente entre las familias con hijos, hay que medir mejor la cobertura de las ayudas, su focalización, sus efectos sobre la inserción laboral y la capacidad de facilitar autonomía económica.
No basta con gastar más, sino que importa cuánto mejora la vida de cada beneficiario y durante cuánto tiempo.
La vivienda añade otro cuello de botella fundamental.
Una parte creciente de los ingresos familiares se destina a una necesidad básica con una oferta que hasta ahora se está comportando como rígida, pero que en realidad no debería serlo en un país donde no existe dificultad geográfica alguna excepto en las islas y algunas zonas de costa.
La escasez de suelo finalista, los plazos administrativos y la inseguridad jurídica encarecen el acceso y dificultan la emancipación.
Las políticas deberían juzgarse por cuántas viviendas permiten incorporar al mercado y a qué coste, no por la cantidad de intervenciones regulatorias aprobadas.
España cuenta con fortalezas indudables, desde sectores exportadores competitivos hasta la capacidad de atraer trabajadores e inversiones.
Muchos de los problemas descritos tampoco nacieron en esta legislatura.
Pero reconocer ambas cosas no exime de evaluar si las reformas actuales mejoran la productividad, alivian la carga fiscal efectiva y reducen las carencias sociales.
Hoy los resultados siguen siendo claramente insuficientes.
El PIB debe seguir siendo un indicador fundamental, pero nunca el único criterio de éxito económico.
Junto a él hay que medir la renta disponible real por persona, la productividad, la privación material, el ahorro familiar, la movilidad social y la capacidad de los jóvenes para emanciparse y acceder a una vivienda.
La prueba definitiva de una política económica es si permite a las familias ganar autonomía, ahorrar, construir patrimonio y ofrecer más oportunidades a sus hijos.
España puede crecer mucho en las estadísticas macro y, sin embargo, tener unas finanzas familiares precarias.
*** Javier Santacruz es economista.