Ignacio Camacho-ABC

  • El intervencionismo ventajista del Gobierno enturbia la campaña y la envuelve en un clima de generalizada susceptibilidad ciudadana

Una anomalía repetida se convierte en costumbre pero no deja por eso de ser una anomalía. Y esa «desviación o discrepancia de una regla o un uso» (RAE), elevada a patrón de comportamiento cotidiano, representa una de las más tristes características del mandato sanchista. El desbordamiento fáctico de las leyes y la preterición de los hábitos institucionales han pasado en estos años a ser una rutina, un método ordinario de gobernanza que pasa por encima de cualquier clase de convenciones establecidas con tal grado de naturalidad que ha llegado a provocar la peligrosa indiferencia de la ciudadanía. Y ese modelo de conducta, viciado por la marrullería continua, se vuelve especialmente repudiable cuando empaña la atmósfera de unas elecciones limpias.

La persistente falta de respeto a los procedimientos reglados ha convencido a muchos españoles de que el Gobierno puede organizar un pucherazo. Se trata de un recelo poco verosímil en un sistema de votación y escrutinio técnica y jurídicamente bien blindado, pero la trayectoria irregular del presidente no contribuye al clima de confianza necesario en el más elemental de los actos democráticos. Y él mismo, consciente del efecto de sus palabras en ese contexto de suspicacia, le da pábulo cuando respalda las toscas maniobras de intoxicación orquestadas por Tezanos e insiste en desafiar el consenso demoscópico instando a los adversarios a aceptar el resultado en términos exactos a los utilizados por Maduro en vísperas del zafio fraude venezolano.

La susceptibilidad es una consecuencia lógica de una legislatura llena de trampas, mentiras y enredos. Y tiene un punto de anclaje objetivo en la existencia de esa ‘ley de nietos’ que dificulta la trazabilidad del voto y constituye una verdadera adulteración del censo, el ‘demos’, el sujeto soberano sobre el que se sostiene todo el proceso. Sucede además que el Consejo de Ministros promulga en plena campaña decretos de medidas oportunistas convalidados en una Diputación Permanente cuya composición trastoca la proporcionalidad de la correlación de fuerzas del Parlamento. Y que, aunque por desgracia éste sea un fenómeno endémico desde hace mucho tiempo, la oposición sufre en Cataluña y el País Vasco un permanente acoso violento sin que el Ejecutivo garantice su seguridad y libertad de movimientos.

Ninguno de esos factores será por sí solo decisivo, pero entre todos han engendrado un turbio ambiente de ventajismo, un escenario asimétrico que excede de largo al clásico sesgo sectario de los recursos propagandísticos. No se trata tanto de ausencia de neutralidad gubernamental, un desiderátum inviable en la práctica de un régimen de partidos, como de un marco heterodoxo que envuelve los comicios en un entorno de tirantez y nervios donde la probabilidad de la alternancia es presentada como un motivo de alarma nacional, un trance crítico capaz de conducir al país a un precipicio regresivo. El argumentario preciso para someter el veredicto popular a la presión de un intervencionismo ilegítimo.