- Finalmente, solo 113.326 de los 353.000 inscritos en el CERA por la ‘ley de nietos’ se verán afectados por la suspensión cautelar del voto el 29-N.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del partido Vox contra la decisión de no suspender cautelarmente el derecho a votar el 29-N a los 190.000 hijos de las personas nacionalizadas por la llamada ‘ley de nietos’.
El censo electoral incluye a 189.678 personas que podrán votar el próximo 29 de noviembre, pese a que existen serias sospechas de que su inscripción en el CERA (censo de españoles residentes en el extranjero) es irregular, por contraria a la Ley de Memoria Democrática.
El pasado 10 de septiembre, el alto tribunal acordó suspender cautelarmente el ejercicio del voto de los 163.020 nacionalizados españoles al amparo de la ‘ley de nietos’ que no habían acreditado que sus ascendientes se vieron obligados a exiliarse de España por motivos políticos durante el franquismo, tal como estableció la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Pero esa norma permite también adquirir la nacionalidad a los hijos mayores de edad de aquellos a los que se ha reconocido la condición de españoles en virtud de la Ley de Memoria Democrática (la ‘ley de nietos’) y de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, los hijos de los ‘nietos’ son 189.678 personas, en principio incluidas en el CERA.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado en una resolución dictada ayer que ya no hay tiempo material para revisar el censo electoral respecto a esos 189.678 electores, como pidió Vox el pasado 23 de octubre.
Lo ha hecho reconociendo que esa revisión hubiera sido lo procedente, ya que esas 189.678 personas han sido nacionalizadas solo por ser hijos de aquellas personas a las que el Tribunal ya ha suspendido su inscripción censal por vehementes sospechas de irregularidad, al no haber acreditado el exilio de sus ascendientes.
«La Sala es consciente de que si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar [el pasado septiembre, cuando suspendió los efectos electorales de la inscripción de los ‘nietos’ en el CERA] la respuesta podría haber sido distinta», dice.
Pero recuerda el «esfuerzo» y el tiempo que ha costado ejecutar la medida cautelar de apartar del CERA a los ‘nietos’ sospechosos de haber sido nacionalizados sin cumplir la Ley de Memoria Democrática.
Cifra inferior a la inicial
Acordada el 10 de septiembre (antes de la convocatoria de elecciones anticipadas), no ha sido hasta el pasado 11 de noviembre cuando la Oficina del Censo Electoral ha certificado el cumplimiento de la medida cautelar, apartando del CERA vigente para el 29-N a un total de 113.326 ‘nietos’.
Es una cifra notablemente inferior a la de los 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que fueron identificados a uña de caballo por las oficinas consulares.
La diferencia se debe a que, de esos 163.202 ‘nietos’ en principio afectados por la medida cautelar, hay que restar a los auténticos descendientes de exiliados, que permanecerán en el censo al haberse ajustado a la Ley de Memoria Democrática (de los 901 iniciales, solo 729 están en el CERA y serán los que puedan votar); 2.195 nombres duplicados; 1.473 nacionalizados antes de la Ley de Memoria Democrática y 35.925 que no han sido encontrados en el CERA.
«Dos meses para llevar a cabo esa tarea», dice la Sala, que afirma que «la Administración General del Estado no actuó con la diligencia exigible dadas las circunstancias del caso».
«En el estado tan avanzado del proceso electoral en curso -entonces a tres semanas de la votación, ahora a menos de dos- no resulta posible iniciar un nuevo procedimiento de revisión del censo como el pretendido, que permita no solo su conclusión con antelación al día de la votación (…) sino también que se garantice el derecho a ser oídas las personas afectadas y que antes de esas fechas pueda darse respuesta a sus alegaciones», explican los magistrados.
Explican que esa revisión «está lejos de resultar sencilla».
No bastaría con identificar a los hijos de los 901 ‘nietos’ que han logrado la certificación consular de que son descendientes de exiliados.
Además, habría que identificar a los hijos de los 113.326 falsos ‘nietos’ de exiliados, a los que habría que emplazar para darles la oportunidad de personarse en el procedimiento judicial y hacer alegaciones sobre la suspensión cautelar de su derecho a votar.
A ello se une la necesidad de que el censo electoral esté cerrado con la suficiente antelación, añade la Sala.
Todo ello hace «inviable», indica el Supremo, ampliar la medida cautelar a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’.
Voto discrepante
La posición del magistrado Antonio Fonseca-Herrero, que ya emitió un voto discrepante el pasado día 18, sigue siendo la de que habría que haber suspendido el voto de los 190.000 hijos de los ‘nietos’.
A su juicio, el 29-N se debe poder ir a las urnas «con un censo electoral que garantice el resultado del ejercicio del derecho al voto de los electores».
«Bastaba para ello, y basta, con exigir la actuación diligente de las administraciones públicas desde el mismo momento de la adopción de las nuevas medidas, no esperando hasta que se produjese un incumplimiento de la Administración, como ocurrió con las iniciales medidas» del 10 de septiembre.
Fonseca-Herrero admite que el proceso judicial y la ampliación de la medida cautelar habrían producido efectos en el actual «proceso electoral sobrevenido». «Pero la respuesta no puede ser dejar de hacer lo que es procedente sino imponer lo que debe hacerse con las consecuencias que ello pueda tener. No en vano el proceso electoral se convocó con el CERA parcialmente suspendido y en proceso de revisión», señala.
La decisión de la Sala «tiene el efecto de permitir la participación electoral de personas cuyas inscripciones en el CERA estaban claramente viciadas por derivar directamente de la inscripción previa de sus progenitores, siendo un hecho objetivo y acreditado que 163.020 de esos progenitores inscritos lo había sido irregularmente, pues solo 901 estaban válidamente incluidos en el CERA como deriva de las certificaciones expedidas por las autoridades consulares».
Ello «produciría consecuencias jurídicas irreparables en el resultado electoral«, advierte el juez discrepante.
«En el conflicto sobrevenido entre el derecho individual a votar, sin duda relevante constitucionalmente, y entre el derecho fundamental de participación política de todos los españoles en un proceso electoral fuera de toda sospecha que siempre sirvió de base jurídica a nuestras decisiones -conflicto nunca antes planteado con la relevancia con que ahora se nos presenta-, sostengo que se debe priorizar este último», afirma.