Editorial-El Español

A sólo nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Consejo de Ministros se ha reunido de forma extraordinaria este viernes para aprobar el real decreto que regula los centros de datos.

Lo ha hecho con buena parte del sector en contra, con las objeciones de los letrados del Consejo de Estado sobre la mesa y con la Comunidad de Madrid dispuesta a recurrirlo por invasión de competencias.

No es una norma menor. Son las regla de juego de una de las pocas industrias capaces de atraer decenas de miles de millones de inversión a España en esta década.

El decreto exige a los centros de diez o más megavatios que el 80% de la electricidad que consumen proceda de renovables nuevas. Y que lo acrediten hora a hora. También de noche.

Los proyectos que ya estaban en tramitación tendrán entre tres y seis meses para adaptarse a unas exigencias que no existían cuando se pusieron en marcha. Si no lo consiguen, deberán renunciar a su acceso a la red eléctrica.

Quien incumpla después se expone a recargos que la patronal SpainDC cifra entre el 300% y el 500% de los peajes, y a la suspensión de su derecho de acceso a la red durante hasta tres años.

SpainDC, que agrupa a Amazon, Google y Microsoft, advirtió en sus alegaciones de que esa suma de requisitos, plazos y penalizaciones equivale a una prohibición de facto. Ya ha anunciado que recurrirá el decreto y pedirá su suspensión cautelar.

En la práctica, lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez es aplicar reglas nuevas a inversiones comprometidas con las antiguas. Eso tiene un nombre: retroactividad. Y convierte los centros de datos en la nueva superstición ‘magufa’ de la izquierda, como antes lo fueron las nucleares.

Y no lo dice sólo el sector. Los letrados del Consejo de Estado identificaron hasta catorce puntos potencialmente contrarios al ordenamiento jurídico en el borrador.

Entre ellos figuraban la posible invasión de competencias autonómicas, la aplicación retroactiva de determinadas disposiciones y la proporcionalidad de las obligaciones y sanciones. También dudaron de que la tramitación urgente estuviera justificada.

La CNMC, por su parte, había calificado el borrador de «demasiado estricto y poco viable«.

¿Qué urgencia justifica aprobar con las Cortes disueltas una norma que el sector, la CNMC y los letrados del Consejo de Estado habían cuestionado? La respuesta es política. Como ha publicado este periódico, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido cerrar su agenda antes del 29-N.

«Cada mes de incertidumbre es un mes en que los inversores miran a otro país»

Al tratarse de un real decreto, la norma no necesita pasar por la Diputación Permanente. Entrará en vigor tras su publicación en el BOE, sin control parlamentario y con la oposición ya en campaña.

El PP ha anunciado que lo derogará porque, en palabras de Alberto Nadal, «prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos». Pero la derogación no será automática.

El mandato de regular el sector figura en el Real Decreto-ley 7/2026, una norma con rango de ley. Desmontar el decreto llevará tiempo. Y cada mes de incertidumbre es un mes en que los inversores miran a otro país.

Ahí reside la gravedad de la maniobra. Porque este Gobierno, al final de su mandato, no se limita a gobernar temas de estricta urgencia. Ata las manos del siguiente y le deja hechos consumados que tendrá que deshacer.

Lo que está en juego es mucho. Sólo en Aragón, Amazon Web Services ha anunciado inversiones por 33.700 millones de euros, Microsoft prevé más de 5.000 millones y Blackstone, 13.471 millones en Calatorao.

Teruel ya perdió en 2020 la central térmica de Andorra. Ahora espera en La Puebla de Híjar el primer centro de datos de la provincia.

Es legítimo que el Gobierno quiera proteger la red y el precio de la luz. La vicepresidenta Sara Aagesen ha sostenido que, sin este decreto, los consumidores pagarían 5.000 millones más en sus facturas.

Pero España no sufre escasez de energía renovable. La desperdicia. Los vertidos que la red no puede transportar superaron a mediados de octubre los seis teravatios hora, y se concentran en Aragón y Extremadura. Es decir, justo donde quieren instalarse los centros de datos.

La asociación Multinacionales con España ha recordado este viernes que «la estabilidad y la previsibilidad del marco regulatorio son determinantes» para atraer inversiones de esta magnitud.

Sánchez presumió, al convocar las elecciones, de su oposición «a los tecnoligarcas». Ahora ha elegido la desconfianza frente a la previsibilidad, y el decreto frente al acuerdo.

Sánchez no ha regulado una industria. Ha firmado una hipoteca sobre ella a nombre de quien venga después.