Agustín Valadolid-Vozpópuli

  • En un ejercicio alegal de descarado electoralismo, el Gobierno reparte miles de millones hipotecando los márgenes de maniobra financiera del próximo gobierno

Han sido tantos y tan graves los casos de corrupción política y moral que hemos presenciado en esta legislatura que apenas nos queda espacio para la sorpresa. Pareciera que la única forma eficaz de sobreponerse a la escandalosa cotidianidad haya consistido en tomar distancia, o directamente escapar de la realidad. Le ha pasado a buena parte del cuerpo social del país y nos sigue pasando a los que nos dedicamos a seguir de cerca la actualidad.

No es que hayamos dejado de contabilizar las anomalías; es que también nosotros, empujados hacia territorios en los que predomina la banalidad del debate, víctimas muchas veces pasivas de una devastadora guerra de trincheras que solo ha beneficiado a quienes no creen en los contrapesos, hemos llegado a esta recta final exhaustos, en buena parte insensibilizados frente al escándalo, lo que en ocasiones nos ha llevado a no distinguir lo urgente de lo importante.

Esta campaña electoral es un buen ejemplo del aturdimiento que puede llegar a provocar la prestidigitación política; de la normalización de la frivolidad como estrategia de distracción. La última prueba de este anómalo escenario es el desproporcionado espacio destinado a comentar pseudo entrevistas de dirigentes políticos con influencers o revistas del corazón en comparación con la mínima atención prestada a la última inmoralidad, costosísima inmoralidad, perpetrada por este gobierno.

Esa legalidad de la que usted me habla

Debo ser un boomer ya irreconducible, pero es que no deja de sorprenderme lo poco que nos sorprendemos. El muy limitado escándalo que provocan decisiones tan descaradamente oportunistas como las que este gobierno está tomando, vía decretos-leyes, en plena campaña. La subida un 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el aumento del sueldo de los funcionarios un 4,5% (más un 0,5% complementario y retroactivo desde el 1 de enero de 2026) y el anuncio antes del 29-N de la revalorización de las pensiones en aproximadamente un 3,6%, son medidas incompatibles con la mínima limpieza que, en un escenario electoral, todos debieran observar.

El Gobierno no está en funciones hasta después de celebradas las elecciones, pero la ley exige que una vez disueltas las Cortes use sus facultades con estricto respeto a la neutralidad institucional. El Consejo de ministros solo puede aprobar reglamentos y decretos-leyes en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”, y están prohibidos los actos financiados por los poderes públicos en los que se aluda a logros obtenidos, así como inaugurar obras o servicios en el período que va de la disolución de las cámaras a la jornada electoral.

¿Qué tiene a priori más impacto social? ¿La inauguración de, por ejemplo, un polideportivo, o subir casi un 5% el salario a 4 millones de personas, entre funcionarios de la Administración General del Estado y empleados de las administraciones autonómicas y locales? Añadamos los 2,5 millones que se van a beneficiar de un incremento del SMI muy por encima de la inflación y los 9,5 millones de jubilados que conocerán antes de lo que viene siendo habitual cuánto va a aumentar en 2027 su pensión.

Una máquina de propaganda

La pedrea electoral que van a recibir unos 16 millones de ciudadanos, supondrá que a lo largo del próximo ejercicio habrá que hacer un desembolso complementario superior a los 30.000 millones de euros, cantidad que, sin presupuestos, pasa a engordar una deuda ya de por sí disparatada que reducirá los márgenes de gestión del gobierno entrante y sobre todo hipotecará aún más a las futuras generaciones.

En el debate del jueves Alberto Núñez Feijóo nada dijo de esto. Puedo entender su miedo a que cualquier crítica a estas decisiones, expresada en la recta final de la campaña, brinde a Sánchez la oportunidad de jugar una carta inesperada. Pero el líder del PP está tardando en anunciar que, de acuerdo con sus compromisos de regeneración democrática, modificará las leyes para impedir este tipo de operaciones políticamente inmorales.

El reparto a discreción de miles de millones en víspera de la cita con las urnas, con la indisimulada intención de mejorar las expectativas electorales del partido gobernante, es la última anomalía que pasa a engrosar el bloque de acciones contrarias al espíritu constitucional cuya prohibición el legislador no creyó necesario explicitar.

Nadie en 1978 imaginó que algún día un presidente del Gobierno iba a prorrogar tres años seguidos los presupuestos; o a normalizar el uso del decreto-ley para eludir el proceso de control parlamentario en otros tiempos insustituible cuando se trata de medidas de elevado impacto social; o a conceder a una institución transitoria y por lo tanto menor, la Diputación Permanente del Congreso, el poder de rectificar las decisiones aprobadas por la mayoría del Parlamento.

Nadie nunca sospechó que llegaría el día en el que el Consejo de Ministros iba a convertirse en una formidable máquina de propaganda.

La cita del sábado: fatal moderación

“La moderación es algo fatal… Nada triunfa como el exceso”.

(Oscar Wilde. Una mujer sin importancia)