Los presos de ETA no piden el final de la banda y exigen ‘amnistía completa’

El colectivo de presos de ETA ha hecho público un comunicado en el que ha decidido sumarse al Acuerdo de Gernika, el texto que pide a la banda armada un «alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional» y al Gobierno, un cambio en la política penitenciaria.

En el comunicado enviado a Gara, -que por en la tarde del viernes había adelantado en su edición digital las líneas fundamentales- el colectivo opina que el acuerdo se ha convertido en «la referencia» para la construcción de un escenario democrático y que en esa medida tiene también su apoyo. Sin embargo, no se hace alusión en ningún momento a ETA ni pide el final definitivo de la violencia.

En su lugar, exige la «amnistía completa» para todos los presos etarras y carga contra la «despreciable» política penitenciaria de España y Francia al tiempo que rechaza la posibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios, una posibilidad que sí plantean los firmantes originales del acuerdo.

En el escrito, los presos se presentan como un agente «imprescindible» a la hora de «lograr una solución para el conflicto» y muestran su «compromiso firme de empujar para avanzar en el proceso democrático».

Pese a aceptar que lograr que ese escenario democrático «no es un reto cualquiera», los presos de ETA recalcan su «convencimiento» de conseguirlo y anuncia su «compromiso total con impulsar el proceso democrático hasta el final».

En el comunicado explican que durante los últimos meses se han producido aclaraciones sobre los contenidos del Acuerdo de Gernika y que en ese sentido «ha quedado clara la necesidad de aplicar enseguida y sin contrapartidas, los derechos que nos corresponden».

Rechazan los beneficios penitenciarios

En el comunicado, los presos de ETA advierten también de que son un colectivo que sitúa «más allá de los intereses del individuo» para avisar de que no van aceptar «la solución y la despreciable política personal beneficiosa que «ofrecen» España y Francia en torno al sistema carcelario creado para destruir el carácter político y humano del colectivo».

De este modo el EPPK (siglas en euskera Euskal Preso Politokoen Kolecktiboa) escenifica un cierre de filas y marca distancias con otros presos etarras que sí se han acogido a este tipo de beneficios a cambio de renunciar a su pasado terrorista como los presos de la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca. «Hacemos frente al sistema represivo penitenciario que tiene como fin una astuta utilidad política y chantaje», añade el texto.

En cambio, en el acuerdo original pactado en Gernika hace un año sí que se incluían medidas como la «concesión de libertades provisionales a todos los presos preventivos pendientes de juicio en prisión», «concesión de libertades condicionales a todos los presos penados que hayan cumplido los requisitos legales» o «aplicación sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos».

La férrea disciplina que ETA ha impuesto históricamente a sus presos en las cárceles siempre ha rechazado estos beneficios penitenciarios al entender que corresponden a presos comunes y no a presos de carácter político como ellos se consideran. En ese sentido, el comunicado del EPPK vuelve a reivindicar el «estatus político» del que dicen formar en el colectivo

Asimismo, agradecen la atención mostrada por los firmantes del acuerdo de Gernika «a pesar de que Madrid y París hayan intentado impedir la relación directa». «La relación mantenida durante estos meses, superando los obstáculos, ha dado sus frutos», celebran.

«Pinchar la cabezonería-ceguera y las actitudes que pretenden estancar el conflicto y lograr un escenario que garantice un futuro libre no son cualquier desafío. Con el convencimiento de que el proceso que tenemos en marcha nos conducirá al cumplimiento, tenemos el compromiso de impulsar el proceso democrático hasta el final. ¡Y lo lograremos!», zanja el comunicado.

El Acuerdo de Gernika

El Acuerdo de Gernika situaba la «amnistía» para «todos los presos políticos vascos» y el establecimiento de una nueva negociación política que termine en la «independencia» como siguientes fundamentales recogidos en la hoja de ruta, que previamente exigía un alto el fuego de ETA, la legalización de una marca electoral con la que poder acudir a las urnas y parar en las detenciones.

Este documento fue firmado el pasado 25 de septiembre por las tres formaciones que integran Bildu (EA, Alternatiba y Batasuna) así como varias de la plataformas que han nutrido de independientes las listas de la coalición abertzale. Bajo el título ‘Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas’ se abogaba por establecer «una situación de no violencia con garantías» y el primer emplazamiento iba dirigido a ETA.

En concreto, solicitaban la declaración de «un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada». Los terroristas tardaron hasta medio año en dar respuesta parcialmente a esta cuestión en su comunicado de alto del 10 de enero ya que declararon un alto el fuego «general permanente y verificable», pero sin hacer ninguna mención a que la decisión fuese definitiva.

Dos matices que no gustan a los presos

Sin embargo, en el Acuerdo de Gernika hay dos matices que no gustaron a ETA ni al colectivo oficial de los presos de la banda: el primero de ellos era la referencia a la libertad condicional para los presos «que hayan cumplido los requisitos legales». El colectivo de presos y los grupos de apoyo en el exterior han reclamado siempre esa libertad para los reclusos que habían cumplido tres cuartas partes de la condena, interpretando que sólo con eso cumplían los requisitos, sin tener en cuenta otros requerimientos legales, informa Vasco Press.

En segundo lugar, se aboga por la aplicación de los beneficios penitenciarios «legalmente establecidos», lo que supone una remisión a los requisitos legales que la mayoría de los etarras presos rechazan. Para pasar de grado hay que mantener una determinada actitud dentro de las cárceles, hay que solicitarlo y, en suma, hay que ajustarse a lo establecido en la legislación penitenciaria. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, los presos críticos -que cumplen condena en la prisión alavesa de Nanclares de Oca-, pero es algo que han venido rechazando los alineados con la ortodoxia etarra.

El sector oficial, que se expresa a través del denominado Colectivo de Presos Políticos vascos, envió el pasado mes de febrero un escrito a los partidos firmantes del Acuerdo de Gernika en el que, en primer lugar, no solicitaban su adhesión, lo cual era una diferencia significativa con los de Nanclares. Además, reclamaban apoyo a los firmantes para oponerse a la política penitenciaria y para que se les reconociera un «estatus político» a los reclusos, otra de las reclamaciones tradicionales que no estaba expresada en el Acuerdo. Aunque no de manera pública, la representación oficial de los presos de ETA solicitó la supresión del texto del acuerdo de las dos referencias a la legalidad contenidas en el documento, lo que no fue aceptado por los firmantes, según fuentes de la lucha antiterrorista.

Los beneficios penitenciarios son individuales

Fuentes penitenciarias consultadas por Efe han reconocido que la decisión del colectivo de presos etarras es «una buena noticia», aunque han insistido en que se seguirá aplicando escrupulosamente la vigente ley penitenciaria. Aunque el acuerdo reclama la libertad condicional de aquellos reclusos que cumplan los requisitos legales, lo que únicamente puede obtenerse de forma individual y no colectiva.

Para que un preso de ETA acceda a la libertad condicional, debe cumplir tres requisitos: tener un pronóstico de reinserción social favorable, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y estar clasificado en tercer grado penitenciario. No obstante, para acceder a ese grado la ley establece una serie de condiciones. Las exigencias específicas para los etarras consisten en mostrar «signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas» y colaborar «activamente» con la Justicia, «lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito».

«Cada preso debe dar este paso de forma individual», han subrayado las fuentes penitenciarias consultadas por Efe, que han insistido en que no hay «soluciones colectivas».

Los disidentes piden reparar a las víctimas

Por otra parte, están los críticos, presos en Nanclares. Su petición de adhesión al Acuerdo de Gernika fue en un primer momento boicoteada por la izquierda abertzale para evitar que quedara en evidencia el sector oficial de los presos que no ha manifestado la intención de sumarse.

Ahora, este colectivo de presos etarras disidentes han emitido este viernes otro comunicado en el que también se unen al Acuerdo de Gernika y señalan que «ya es hora de abordar sin dilación el reconocimiento y la reparación de las víctimas y la reconciliación social».

En los últimos meses, la dirección de ETA ha preguntado a sus presos si debe anunciar el abandono de las armas o si debe seguir en la situación actual. No obstante, los expertos de las fuerzas de la lucha antiterrorista creen que la dirección de ETA tiene clara la decisión de mantener la situación de alto el fuego actual, por lo menos hasta que las próximas elecciones diluciden cuál va a ser la estrategia del próximo Gobierno.