EL CORREO, 11/1/12
Presentan escritos en los que piden su excarcelación o la de un compañero afectado por la ‘doctrina Parot’ o con tres cuartas partes de condena cumplida
Sin descanso. La izquierda abertzale y el colectivo de presos no quieren dejar ni un momento de respiro a las instituciones españolas -Gobierno de Mariano Rajoy y tribunales de justicia-. Desde hace dos meses el movimiento independentista mantiene una campaña para exigir cambios en la política penitenciaria, la derogación de la ‘doctrina Parot’ y el acercamiento de los reclusos a cárceles cercanas a Euskadi. Una estrategia de presión que vivió uno de sus grandes momentos el pasado sábado cuando decenas de miles de ciudadanos recorrieron Bilbao en la mayor manifestación celebrada en favor de los etarras encarcelados.
LOS DATOS
El colectivo. Un total de 516 presos de ETA figuran encarcelados en España, según Etxerat. Este listado no incluye a los disidentes que han pedido perdón.
Campaña. En noviembre el EPPK autorizó a los presos la petición de beneficios penitenciarios, aunque lo ligó a una campaña conjunta de todo el colectivo.
La movilización en pro de este colectivo no tiene como escenario sólo la calle. También se desarrolla en la Audiencia Nacional. Según informaron ayer varias agencias, alrededor de 500 presos de ETA en prisiones españolas han remitido un escrito a este tribunal demandando su puesta en libertad -algo que han solicitado para sí mismos 80 internos- o exigiendo la excarcelación de algún compañero. La iniciativa abarca prácticamente a la totalidad del colectivo que suma 518 presos, según la contabilidad que realiza Etxerat, la asociación de familiares de estos reclusos. Fuera de su listado quedan convictos como los que se encuentran en la cárcel de Nanclares de la Oca, que han pedido perdón a las víctimas y han sido expulsados por ello de la organización armada.
La presentación de estos escritos comenzó en noviembre después de que el EPPK, el colectivo que engloba a los presos de ETA, llegara a un acuerdo para articular un mecanismo con el que romper su tradicional negativa a aceptar beneficios penitenciarios. El sistema que se aceptó es que los reclusos soliciten su puesta en libertad de forma individual, pero respaldados por todo el colectivo. Es la manera de dar a entender que su caso es diferente al de cualquier otro interno y de subrayar que tras su encarcelamiento se esconden motivos de índole político. La solicitud se ciñe, en la mayoría de los casos, a terroristas encarcelados que han cumplido ya las tres cuartas partes de su condena, o que tienen problemas de salud o que se han visto afectados por la ‘doctrina Parot’, que dificulta a los presos con largas condenas la reducción de sus penas por buen comportamiento o estudios. Fuentes penitenciarias citadas por Europa Press ven, no obstante, sospechoso el elevado número de casos en los que se alegan motivos de salud para exigir la puesta en libertad. Consideran que es una evidencia de que existe una campaña orquestada por la propia organización terrorista. En la actualidad, una docena de etarras cumple condena en su domicilio por sufrir una enfermedad grave.
Las cartas han ido llegando por oleadas a la Audiencia Nacional, el órgano que supervisa el cumplimiento de las penas, hasta alcanzare el medio millar en los últimos días. Además de lo que tiene de gesto por parte de la organización terrorista, la iniciativa también tendrá una repercusión en la práctica: obligará a que el juez central de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, se pronuncie en las próximas semanas.
Desde el pasado mes de noviembre los responsables de Instituciones Penitenciarias han insistido en que la obtención de beneficios para recortar el cumplimiento de las penas no se basa sólo en que el interno interesado lo pida. Subrayan que en cada prisión existe un equipo de tratamiento que analiza el comportamiento de cada recluso y determina si el interno está dando pasos hacia su rehabilitación. Según esas fuentes, el que ahora se estén presentando cartas de manera conjunta pondría de manifiesto que los presos se mantienen bajo el control de ETA y siguen sus directrices, sin dar muestras de arrepentimiento. Los escritos, de hecho, no contienen ninguna solicitud de perdón a las víctimas ni se reconoce el daño causado.
Disolución y desarme
La necesidad de que los presos asuman el error que cometieron durante su etapa delictiva es una de las condiciones que el Gobierno de Mariano Rajoy exige a los reclusos que quieran ver modificada su actual situación penitenciaria. El Ejecutivo del PP ha dejado claro en sus primeras comparecencias públicas tal y como adelantó este periódico que no realizará ningún cambio en la política penitenciaria hasta que ETA dé muestras de que inicia su disolución y avanza en su desarme.
El Gabinete popular entiende que alterar ahora mismo el sistema puede ser contraproducente porque la organización terrorista sigue activa y, aunque parece muy remoto, no está descartado que en algún momento pudiera replantearse su regreso a las armas. En este sentido, el Gobierno dice no sentirse presionado por movilizaciones como la que el pasado sábado recorrió las calles de Bilbao, la más multitudinaria de todas las celebradas por los presos. Echan mano, en este sentido, de las encuestas del CIS que sostienen que más del 60% de los españoles que residen fuera de Euskadi no se creen el cese definitivo de ETA.
EL CORREO, 11/1/12