Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 25/1/12
La presencia de Garzón en el banquillo del Supremo por segunda vez reabre momentáneamente el debate sobre la Guerra Civil y sus crímenes. Es el mismo que se planteó con la aprobación en el 2007 de la ley de la memoria histórica. El asunto de mayor calado fue y es la recuperación de los restos de los fusilados durante la guerra o el franquismo que siguen en fosas comunes.
Los familiares siguen reclamando la localización de los restos para darles una sepultura digna. En muchos casos quienes claman son hijos de los asesinados que se saben en la etapa final de su vida y quieren cumplir ese deseo antes de morir. El antropólogo forense Javier Ortiz Lejarza, que durante una década ha trabajado en la apertura de fosas de fusilados, explica con precisión el sentimiento de los allegados de las víctimas: «Saber qué ocurrió después de tantos años con preguntas y sin respuestas, recuperar los restos de su ser querido es motivo de alivio, porque necesitan saber qué pasó, qué ocurrió, cómo fue la muerte de su ser, y necesitan saber la verdad, porque una persona que tenga un desaparecido no lo olvidará jamás hasta que este sea encontrado e inhumado dignamente».
La prioridad de los poderes públicos debería ser satisfacer a esos familiares, y ahí es donde la actuación de las administraciones ha dejado mucho que desear. Durante mucho tiempo, las exhumaciones han corrido a cargo de voluntarios, a veces cualificados cuando las dirigen profesionales competentes, otras no tanto. El Gobierno ha dejado hacer. Los enfrentamientos partidarios a cuenta del pasado han primado sobre la ayuda a las familias que siguen esperando. Hasta septiembre, es decir, cuatro años después de la ley, no se aprobó un protocolo oficial para regular las exhumaciones.
Se profesionalizan los procedimientos para abrir las fosas en presencia de historiadores, antropólogos, forenses, institutos de medicina legal o universidades. Un paso importante que llega con muchos años de retraso. Ahora lo que hace falta es que se aplique de manera efectiva, se acelere la recuperación de los restos y se entreguen a sus familias para que puedan, al fin, cerrar el duelo.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 25/1/12